Eliminar el IVA reducido recaudaría 23.000 millones y beneficiaría a las rentas bajas

El IVA es el impuesto más regresivo que existe, ya que lejos de contribuir a redistribuir la renta, obliga a pagar más a quienes menos ganan. Es lógico que así sea, ya que los hogares pobres destinan toda su renta al consumo, de modo que acaban pagando un porcentaje muy alto sobre sus ingresos. En concreto, abonan un 15,4% de su renta, casi cinco veces más que los hogares con mayores ingresos. Para minimizar este impacto negativo, Hacienda establece tipos reducidos, superreducidos y exentos para determinados bienes y servicios que sirvan para ayudar a los menos favorecidos. El último ejemplo es el de los productos de higiene femenina, que el Gobierno quiere bajar hasta el tipo superreducido, del 4%. En todos estos casos, la propuesta de eliminar los tipos reducidos es un auténtico tabú para los gobiernos, ya sea por presión popular o de los 'lobbys' (por ejemplo, la industria del cine estuvo años luchando para tener el tipo reducido), pero en ningún momento se ha analizado con datos.

Un estudio de Fedea, elaborado por los investigadores Julio López Laborda, Carmen Marín González y Jonge Onrubia, pone las cifras sobre la mesa. Elevar los tipos reducidos tendría una gran capacidad recaudatoria, similar a la de todo el impuesto sobre sociedades, lo que permitiría realizar una labor de redistribución más eficaz. Esto es así porque los tipos reducidos son muy poco eficientes para contrarrestar el efecto regresivo del IVA pero provocan una gran merma de recaudación que se podría emplear de forma más eficaz con otras figuras tributarias o con transferencias directas a los hogares. En definitiva, supondría una vía indirecta de aumentar la recaudación sobre las rentas medias y altas para ayudar a los hogares con menos recursos.

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Javier G. Jorrín

El tipo efectivo sobre el consumo que abona el 1% de los hogares con mayor renta apenas es cuatro décimas superior al del 25% con menor renta. La brecha apenas sube del 13% al 13,4%. Esto hace que la existencia de tipos reducidos para ayudar a los hogares 'pobres' tenga una eficiencia muy baja. Todas las familias consumen productos de primera necesidad, sea cual sea su renta, de modo que benefician casi por igual a las personas, sea cual sea su nivel de renta. Los hogares 'ricos' se benefician especialmente del consumo de tres sectores exentos de IVA: sanidad, educación y finanzas. Una situación similar ocurre con el IVA cultural, ya que este consumo se centra en las capas altas de la sociedad. En definitiva, una ayuda fiscal que está pensada para las familias con menos recursos termina beneficiando a las rentas altas.

El resultado es que prácticamente todos los hogares acaban pagando al tipo general (del 21%) la mitad de todos los bienes y servicios que consumen. Sin excepción. Por el contrario, los hogares con mayor renta realizan un mayor consumo exento de IVA (el 15% del total), mientras que los hogares más pobres se benefician especialmente de los tipos reducido y superreducido. En conjunto, el tipo efectivo que soportan unos y otros termina siendo muy similar, con una diferencia de cuatro décimas, desde el 13% hasta el 13,4%.

Resulta evidente que el efecto redistributivo de los tipos reducidos o exentos del IVA es muy poco eficiente si lo que se pretende es redistribuir la renta. No así si de lo que se trata es de beneficiar a sectores concretos, como es el caso de la cultura o del turismo, que están gravados con el tipo reducido. Si se quiere mejorar la redistribución que realiza el sector público, es óptimo analizar el impuesto para buscar fórmulas más eficaces. La supresión de las distintas ayudas fiscales al IVA permitiría elevar la recaudación en 23.000 millones de euros. Esto es, una cuantía similar a toda la recaudación del impuesto sobre sociedades.

Una cuantía tan elevada de nuevos recursos públicos permitiría realizar grandes políticas de redistribución de la renta. Pero lo que es más importante es que estas medidas serían más eficientes que los tipos reducidos del IVA. El resultado empírico al que llegan los autores es lógico, ya que el incremento de la recaudación recaerá, en mayor medida, en los hogares que más consumen. Sin embargo, la labor de distribución beneficiaría más a los hogares con menores rentas, ya sea con mayores transferencias o con menores impuestos directos. Eso teniendo en cuenta que todo el incremento de la recaudación se reparte entre las familias y no se queda en la Administración.

Los autores estudian un caso concreto: la eliminación del tipo superreducido, del 4%, para pasar estos bienes y servicios hasta el tipo reducido, del 10%. Esta subida provocaría un incremento de la recaudación de 1.757 millones de euros. El 1% de los hogares con mayor renta tendría que pagar 207 euros de media, mientras que el 25% más 'pobre' abonaría 65 euros. Esto significa que las familias pudientes aportarían más, aunque el efecto total sería regresivo sobre la distribución, ya que 207 euros para los 'ricos' apenas suponen el 0,11% de sus ingresos, pero 65 euros para los hogares con menor renta supondrían un 0,82% del total.

Ni el principio de equidad ni el de eficiencia proporcionan argumentos sólidos para justificar los reducidos en el IVA

Pero aunque el impuesto en sí mismo fuese regresivo sobre la distribución de la renta, se compensaría con creces por la vía del gasto o de los impuestos directos. Los investigadores se centran en el impacto que tendría aplicar deducciones en el IRPF cuya suma fuese equivalente a la recaudación extra lograda. Los escenarios van desde una deducción homogénea para todos los hogares a otras centradas solo en los quintiles de menor renta. El resultado es irrefutable: en todos los casos analizados, la redistribución del total de los impuestos sería mejor. Incluso si la deducción fuese igual para todos los hogares, por ejemplo, de 100 euros. En otras palabras, ayudaría a mejorar la equidad de los ingresos. Y eso sin la necesidad de aumentar el tamaño del Estado, ya que la recaudación neta sería de cero euros.

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"Ni el principio de equidad ni el de eficiencia proporcionan argumentos sólidos suficientes que puedan justificar la aplicación de tipos impositivos reducidos en el IVA con la finalidad de abaratar el consumo de determinados bienes y servicios", recuerdan los investigadores en el estudio. "Efectivamente, puede haber alternativas mejores que los tipos reducidos para asegurar determinados objetivos redistributivos", sentencian.

La Comisión Europea y el Fondo Monetario Internacional han solicitado en innumerables ocasiones a España que acabe con todas las ayudas fiscales del IVA que provocan un agujero en la recaudación. No solo eso: al tratarse de un impuesto indirecto, su impacto sobre la actividad económica sería más reducido que si se ejecutase la misma subida sobre un gravamen directo, como puedan ser el IRPF, el impuesto sobre sociedades o las cotizaciones a la Seguridad Social.