La deuda pública superará el 92% del PIB en 2025 si no se limita el gasto en pensiones

El gasto en pensiones se ha convertido en la principal partida del sector público. El envejecimiento de la ciudadanía y el incremento de la pensión media han provocado que casi uno de cada tres euros de los Presupuestos Generales del Estado consolidados se destine a pagar estas prestaciones. Esto significa que cualquier decisión que afecte a las pensiones tendrá un gran impacto en las cuentas públicas. El Ministerio de Economía ha realizado una proyección de la evolución de la deuda pública si se derogan las reformas aplicadas por el Gobierno. La conclusión es preocupante: la deuda pública seguirá por encima del 92% del PIB dentro de ocho años.

Este escenario se elabora sobre la base de políticas fiscales constantes, esto es, sin otros incrementos del gasto público y sin subidas de impuestos. El resultado es que España pasaría todo el ciclo económico expansivo con un ajuste muy lento en su endeudamiento, lo que pondría en serio peligro al país en el caso de una nueva crisis.

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El Ministerio de Economía ha publicado esta estimación en la actualización trimestral de su 'Informe de coyuntura económica'. En este periodo de ocho años incluidos en las proyecciones (2018-2025), la derogación de las medidas aprobadas por el Gobierno en los últimos años tendría un coste acumulado de 1,5 puntos del PIB al final del periodo. Esto significa que el país tendría que financiar un incremento estructural del gasto en pensiones de unos 23.000 millones de euros anuales.

Estos 23.000 millones no reflejan todo el incremento del gasto en pensiones, sino que suponen solo el aumento del gasto que supondría la derogación de las reformas del Gobierno. Con o sin reformas, la nómina de las pensiones seguirá avanzando mes a mes, tanto por el envejecimiento de la población como por el aumento de la pensión media. La diferencia es que sin las reformas de los últimos años, se incrementará mucho más rápido, hasta el punto de suponer una diferencia de 1,5 puntos del PIB.

La derogación de las medidas aprobadas por el Gobierno en los últimos años tendría un coste acumulado de 1,5 puntos del PIB

El gasto en pensiones es acumulativo: cada incremento se convierte en estructural, de modo que forma ya parte de la base del cálculo para el año siguiente. Esto provoca que la brecha entre el gasto sin reformas y con ellas vaya acelerando año a año.

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La consecuencia es que, sin otras reformas, el ritmo de ajuste de la deuda pública sería claramente insuficiente. En estos ocho años (2018-2025) en los que España se encontrará en pleno pico del ciclo económico, apenas podrá reducir su deuda pública en siete puntos de PIB. Y eso sobre la base de que la economía crece siempre más de un 3% en términos nominales.

Una semana clave

Un ajuste tan lento de la deuda pública condenaría a España a seguir siendo un país muy vulnerable durante las próximas décadas. Cualquier incremento en los tipos de interés elevará sensiblemente la factura financiera del país, lo que generará preocupación sobre la sostenibilidad de las cuentas públicas.

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Además, España incumpliría con la senda de ajuste de la deuda pública que exige Bruselas. Los países que han corregido su déficit público por debajo del 3% tienen que reducir su deuda pública al ritmo de dos puntos de PIB anuales (con excepciones, según la fase del ciclo económico), nivel que no alcanzaría España sin cambios de política fiscal. De hecho, España bajaría su deuda pública siete puntos del PIB en ocho años, menos de la mitad del ritmo exigido.

España reduciría la deuda pública en siete puntos del PIB en ocho años, menos de la mitad del ritmo exigido por Bruselas

Esto significa que si se deciden eliminar las reformas del sistema de pensiones del Gobierno, que sirvieron para limitar el crecimiento del gasto, se tendrán que compensar con el incremento de la recaudación o recorte de otros gastos públicos. España es ya uno de los países con un tamaño del sector público más reducido, por lo que sería difícil reducirlo más, lo que significa que hay pocas alternativas a un incremento de la recaudación. Puede realizarse elevando las cotizaciones a la Seguridad Social, o a través de los Presupuestos Generales del Estado con subidas de impuestos.

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El tema las pensiones enfila una semana clave. El miércoles se celebrará el debate sobre el futuro del sistema en el pleno del Congreso de los Diputados, en el que el presidente, Mariano Rajoy, defenderá las reformas aplicadas desde el año 2012. Una parte de su discurso girará en torno a esta estimación del Ministerio de Economía. Las cuentas son las que son y no dan margen a la interpretación. Elevar el gasto en pensiones exigiría un gran esfuerzo para las arcas públicas, lo que obligaría a una subida de la recaudación para evitar que el país entre en una senda de deuda insostenible.