Rubiales, denunciado por alzamiento de bienes tras vender su lujoso ático de Ferraz por 2,5 millones

El pasado 26 de agosto, el Comité de Disciplina Deportiva de la FIFA suspendió por tres meses a Luis Rubiales. Tan solo dos días antes, el organismo le había abierto un expediente disciplinario por su beso no consentido a Jenni Hermoso y sus gestos obscenos durante la celebración del Mundial femenino que ganó la Selección española.

Pues bien, a menos de un mes para que concluya esa suspensión, y a la espera de que el Tribunal Administrativo del Deporte (TAD) decida inhabilitarle tras la denuncia del Consejo Superior de Deportes (CSD), al dimitido presidente de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) se le acumulan las denuncias. La última es la que Gonzalo Azkarate, presidente de la Plataforma 2030 contra la Corrupción y la Criminalidad Organizada en el Fútbol, presentó el pasado lunes 23 de octubre contra él.

Lo hizo ante el Juzgado de Instrucción Decano de Madrid por un presunto delito de alzamiento de bienes, previsto en el Código Penal. Rubiales ya se encuentra incurso en otras denuncias de Azkarate ante el Juzgado de Instrucción 1 de Gijón, abiertas por los supuestos delitos de tráfico de influencias, cohecho y malversación de caudales públicos, si bien, tal y como resulta del auto del 21 de septiembre de 2022, dicho juzgado se inhibió en favor de los juzgados de igual clase de Majadahonda.

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Cabe recordar que el dimitido presidente de la RFEF tiene otras causas penales abiertas. Entre estas, destacan la generada por la denuncia de Jenni Hermoso, en la que ha sido acusado de agresión sexual y coacciones, así como el procedimiento judicial en el que se investigan sus supuestos negocios conjuntos con el exfutbolista del FC Barcelona Gerard Piqué.

Además, hay otras presuntas irregularidades cometidas durante su nefasta gestión de la RFEF, las cuales se instruyen en el Juzgado de Instrucción número 4 de Majadahonda y, según aseguran fuentes del CSD, no han prescrito, por lo que aún podrían ser elevadas al TAD.

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El ático de Ferraz, en el punto de mira

En esta última denuncia, Azkarate considera que "de dichas causas penales, en su caso administrativas, se pueden derivar responsabilidades civiles muy importantes, lo que sin duda conoce Luis Rubiales y conocía en el momento de poner a la venta y finalmente vender el ático del que era propietario en la madrileña calle Ferraz", explica.

"Resulta patente que la venta del mencionado ático pone en riesgo la realización efectiva de las responsabilidades civiles que resulten de los procedimientos penales en curso en los que Rubiales es investigado", añade.

Esta denuncia se une a otras que ya están en el juzgado y que, según fuentes del CSD, no han prescrito y aún podrían ser elevadas al TAD

En la denuncia se recuerda que, según el Código Penal, "el delito que nos ocupa castiga a quien se alce con sus bienes en perjuicio de sus acreedores, a quien, con el mismo fin, realice cualquier acto de disposición patrimonial o generador de obligaciones que dilate, dificulte o impida la eficacia de un embargo o de un procedimiento o de apremio, judicial, extrajudicial o administrativo iniciado o de previsible iniciación".

También se hace referencia a una sentencia del Tribunal Supremo de la que destaca que es frecuente que el defraudador se adelante en conseguir una situación de insolvencia ante la conocida inminencia de que los créditos lleguen a su vencimiento, liquidez o exigibilidad.

Pagó 400.000 euros al contado

Tal y como adelantó Pedro Cifuentes en este diario el 16 de agosto de 2021, Rubiales adquirió por aproximadamente 1.900.000 euros un ático de lujo, de 141 metros cuadrados, con una terraza de 100, piscina privada, dormitorios en formato suite y dos plazas de garaje. Una compra que fue costeada con la ayuda de vivienda de 3.000 euros al mes de la RFEF, donde ya tenía un sueldo nada desdeñable.

De hecho, su salario antes de dimitir estaba en 675.761 euros (371.669,03 netos), una cifra aprobada el 30 de mayo de 2022 por la asamblea general de la RFEF, donde también recibió la confirmación de que podía seguir recibiendo la ayuda para vivienda.

De esta forma, Rubiales multiplicó por 10 sus ingresos en apenas una década, pues en 2011 cobraba 97.237 euros como presidente del sindicato AFE y al llegar en 2018 a la presidencia de la RFEF se estableció un sueldo de 160.000 euros, más un porcentaje del 0,6% de los ingresos por patrocinio, además de diversos complementos y la mencionada ayuda a la vivienda, la cual no le correspondía al vivir en Madrid, tal y como fue denunciado.

Por si fuera poco, en 2019 fue nombrado vicepresidente de la UEFA, cargo por el que cobraba cerca de 250.000 euros anuales. De ahí que en 2020, el año de la pandemia, presentara unos ingresos totales de 955.078 euros.

Volviendo al famoso ático de Ferraz, la titular del Juzgado de Instrucción número 4 de Majadahonda y la Fiscalía Anticorrupción sospechan que el expresidente de la RFEF pudo usar dinero de origen opaco para hacerse con esta propiedad. El importe de la hipoteca ascendió a unos 1,6 millones de euros y los otros 400.000 habrían sido pagados al contado.

Sin embargo, a los pocos días de su dimisión, el inmueble apareció en los portales Idealista y Yaencontre por una cifra de 2.550.000 euros, medio millón por encima de la tasación hipotecaria que figuró en su día en los Supercopa Files y, según algunos medios, la venta se cerró en 2,5 millones.

Un informe que no dejó dudas

Tal y como puede leerse en el informe de la Intervención General de la Administración del Estado (IGAE) adscrita a la Fiscalía Anticorrupción, el entonces presidente de la RFEF no debió recibir dicha ayuda por vivienda, al menos durante un periodo concreto.

"Aunque se sostuviera que el acuerdo de la asamblea general de 26 de octubre de 2020 suprimió el requisito de tener domicilio habitual fuera de la Comunidad de Madrid, al menos desde mediados del año 2019 hasta el 26 de octubre de 2020 [fecha de la asamblea general de 2020], el presidente no tenía derecho a vivienda", dictaminaron los funcionarios de la IGAE.

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La IGAE concluyó que desde el 14 de junio de 2019 el presidente tenía su residencia habitual en Madrid. "Su vivienda habitual de Valencia fue vendida el 13 de junio de 2019, por lo tanto, se tuvo que haber inscrito en el padrón municipal de un municipio de la Comunidad de Madrid, previsiblemente en la capital, puesto que su domicilio habitual estuvo en esta localidad", dice el informe con fecha del 18 de octubre de 2022 al que tuvo acceso este diario.

Es decir, que la denuncia de Azkarate por alzamiento de bienes tiene todo el sentido desde el momento en que Rubiales adquirió el lujoso ático de Ferraz, casualmente enfrente de la sede del PSOE, con el que tanta afinidad tiene a través de su padre y de su "amigo Pedro" (Sánchez), con un dinero de la RFEF que no le correspondía y con el que, de confirmarse su venta por 2,5 millones de euros, incluso habría hecho negocio.