España se mantiene en el 'top 5' de los países que más gravan la riqueza

¿Pagan impuestos los muy ricos por su patrimonio? La creencia general es que no, pero la realidad es muy distinta. España se mantiene entre los cinco países de la OCDE (36 miembros) que más gravan la riqueza.

Lo dice el último informe de CESifo, uno de los centros de investigación económica más influyentes de Europa, que en su último estudio anual recuerda que Suiza —el territorio de los grandes patrimonios— continúa siendo el país que más grava la riqueza. En concreto, la tributación representa el 3,62% del total de ingresos públicos, por encima del 2% de Luxemburgo; el 1,01% de Noruega; el 0,52% de Francia, y el 0,32% de España.

Los ingresos se refieren al impuesto sobre el patrimonio, cada vez más irrelevante en términos tributarios. De hecho, como sostiene el estudio, la tendencia mundial actual se inclina hacia la abolición de los impuestos netos a la riqueza. Mientras que hace 15 años, 10 de las 26 economías de la OCDE (entonces el número de miembros era menor) tenían incorporadas en su legislación tributaria impuestos netos sobre la riqueza, hoy solo tres los mantienen vivos: Suiza, Noruega y España.

Tanto en Suiza como en España, sin embargo, y al tratarse de territorios ampliamente descentralizados, las regiones o los cantones disponen de la facultad de mover hacia arriba o hacia abajo sus tipos impositivos. Y España, en este sentido, destaca como el país que aplica las exenciones más altas a la hora de tributar. En algunas regiones como Madrid, incluso la bonificación es total.

España, en todo caso, se ha alejado de los países de su entorno, en particular Francia, que a principios de este año suprimió parcialmente el impuesto sobre el patrimonio para limitarlo a la riqueza inmobiliaria. Italia, por su parte, carece de impuesto sobre el patrimonio, pero grava la posesión de activos financieros (0,2%). Alemania abolió su impuesto neto sobre el patrimonio en 1997 después de que fuera considerado inconstitucional por el alto tribunal de Karlsruhe un par de años antes.

Transmisión de riqueza

¿Quiere decir esto que los países han dejado de gravar la riqueza? En absoluto. Lo que se está produciendo es un cambio de figuras tributarias. Como recuerda el estudio, el impuesto de sucesiones, que grava la transmisión de riqueza, sigue plenamente operativo en la mayoría de los países de la OCDE. En concreto, 16 de los 26 países de la OCDE gravan fiscalmente las herencias, mientras que 10 no lo hacen: Australia, Austria, Canadá, República Checa, Nueva Zelanda, Noruega, Portugal, Suecia, Ucrania y EEUU.

Su impacto en términos de recaudación, en todo caso, es muy limitado. Mientras que los ingresos fiscales totales como porcentaje del PIB oscilan entre el 26% en EEUU y un 45,9% en Dinamarca, el impuesto que grava las sucesiones y las donaciones representa un máximo del 0,7% del PIB en Bélgica, por encima del 0,2% de España. En promedio, entre los países de la OCDE, estos impuestos suponen el 0,1% del PIB.

La abolición más reciente del impuesto sobre las herencias se llevó a cabo en Noruega en 2014, cuando los argumentos sobre la equidad con respecto de las personas de clase media dominaron el debate sobre la abolición. El principal argumento era que el impuesto a la herencia impedía la transferencia de empresas familiares a la próxima generación debido a la carga resultante de liquidez que debe estar disponible para pagar los impuestos.

Lo que se está produciendo es un cambio de figuras tributarias. El impuesto de sucesiones sigue operativo en la mayoría de los países de la OCDE

Igualmente, la gestión del régimen fiscal a las herencias se consideró que tenía unos elevados costes administrativos. En Suecia, de la misma forma, el partido socialdemócrata liquidó el impuesto con el argumento de que perjudicaba, fundamentalmente, a las clases medias. Teniendo en cuenta, además, su baja recaudación, por lo que los costes de gestión eran elevados.

Igualdad de oportunidades

El debate sobre la imposición de la riqueza, en todo caso, ha cobrado en los últimos años actualidad debido al ensanchamiento de la desigualdad y a la crisis, que ha golpeado con especial virulencia a las rentas bajas. De ahí que desde muchos sectores se reclame un sistema fiscal que grave la riqueza como un instrumento para favorecer tanto la igualdad económica como la igualdad de oportunidades.

Pues bien, un reciente estudio publicado en la revista de Esade por el profesor Alain Cuenca, director del Instituto de Estudios Fiscales, recuerda que en España la imposición total sobre la riqueza (incluyendo todas las figuras impositivas) representa el 2,6% del PIB, algo por encima del 2,2% que registra la UE-15. Esta diferencia contrasta con el hecho de que en España la presión fiscal global se sitúa 5,3 puntos por debajo de la media europea, lo que da a entender que el régimen fiscal para los patrimonios es más exigente.

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La causa de esta diferencia tiene que ver con el impuesto de bienes inmuebles (IBI), que, como se sabe, grava la propiedad de la vivienda. Según Cuenca, más de la mitad de los ingresos públicos que se obtenían de la riqueza procedían del IBI en 2015. Y es que nada menos que el 17,6% del patrimonio total declarado proviene de bienes inmuebles.

Si la comparación se hace sobre la imposición total de la riqueza, el resultado es más elocuente. De cada 100 euros que obtiene Hacienda, 52 proceden del IBI; 21 del impuesto de transmisiones patrimoniales; 11 del impuesto de sucesiones; cinco del impuesto del patrimonio, y 11 euros del impuesto que grava las plusvalías municipales.