España se la juega ante Bruselas con un Presupuesto que apuesta por el gasto

No es la primera vez que un Gobierno de España presenta un Presupuesto que es más una declaración de intenciones que un presupuesto. Sucedió en 2015, cuando el Ejecutivo entonces liderado por Mariano Rajoy decidió bajar impuestos y confiar la reducción del déficit a un crecimiento que, pese a llegar al 3,2%, no bastó. España no cumplió y Bruselas le puso una multa que, gracias a las peripecias diplomáticas de Luis de Guindos, eludió pagar.

Aquellos Presupuestos fueron diseñados teniendo más presentes las elecciones que los compromisos asumidos con la Unión Europea en materia fiscal. Ahora el Gobierno de Pedro Sánchez se ha marcado como objetivo prioritario cumplir con los compromisos. Pero la dificultad para el Ministerio de Hacienda es doble: tiene que cuadrar las cuentas y, además, contentar a Unidos Podemos en sus exigencias de gasto.

La tentación para el Gobierno de turno es siempre la misma: inflar las previsiones de ingresos para cuadrar las cuentas. Los números presentados el jueves en el Consejo de Ministros apuntan en esa dirección. El Ejecutivo confía en elevar la recaudación en 5.789 millones de euros con la subida de impuestos, una cifra que parece muy ambiciosa si se tienen en cuenta las medidas propuestas.

La Comisión Europea y la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) vigilarán sus previsiones de cerca con el objetivo de evitar la mala praxis presupuestaria que tradicionalmente han tenido los gobiernos españoles. Bruselas no puede ser complaciente con España al mismo tiempo que aprieta a Italia, por lo que el foco estará fijo sobre el Plan Presupuestario que presentará el Ejecutivo el próximo lunes.

Gasolina al fuego italiano

España se la está jugando. No solo por seguir relajando sus esfuerzos para sanear sus cuentas ahora que el déficit ha bajado del 3% cuando aún acumula una deuda cercana al 100% de su PIB. La coyuntura política no acompaña en la Unión Europea. El Gobierno italiano, comandado por los populistas Matteo Salvini y Luigi Di Maio, mantienen un tenso pulso con Bruselas por su pretensión de pasar del ahorro a un incremento del gasto (y déficit) público en los próximos tres años.

Mientras el Gobierno desvelaba las líneas maestras del Presupuesto, la Comisión Europea —institución encargada de velar por que los países cumplan con la disciplina fiscal— volvía a pedir a Roma que asuma sus “responsabilidades”. Pero Salvini y Di Maio, enrocados en una dura retórica antieuropea, se agarran al precedente de España (y Portugal, que también recibió una 'multa cero' por incumplir sus compromisos), así como a los intentos de Francia y Grecia para relajar también sus obligaciones.

Bruselas lo tendrá difícil para justificar abrir la mano con unos socios y no con Italia. Incluso aunque encontrara argumentos económicos para ello —las situaciones no son comparables—, sería como echar gasolina al fuego euroescéptico que ya ha prendido en la tercera economía del euro.

¿Más déficit?

¿Elevará el Gobierno sus previsiones de déficit público justo ahora? La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, no ha querido despejar la incógnita. Ha dejado en manos de su colega Nadia Calviño, responsable de Economía, presentar el lunes la decisión del Ejecutivo de mantener el objetivo del 1,3% del PIB o de anunciar que lo eleva, como en un principio quería el PSOE, cambiando así la senda fiscal sellada durante la era Rajoy.

Calviño presentará también el cuadro macroeconómico revisado, que recogerá las nuevas expectativas del Gobierno, no solo de déficit público sino también de crecimiento. En los últimos años, el Ejecutivo del PP decidió fiar a esa carta su relajación de la disciplina fiscal, pero el ciclo económico acompañaba, mientras que ahora los signos apuntan a una desaceleración. Pero incluso si la expansión compensara el mayor gasto público al propiciar mayores ingresos, la Unión Europea espera de España que siga esforzándose para reducir su deuda.

La cuadratura del círculo

El mensaje político de los Presupuestos es claro. Aumento de las prestaciones por hijo. Aumento de las bajas de paternidad. Aumento en un 38% en el presupuesto de Vivienda. Aumento de gasto. En paralelo, subidas de ciertos impuestos. Hacienda asegura que los números cuadran: ingresos adicionales de 5.678 millones de euros frente a un gasto de 2.082 millones, sin tener en cuenta el impacto sobre las cuentas de la Seguridad Social (aumento de las pensiones o de la prestación por paternidad). Podemos ha hablado de 7.000 millones de ingresos contra 5.000 de gasto.

Lo que no está tan claro es que salgan las cuentas. “Lo difícil es cuadrar una mayoría [que respalde el Presupuesto en el Congreso] y también los objetivos de déficit que marca Bruselas”, ha advertido Toni Roldán, portavoz económico de Ciudadanos en el Congreso. El PP de Pablo Casado incluso ha invocado la posibilidad de que Bruselas “tumbe los Presupuestos”. Un riesgo que asume el Gobierno en un momento en que la Comisión Europea se encuentra enfrentada con Italia precisamente por la decisión de Roma de abrir el grifo del gasto.

Esfuerzo para bajar la deuda

Bruselas no solo exige a España, y al resto de países que tienen pendiente sanear sus cuentas, que cumpla con el tope del 3% del déficit —cosa que se espera que el país logre al fin este año—, sino también que su deuda pública no supere el 60% del PIB. Con el actual 98%, España debe seguir cuidando sus cuentas para lograr reducirla paulatinamente. Por ello, preocupa que el país haya dejado de apostar por los ajustes estructurales y lo fíe todo a la buena marcha del ciclo económico. España es el país europeo con mayor déficit público estructural, que ha subido en los dos últimos años. Por eso Bruselas exige un ajuste estructural —del 0,65% en 2019— que todavía está por ver en qué se concreta.

Lo que está claro es que el Gobierno modificará el techo de gasto que presentó el pasado mes de julio junto a la senda de estabilidad que fue rechazada en el Congreso. Así lo confirmó Montero al finalizar el Consejo de Ministros.

Guiños a Bruselas

El pacto presupuestario del PSOE y Podemos también incluye dos guiños a Bruselas. Uno: el Gobierno no derogará la reforma laboral que introdujo Mariano Rajoy en 2012, lo que hubiera dado pie a que Bruselas temiera una reversión en las medidas de ajuste en su conjunto. Dos: las pensiones subirán conforme al índice de precios de consumo (IPC) este año y el siguiente, pero no se fijarán a la evolución de este medidor por ley, como se llegó a especular.