Hacienda elevará la presión fiscal sobre las empresas en más de 5.500 millones en 2019

El Gobierno lo había anunciado en diversas ocasiones: su intención era crear una fiscalidad más progresiva en que las empresas, especialmente las grandes, elevaran su contribución al Estado de bienestar. Finalmente, exigirán un esfuerzo superior a los 5.500 millones, que recaerá en gran medida sobre las firmas de mayor tamaño. Esto significa que serán los grupos quienes financien el incremento estructural del gasto destinado a políticas sociales y el ajuste estructural del déficit del 0,4% del PIB.

Este incremento de la presión fiscal a las empresas se divide en impuestos directos a través de sociedades, la creación de nuevas figuras (tasa Google y tasa Tobin) y sobre las cotizaciones a la Seguridad Social. En total, superará los 5.500 millones de euros, lo que supone en torno al 25% de la recaudación del impuesto sobre sociedades. Números que parten desde la base de que las estimaciones del Ministerio de Hacienda son correctas, algo que la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) se encargará de determinar. La CEOE ya ha afirmado que es "improbable que se cumpla el incremento de recaudación" que estima, ya que las previsiones están infladas.

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La subida del salario mínimo interprofesional (SMI) a 900 euros en 14 pagas supone elevar la base mínima de cotización hasta 1.050,1 euros al mes, un incremento del 22,3%. Esta subida generará pingües beneficios a la Seguridad Social. Este incremento del salario mínimo beneficiará a más de un millón de asalariados, lo que permitirá elevar sus ganancias y también su aportación a la Seguridad Social.

El Plan Presupuestario valora en 1.500 millones de euros el incremento de la recaudación que conseguirá la Seguridad Social gracias a la subida del SMI y, por extensión, de las bases de cotización. La mayor parte de esta partida caerá sobre las empresas, ya que pagan el 83,4% de las cuotas del régimen común, lo que traducido en euros será casi 1.250 millones. El resto correrá a cargo de los trabajadores.

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Esta medida afectará especialmente a las empresas menos productivas, ya que son estas quienes contratan a trabajadores pagándoles el salario mínimo. Esto significa que la medida impactará sobre las pymes y los sectores con bajo valor añadido, como es el caso del turismo, el comercio minorista o la construcción.

Más impuestos

El resto de los ingresos sí serán tributarios, esto es, por la vía de los impuestos, tal y como figura en el Plan Presupuestario remitido este lunes a Bruselas. El más importante es el derivado de la reforma del impuesto sobre sociedades, que aportará 1.776 millones de euros a las arcas públicas, según las estimaciones de Hacienda. Esta medida afectará a las grandes empresas con presencia internacional y a los bancos. En el primero de los casos, Hacienda reducirá la exención a los beneficios en el extranjero del 100% al 95%, lo que significa que empezará a gravar los resultados conseguidos en el exterior. En segundo lugar, el ministerio establecerá un tipo mínimo sobre la base imponible del 15%, que se elevará hasta el 18% para los bancos y las petroleras.

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Además, el Gobierno creará dos nuevos tributos que también recaerán sobre las empresas y que completarán los ingresos estimados. De ellos, el impuesto sobre transacciones financieras (popularmente conocido como tasa Tobin) afectará a los grandes bancos. Hacienda estima recaudar 850 millones con esta medida.

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Por otra parte, el impuesto sobre determinados servicios digitales, que gravará la facturación de las operaciones 'online' con una tasa del 3%, recaerá sobre las multinacionales tecnológicas extranjeras. Con esta medida, el Ejecutivo prevé ingresar 1.200 millones, muy por encima de la estimación inicial que había realizado el Ministerio de Hacienda cuando el ministro del ramo era Cristóbal Montoro, que preveía una recaudación de unos 600 millones, esto es, apenas la mitad. Además, las empresas también tendrán que soportar el incremento de la fiscalidad verde, valorada en 670 millones de euros.

El Gobierno opina que esta contribución extra que exigirá a las grandes empresas no solo es justa en términos de esfuerzo fiscal, sino que servirá para mejorar la reputación social de los grandes grupos. El Ejecutivo también espera que las compañías sean responsables y no trasladen este incremento de la recaudación a los precios, al contrario, confía en que lo asuman en sus márgenes de beneficio. También estima que no afectará a la creación de empleo, ya que la incidencia del SMI es limitada y su rentabilidad permite asumir este recorte en las ganancias. De hecho, el Gobierno cree que la subida del SMI puede acelerar la creación de empleo, porque asegura que así ocurrió en el pasado. Unas previsiones que solo el tiempo dirá si se cumplen.