El pacto incorpora medidas inasumibles

Los cinco 'gatillazos' del acuerdo Sánchez-Iglesias en materia fiscal

El acuerdo de gobierno entre el PSOE y Unidos Podemos incorpora algunos imposibles. La competencia en patrimonio depende de las CCAA y la lista de paraísos fiscales, de Bruselas

Foto: El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez (i), y el secretario general de Podemos, Pablo Iglesias, firman el acuerdo sobre el proyecto de Ley de Presupuestos para 2019. (EFE)
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez (i), y el secretario general de Podemos, Pablo Iglesias, firman el acuerdo sobre el proyecto de Ley de Presupuestos para 2019. (EFE)

Lo dice, sin matiz alguno, el artículo 31 de la ley que regula el actual modelo de financiación autonómica: se cede a las comunidades autónomas “el rendimiento del impuesto sobre el patrimonio producido en su territorio”. No solo eso. La norma deja bien claro (artículo 47) que lo que se cede es, ni más ni menos, que el mínimo exento, el tipo de gravamen y las deducciones y bonificaciones de la cuota. Es decir, que son los parlamentos regionales los que tienen la última palabra sobre el tipo impositivo que grava la riqueza.

Los cinco 'gatillazos' del acuerdo Sánchez-Iglesias en materia fiscal

Pues bien, el pacto entre el Gobierno y Unidos Podemos obvia la falta de competencias del Ejecutivo sobre esta materia. Y, por el contrario, ambos se comprometen a “incrementar el 1% en el impuesto de patrimonio a las fortunas de más de 10 millones de euros”. La Agencia Tributaria no ofrece datos desagregados sobre cuántas personas estarían en esta situación, pero en la última 'Memoria tributaria' se ofrece una aproximación.

En 2016, apenas 6.672 contribuyentes declararon en su liquidación ante Hacienda un patrimonio superior a los seis millones de euros. Es decir, que, en todo caso, y siempre que la Administración central tuviera competencias, serían unos pocos miles de contribuyentes los que ayudarían a "financiar correctamente" el Estado de bienestar, como proclama el acuerdo. La recaudación, de hecho, asciende a poco más de 1.250 millones de euros, lo que da idea de su escaso impacto en términos de ingresos públicos.

Como se sabe, la mayoría de las comunidades autónomas, entre ellas Madrid, ha desactivado la eficacia de este tributo bonificando al 100% la cuota correspondiente. Y dado que la ley establece que las deducciones y bonificaciones autonómicas “se aplicarán con posterioridad a las reguladas por la normativa del Estado”, no hay ninguna posibilidad de aplicar la subida pactada entre Sánchez e Iglesias. Lógicamente, salvo que cambiara la norma, lo cual es extremadamente complejo debido a que la ley que lo regula tiene carácter de orgánica, lo que exige mayoría absoluta.

Eso quiere decir que el incremento pactado es papel mojado, lo que hará que el impuesto sobre el patrimonio siga siendo un tributo residual en el panorama impositivo español. Algo parecido sucede en el caso de la prohibición legal de las amnistías fiscales que incorpora el acuerdo, y que, en la práctica, no son posibles tras la sentencia del Tribunal Constitucional que desmontó la aprobada en su día por el anterior Gobierno.

Paraísos fiscales

La política de gestos en materia fiscal no acaba ahí. El acuerdo obliga al Gobierno a ampliar la lista de paraísos fiscales. En concreto, hay un compromiso de endurecer la normativa para todos aquellos países “que no mantienen unos estándares fiscales mínimos”, que pasarán a formar parte de la “lista española de paraísos fiscales”. Ocurre, sin embargo, que esta ya es una competencia de la Unión Europea, que en enero de este año decidió actualizar su lista. Salieron ocho países y permanecieron nueve como no colaboradores en política tributaria. Por lo tanto, poco más puede hacer el Gobierno, más allá de influir en Bruselas.

No es menos singular una propuesta que aparece al final de acuerdo en materia fiscal, y que es un homenaje a la oscuridad. El antepenúltimo párrafo sugiere realizar un estudio sobre el “impacto de una modificación del umbral cuantitativo de punibilidad de la defraudación a la Hacienda estatal, autonómica, foral y local en 50.000 euros”. Se supone que cualquier defraudación, por pequeña que sea, está ya penalizada. Y, de hecho, el Código Penal (artículo 305) establece ya que si la cuantía defraudada no superase los 50.000 euros, pero excediere de 4.000, “se impondrá una pena de prisión de tres meses a un año o multa del tanto al triplo de la citada cuantía”.

El documento pactado, en todo caso, incorpora una novedosa técnica tributaria, la de la anticipación a los acontecimientos, lo cual es singular en materia fiscal. Hasta el punto de que el propio Gobierno se da un año para estudiar “si es posible” poner un impuesto a la banca, como se sabe, una de las medidas estrella de Pedro Sánchez en la oposición. El texto dice, textualmente, que, "concluido el ejercicio fiscal 2019, se estudiarán los rendimientos de las nuevas medidas fiscales" al objeto de valorar el impulso del llamado 'impuesto a la banca'. Todo un ejercicio de anticipación impositiva a un año vista.

Economía

El redactor recomienda

Escribe un comentario... Respondiendo al comentario #1
21 comentarios
Por FechaMejor Valorados
Mostrar más comentarios