La Mesa bloquea el atajo legal del PSOE que permitía sortear el veto del Senado a los PGE

El PSOE se queda sin su atajo legal, el que le permitía tramitar más rápidamente la reforma de la Ley de Estabilidad que perseguía despojar al Senado de su poder de veto a la senda de déficit. La Mesa del Congreso decidió este lunes, con el apoyo de PP y Ciudadanos, bloquear esa vía. Ambas formaciones suman cinco votos en el órgano rector de la Cámara Baja, por los cuatro que suman socialistas y Unidos Podemos.

Para llegar a esa decisión fueron necesarias más de dos horas de reunión extraordinaria de la Mesa. Dos horas de tira y afloja entre los grupos. Los representantes del PSOE, Micaela Navarro y Juan Luis Gordo, reclamaron a la presidenta del Congreso, la popular Ana Pastor, que demandara un informe a los letrados, para que arrojaran luz, solicitud que compartían los morados. Pero Pastor se aferró a que hay suficiente doctrina jurídica, argumento que compartían los naranjas. El PSOE bramó tras ver fracasada su intentona y consideró "inaceptable, arbitrario e inaudito" el acuerdo de la Mesa, y demandará que se reconsidere. Pero no puede hacer mucho más que patalear, ya que una impugnación ante el Tribunal Constitucional podría tardar años en resolverse.

La enmienda ya parecía sentenciada casi desde hace una semana, porque PP y Ciudadanos tenían claro que no iban a tolerar la triquiñuela que se buscaron los socialistas, utilizada en muchas otras ocasiones anteriores por mayorías de todo color, siguiera adelante. Y su arma era la Mesa del Congreso, que ambos controlan, a la que ambos apelaron y que finalmente torció el pulso al Gobierno y a su presidente, Pedro Sánchez, que ahora se vería abocado, en principio, a presentar unos Presupuestos Generales del Estado para 2019 con la senda de déficit anterior, más restrictiva.

Pastor esgrime que se responde a una situación "inédita" de que se tramiten a la vez dos textos idénticos, lo que creaba "inseguridad jurídica"

El Grupo Socialista registró a última hora del martes pasado una enmienda a una ley que nada tenía que ver, la que persigue aumentar la formación de jueces y fiscales en materia de violencia machista, para forzar la reforma de la Ley de Estabilidad y privar al Senado de esa capacidad de veto que le confirió en 2012 el Ejecutivo del PP a la senda de déficit. Con esa maniobra, el PSOE buscaba aprovechar la tramitación de una norma que ya estaba más avanzada, con la esperanza de que el cambio en la Ley de Estabilidad estuviera listo en apenas dos o tres meses.

TE PUEDE INTERESAR

Sánchez fracasa en su intento de recuperar impulso político y suma otra semana negra

Juanma Romero

Primer pulso ganado... en comisión

El PSOE optó por abrir este segundo canal al comprobar que su plan A naufragaba. Este era la proposición de reforma de la Ley de Estabilidad que firmó con Unidos Podemos, ERC y Compromís a finales de agosto. Esa proposición fue tomada en consideración por el pleno del Congreso el martes pasado, pero tanto PP como Ciudadanos han emitido señales más que de sobra para advertir de que no se tramitaría en lectura única —sin pasar por ponencia y comisión— y de manera urgente —acortando los plazos a la mitad—. Es decir, que como las formaciones conservadoras querían que el procedimiento fuese el ordinario (o sea, más lento, de entorno a medio año), intentaron abrir una alternativa 'a priori' más rápida.

El PSOE activó su plan B (una enmienda colgada de otra ley que no tenía nada que ver) a la vista de que PP y Cs obstaculizaban la reforma urgente de la ley

La argucia de colar una enmienda en otra ley distinta pilló a contrapié al resto de grupos. El Gobierno y el PSOE sentían que tenían las de ganar, porque entendían, y argumentaban, que esa enmienda ya estaba en manos de la Comisión de Justicia del Congreso, en cuya Mesa socialistas y ERC tienen mayoría (suman tres puestos, por los dos del PP). De hecho, el jueves pasado ese órgano decidió admitir a trámite esa aportación.

PP y Cs elevaron la disputa a la Mesa del Congreso, alegando que lo que pretendía el PSOE era un "fraude de ley", puesto que el Tribunal Constitucional se ha pronunciado en contra de las enmiendas que no son congruentes con el texto que se pretende reformar. La lectura del Ejecutivo era opuesta: se ha hecho en anteriores ocasiones y, cuando la enmienda ya está en manos de la comisión competente, no regresa a la Mesa de la Cámara. Al final, el órgano que controlan PP y Cs decidió este lunes sacar la enmienda de la discordia de la ponencia de la Comisión de Justicia.

"Conforme a Derecho"

Pastor, en declaraciones a los medios, relató que la Mesa había decidido por mayoría admitir los recursos elevados por PP y Cs. Prevalecieron dos criterios, indicó. Uno, que la situación era "inédita", pues había en la Cámara dos textos "idénticos" que estaban tramitándose a la vez —la enmienda de la polémica y la proposición de ley—, por lo que se abría la posibilidad de "resultados contradictorios", y ante tal "inseguridad jurídica" la Mesa tenía que actuar. Dos, que el TC concede "plena competencia" al órgano rector para "garantizar la homogeneidad y congruencia de las enmiendas con la iniciativa que se pretende modificar".

"Puedo recibir amenazas, pero a mí no me mueven en el cumplimiento de la legalidad. No sé a otros, pero a mí nunca me moverán", dice la presidenta

La presidenta de la Cámara defendió que había actuado "conforme a la legalidad", "conforme a Derecho". "Puedo recibir amenazas, pero a mí no me mueven en el cumplimiento de la legalidad y de mis obligaciones. No sé a otros, pero a mí nunca me moverán", sentenció, respondiendo a la previsión inicial del PSOE de buscar su reprobación, medida desechada porque no cabe en el reglamento, ya que el Legislativo no se controla a sí mismo, sino al Gobierno, y porque los miembros de la Mesa no son removibles salvo dimisión o sentencia judicial.

¿Por qué no se pidió un informe a los letrados, como querían PSOE y Unidos Podemos? "La Mesa tiene las competencias que tiene según el reglamento", insistió. Y si se quiere cambiar, libres son los grupos para tramitar esa modificación de las normas.

Ahora los socialistas lo tienen bastante más complicado, por no decir imposible, para maniobrar. Su intención era presentar de nuevo la senda de déficit —la que pactaron con Bruselas y que el Congreso tumbó en julio— para, a partir de ahí, registrar los nuevos PGE. Ahora, tienen una vía para conseguirlo cegada. La única libre es que la Mesa acepte que su proposición de ley se tramite en lectura única. Algo casi imposible, porque ya se negaron a principios de septiembre y la previsión es que mañana martes ocurra lo mismo, según fuentes próximas a Pastor.

A vueltas con el reglamento

El artículo 150 de la normativa del Congreso estipula que "cuando la naturaleza del proyecto o proposición de ley tomada en consideración lo aconsejen o su simplicidad de formulación lo permita, el pleno de la Cámara, a propuesta de la Mesa, oída la Junta de Portavoces, podrá acordar que se tramite directamente y en lectura única". Una redacción parecida tiene el artículo 91, el que explica cómo declarar la urgencia de una iniciativa.

Podemos alberga "serias dudas" de legalidad sobre la decisión, y Cs la considera correcta porque se atiene a los antecedentes y la doctrina del TC

Para los socialistas, el acuerdo de la Mesa es "arbitrario", "inaudito" e "inaceptable". Es una decisión, dijo el grupo en una nota, "contraria a la legalidad", y en concreto a una resolución de la Presidencia del Congreso del 23 de septiembre de 1986, que "establece con claridad la competencia de la Mesa de la comisión en la admisión a trámite de las enmiendas a las iniciativas en proceso". "Así ha sido siempre durante los 40 años de parlamentarismo democrático en España, y ese ha sido siempre el criterio mantenido por la Mesa del Congreso, hasta que esta mañana lo han roto PP y Ciudadanos", alegan. Ya la semana pasada recordaban que ese criterio fue el que defendió el PP en 2014 —tras la sentencia del Constitucional de 2011— cuando IU protestó por la inclusión de la enmienda relativa al aforamiento de la familia real.

El PSOE demandará al órgano rector que reconsidere su decisión (aunque con previsible poco éxito) y mantiene su "empeño" por cumplir con la voluntad de la mayoría del pleno del Congreso, que quiere tramitar esa reforma de la Ley de Estabilidad Presupuestaria y que el Senado deje de tener poder de bloqueo de la senda de déficit. El grupo denuncia que, con su comportamiento, los miembros de la Mesa del Congreso de PP y Cs "actúan al servicio de los intereses políticos de sus partidos y en clara vulneración de las normas vigentes". Naranjas y populares se negaron a solicitar un dictamen a los servicios jurídicos, a juicio del PSOE, "ante la posibilidad de que tal informe hubiera sido contrario a los intereses de los dos grupos de la derecha".

Gloria Elizo, vicepresidenta cuarta de la Mesa y representante de Podemos, señaló que su grupo seguirá luchando política y jurídicamente contra una decisión, dijo, con "serias dudas" de legalidad. La alternativa que se abre a las izquierdas es recurrir al TC, con el problema de que este no resolverá hasta pasado un tiempo. Años, probablemente.

Para Nacho Prendes, vicepresidente primero y diputado de Cs, la votación de este lunes es correcta. "La legalidad, los antecedentes y la doctrina del Tribunal Constitucional desde 2011 estaban claras". El parlamentario arguyó que la Ley de Estabilidad se cambiará, pero no por un procedimiento "atropellado", y manifestó que era "inaudito" tramitar simultáneamente una proposición de ley y una enmienda a otra ley que nada tenía con ver con ella, ambas con el mismo fin.