El Gobierno aprobará el gasto público más bajo desde 2007, equivalente al 40,9% del PIB

El PSOE de la oposición criticó al exministro de Hacienda Cristóbal Montoro por “trilerismo fiscal” con sus cuentas públicas de 2018. El ministro presumía del incremento del gasto público que incorporaban los Presupuestos y el responsable de Hacienda del Grupo Socialista, Pedro Saura, criticaba que había “vuelto a las trampas”, ya que “las comparaciones internacionales se hacen en términos de PIB”. Y, claro, el gasto público como porcentaje del PIB no subía en la misma proporción.

Ahora que Pedro Sánchez está en el Gobierno, prefiere utilizar los números absolutos de Montoro que hacer la comparativa con el PIB. No es extraño, ya que el Ejecutivo ha enviado a la Comisión Europea el Plan Presupuestario con menor gasto público desde el año 2007, hace más de una década. Según sus estimaciones, el gasto de las administraciones caerá el próximo año hasta el 40,9% del PIB, tres décimas menos que el último Presupuesto de Montoro.

De hecho, es la primera vez desde el año 2007 que el peso del gasto público sobre el PIB va a ser inferior al 41% del PIB. Esto no significa que el gasto público se vaya a reducir el próximo año, al contrario, crecerá un 3,1%. El problema es que la economía crecerá mucho más rápido, un 3,9%, según las estimaciones del ministerio. Como consecuencia, el peso del gasto sobre el PIB seguirá la senda descendente de los últimos años que tanto criticó el PSOE en la oposición.

El Gobierno consolida así el modelo de país que tenía antes del estallido de la crisis, con un Estado pequeño en comparación con el tamaño de la economía. Entre los años 2000 y 2007, el tamaño del Estado osciló entre el 38 y el 39% del PIB; ahora, con el país cerca de su equilibrio estructural, el peso de las administraciones es inferior al 41% del PIB.

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El Ejecutivo se ha visto obligado a "aumentar el gasto de manera controlada", explicó el lunes la ministra de Economía, Nadia Calviño. La alternativa era aprobar una subida mayor de los impuestos para permitir un mayor gasto público, pero el Ejecutivo ha optado por evitar el incremento de la presión fiscal sobre las familias. Como consecuencia, los recursos para elevar el gasto público serán limitados y no evitarán esta caída del peso de las administraciones sobre el PIB.

El ajuste se centra en tres partidas. La primera son los servicios públicos generales, que caerán del 5,5% del PIB al 5,4%; el presupuesto de asuntos económicos se reuce en dos décimas hasta el 3,7% del PIB y el gasto en orden público y sanidad, que caerá en una décima hasta el 1,8%. Por el contrario, la única partida que sube es la de protección social, con dos décimas más de gasto hasta el 16,8% principalmente por el incremento del gasto en pensiones. Además, faltan dos décimas más de ajuste que el Gobierno no ha detallado en el Plan Presupuestario.

Más lejos de Europa

El Gobierno tiene dos premisas claras de cara a la elaboración de los Presupuestos de 2019: subir los impuestos sin afectar a la clase media y reducir el déficit estructural. Esto obliga a realizar una subida limitada de los impuestos (que finalmente sí afectarán a las clases medias por la fiscalidad al diésel) y a controlar el incremento del gasto público. El resultado es que el cambio normativo en impuestos y gastos será limitado, de modo que el peso de ambas partidas sobre el PIB quedará a merced del ciclo económico, como ocurrió en los últimos años (salvo en 2018).

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Javier G. Jorrín

En el caso de los gastos, la expansión económica permite reducir algunos gastos, como el desempleo o la factura de intereses, lo que contribuye a que caiga el peso del Estado sobre el PIB. Por el contrario, en el caso de la recaudación, esta se ve acelerada gracias a la mayor actividad y a la inflación. De hecho, el Gobierno prevé que los ingresos públicos aumenten en nada menos que 26.400 millones de euros, de los cuales más de dos tercios se deberán al ciclo económico.

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Con esta caída del gasto público, España se aleja más de Europa, donde el peso del gasto público sobre el PIB supera el 45%. Además, España se consolida como uno de los países europeos donde el Estado tiene menor peso sobre la economía.