El PSOE lleva al TC el bloqueo de PP y Cs a la reforma exprés de la Ley de Estabilidad

Era el paso esperado. Agotadas todas las posibilidades de recurso dentro del Congreso, el PSOE va al Tribunal Constitucional. Acude en amparo porque siente que sus derechos han sido vulnerados al impedir la Mesa que su proposición de reforma de la Ley de Estabilidad, la que quita al Senado la llave para vetar la senda de déficit, se tramite de forma rápida. Urgente.

Los socialistas anunciaron este viernes que llevarán ante el TC el rechazo de la Mesa a trasladar al pleno del Congreso la decisión de tramitar en lectura única —esto es, sin pasar por ponencia y comisión— la proposición de ley que firmaron a finales de agosto con Unidos Podemos, ERC y Compromís. El PSOE da el paso después de que hoy viernes la Mesa, con la mayoría de PP y Cs, se negara en redondo a asumir el escrito de reconsideración que presentó el grupo que sostiene al Ejecutivo de Pedro Sánchez para que la reforma de la Ley Orgánica de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera (LOEPSF) se tramitara de forma mucho más rápida.

El PSOE perdía así definitivamente una batalla que parecía abocada al fracaso desde el principio. Registró en agosto la propuesta de modificación de la ley para borrar una anomalía parlamentaria, la que introdujo el Gobierno del PP en 2012 cuando redactó la Ley de Estabilidad: Cristóbal Montoro puso a las dos Cámaras en pie de igualdad en el trámite de aprobación de la senda del déficit. Los objetivos han de pasar por Congreso y Senado, y si esta, la Cámara Alta —en la que los populares suelen partir con ventaja y en la que disfrutan ahora de una confortable mayoría absoluta—, los frena, entonces son devueltos al Ejecutivo. No retornan al Congreso, como pasa con todas las leyes. Los socialistas siempre han defendido que la Cámara Baja, tal como indica la Constitución, tiene prelación sobre el Senado. Pesa más.

La modificación de la ley se conducirá finalmente por el procedimiento ordinario, que puede tardar cuatro o cinco meses. Demasiado para el Ejecutivo

El Ejecutivo de Sánchez necesitaba tramitar esa reforma de la Ley de Estabilidad —en concreto, su artículo 15— de forma rápida para poder llevar a las Cortes la senda de déficit autorizada por Bruselas, y que da un margen de gasto de 6.000 millones extra (unos 1.200 más para el Estado, 2.400 para las comunidades autónomas y otros 2.400 para la Seguridad Social). Esos objetivos de déficit, una vez aprobados, abrirían la puerta de la presentación de los Presupuestos Generales del Estado (PGE) de 2019. Ahora esos planes cambian. Hacienda tendrá que llevar al Congreso sus cuentas para el año próximo con la senda anterior, más restrictiva.

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"Queremos conseguir más oportunidades de crecimiento económico con esa ampliación del gasto del 0,5% del déficit público, pero si al final nos vemos obligados a presentar un borrador de Presupuestos Generales con esos límites anteriores, así lo haremos", dijo Pedro Sánchez en el Foro Reuters en Nueva York este jueves.

La Mesa, también con los votos de PP y Cs, tumbó el plan B de los socialistas para reformar la Ley de Estabilidad: añadir una enmienda a otra norma

El Gobierno ya se resignaba desde principios de esta semana a redactar unos PGE con la senda anterior. El lunes, la Mesa, con la mayoría de PP y Cs, también bloqueó el atajo legal que habían intentado los socialistas: una enmienda con el mismo fin (reformar la Ley de Estabilidad) pero colgada de una norma con la tramitación más avanzada, la que persigue mejorar la formación de fiscales y jueces en materia de violencia de género. Cegada esa vía, solo quedaba que fuera posible la tramitación en lectura única de la proposición de reforma de la LOEPSF. Y es la que hoy rechazó la Mesa, por segunda vez.

El martes, la Junta de Portavoces, el órgano político que decide el orden del día de los plenos y en el que están representados todos los grupos parlamentarios en función de su peso, acordó por mayoría que se trasladara al pleno, para su ratificación, el trámite en lectura única de la reforma de la Ley de Estabilidad. Pero quien decide llevarlo al pleno es la Mesa, que se reunió este viernes y, con los votos de PP y Cs, decidió pararlo. Igual que había hecho a comienzos de septiembre. El resultado es que ahora la ley se tramitará por el procedimiento ordinario, que puede llevar cuatro o cinco meses. O más. Todo dependerá de cuánto se alargue el plazo de presentación de enmiendas parciales. Con que dos grupos (PP y Cs de nuevo) lo pidan en la Mesa, hay una prórroga de una semana. Y son muchas las iniciativas que acumulan semanas y semanas de prórrogas.

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Órgano "político"

Los socialistas entienden que la Mesa del Congreso, presidida por la popular Ana Pastor, vuelve a actuar "por razones de oportunidad política", y por eso llevan la decisión al TC. Entienden que la vulneración de los derechos de los parlamentarios "es palmaria", pues el artículo 150 del reglamento del Congreso establece que corresponde al pleno la decisión de tramitar en lectura única una proposición de ley. La Mesa no lo hace, dice el PSOE, "sin motivación alguna" y "desoyendo el criterio de la Junta de Portavoces".

El Gobierno denuncia que populares y naranjas actúan "con una sola voz". Cs se congratula de que opte por el trámite ordinario y no sea un trágala

Lo que dice ese artículo 150 es que "cuando la naturaleza del proyecto o proposición de ley tomada en consideración lo aconsejen o su simplicidad de formulación lo permita, el pleno de la Cámara, a propuesta de la Mesa, oída la Junta de Portavoces, podrá acordar que se tramite directamente y en lectura única". Populares y naranjas insisten en que la decisión de llevar el asunto al pleno es de la Mesa. Puede hacerlo o no. Y en este caso vota que no.

El PSOE, que pide máxima celeridad al TC —aunque los magistrados pueden tardar años en resolver el recurso de amparo—, entiende que la Mesa ha violado la Constitución al impedir que se pronuncie el pleno y resalta que se trata de modificar una ley para que pueda haber 6.000 millones de euros adicionales para revertir los recortes del Ejecutivo anterior. La Mesa, siguen, se ha convertido, por las "maniobras de PP y Cs", en un "órgano político" y no de gobierno del Congreso.

Tras el Consejo de Ministros, criticó con dureza la decisión de la Mesa la portavoz del Ejecutivo, Isabel Celaá. Reprochó a una "minoría" que se dedique a "bloquear el país" y se erija en mayoría del Congreso, pese a no serlo. Insistió en que la decisión del órgano rector de tumbar la enmienda socialista fue "inaudita, inaceptable y arbitraria" y se preguntó por qué PP y Cs no quisieron que se pidiera un informe a los letrados. Ambas formaciones, dijo, actúan "con una sola voz y un único objetivo", impedir que el Gobierno continúe con su "agenda del cambio", y lo que provocan es "un bloqueo a las mejoras sociales" que busca.

Para el vicepresidente primero de la Mesa, Nacho Prendes, de Cs, la lectura única "hurta" los derechos de los diputados y sería un "trágala" a una ley de carácter orgánico y que afecta a las competencias de las dos Cámaras. Fue Prendes el que hizo el cálculo de cuatro o cinco meses hasta que la reforma esté lista. Gloria Elizo, de Unidos Podemos, alegó que se trata de una decisión "al margen de la estricta literalidad de lo que el reglamento dice", informa EFE. No obstante, las dos formaciones de izquierda reclaman que ahora se tramite la ley de la manera más rápida posible. Pero eso ya no está en sus manos.