Una denuncia a Rubiales (y compañía) en Asturias pone en jaque el sistema clientelar que lo sostiene

Al igual que la Reconquista, la regeneración del fútbol español, que inexorablemente pasa por la caída de Rubiales, podría iniciarse en Asturias, donde Gonzalo de Azkarate, integrante de la denominada Plataforma 2030, presentó una denuncia contra el presidente de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF), porque, según explica, "tiene la obligación de controlar a las federaciones territoriales de fútbol y ha permitido que un empleado suyo sea presidente de la asturiana para beneficiarse, rompiendo el principio de neutralidad en las elecciones".

En ausencia de un 'alzamiento' de José Manuel Franco, esta presunta irregularidad podría hacer saltar por los aires lo único que sujeta a Rubi, además de la inacción del presidente del Consejo Superior de Deportes (CSD): el sistema clientelar de la asamblea de la RFEF. Mientras las numerosas denuncias tras los Supercopa Files están siendo investigadas por la Fiscalía Anticorrupción y el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 4 de Majadahonda, el secretario de Estado para el Deporte las acumula en un cajón. Sin embargo, a los abogados de Rubiales, con González Cueto a la cabeza, lo que se les acumula es el trabajo, con las consiguienes minutas.

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Así, el pasado 30 de mayo, la Fiscalía de área de Gijón del Tribunal Superior de Justicia del Principado de Asturias presentó una denuncia contra el presidente de la RFEF junto a su vocal y presidente de la federación asturiana (RFFPA), José Ramón Cuetos, además de Ramón Emilio Alonso, José Manuel Suárez, Carlos García Conde y la empresa Alonso López Dit SA, "al presentar los hechos que motivaron estas diligencias de investigación elementos de delito de tráfico de Influencias-cohecho, malversación, tipificados en los artículos 419 a 427 bis, 428 y 429, 445 y 252".

En relación al denunciado Rubiales, se expone que "el presidente de la RFEF cobraba una retribución fija de 160.000 euros anuales y además una retribución variable del 0,60% de los ingresos por patrocinios, con el límite del 0,175%, de los ingresos propios de la RFEF, y a partir de la asamblea general de la RFEF de 26 de octubre de 2020, el límite de la retribución variable se estableció en el 0,150%, pero no únicamente circunscrito a los ingresos por patrocinios como estaba hasta ese momento, sino de todos los ingresos de la RFEF, excluidas las subvenciones".

Y se añade: "Es de destacar que en la mentada asamblea participaron y votaron a favor hasta nueve personas [empleados de la RFEF en algunos casos, entre los que se encuentra otro de los denunciados, Ramón Emilio Alonso, en aquel momento vinculado a la RFFPA y a la RFEF, proveedor de ambas y empleado de la RFEF] en representación de federaciones territoriales, a la que no asistieron como miembros natos los respectivos presidentes, esto es absolutamente ilegal, dado que no podían asistir a la asamblea ni mucho menos votar".

A esto se le suma que, "según normas federativas, no se pueden cobrar comisiones por funciones comprendidas en las obligaciones del cargo que se detenta: artículo 24 del Código Ético de la RFEF, aprobado por unanimidad por la Comisión Delegada de la RFEF el 13 de diciembre de 2019, cuyo tenor literal es el siguiente: 'Las personas sujetas al presente código no aceptarán, entregarán, ofrecerán, prometerán, recibirán, pedirán o solicitarán comisiones, en su beneficio o en el de terceros, por negociar o cerrar acuerdos u otras transacciones en relación con sus funciones, salvo que así esté establecido en un contrato legítimo".

Es por ello que en la citada denuncia, se considera que "la aprobación del cobro de comisiones a favor de Luis Manuel Rubiales Béjar y la percepción por este de comisiones es absolutamente ilícito en la forma y en el fondo, pudiendo constituir ilícito penal", de ahí que se solicite que "se proceda a acordar y practicar las siguientes diligencias", además de requerir a la RFEF "que se certifiquen los emolumentos que por todos los conceptos percibe Rubiales Béjar y ha percibido desde su nombramiento como presidente de tal organismo hasta la fecha, especificando cuáles de dichos emolumentos responden al concepto de comisiones".

Presencia y voto en la asamblea

En la misma denuncia, "se atribuyen a Ramón Emilio Alonso como hechos ilícitos el haber intervenido en la asamblea general de la RFEF de fecha 26 de octubre de 2020, en la que se trató el asunto de las retribuciones del presidente, Luis Manuel Rubianes Béjar, y a la que acudió cuando no podía ir ni intervenir, al no ser presidente de una federación territorial, tal y como establece el artículo 28 de los Estatutos de la RFEF, y lo hizo para beneficiar al indicado presidente con su voto aprobando sus retribuciones".

Según se explica, "a dicha asamblea solo pueden asistir los presidentes en representación de las federaciones territoriales como miembros natos, lo que tiene absoluta lógica, pues de otro modo resultaría que las retribuciones del presidente de la RFEF las estarían aprobando sus empleados o personas con intereses mercantiles dentro de la Federación", ya sea como Ramón Emilio Alonso López por sí mismo o con el nombre comercial Desarrollo e Innovaciones Tecnológicas Alonso López Sistemas Informáticos, con domicilio en Gijón, mientras resulta muy paradójico que "a dicha asamblea no acudieran nueve de los 19 presidentes de federaciones territoriales que hay".

"Cuando se presentó a las elecciones como candidato único, percibía remuneraciones de la RFEF con categoría de director general"

Por su parte, se atribuye a José Ramón Cuetos, actual presidente de la Federación Asturiana de Fútbol (RFFPA), el hecho de que, "cuando se presentó a las elecciones como candidato único, percibía remuneraciones de la RFEF con categoría de director general, por lo que no podía ser candidato ni presidente por igual motivo y, según lo establecido en el artículo 18 de los Estatutos de la RFEF, artículo cambiado con posterioridad a dicho nombramiento, con fecha 22-11-21, para modificar la incompatibilidad del ejercicio de cargos en la RFFPA con la percepción de beneficios de fútbol fuera del ámbito territorial de la misma, y así seguía cobrando en dicha fecha los obtenidos como presidente de Novanet".

A José Manuel Suárez, vicepresidente en la anterior junta directiva de la RFFPA, se le atribuye "dar el visto bueno en todo el proceso electoral conjuntamente con el secretario, Carlos García Conde, y en connivencia con el presidente. Se concluye que en fecha 24 de septiembre de 2021 y en su calidad de vicepresidente de la Comisión Gestora de la RFFPA, solicitó a Ramón Emilio Alonso, vicepresidente económico, información sobre ejercicios contables de los años 2018 a 2021 al valorar la existencia de irregularidades y que no se lo han facilitado".

Según el documento al que ha tenido acceso El Confidencial, "las mencionadas personas son miembros de entidades de derecho público que reciben subvenciones públicas y manejan por ello fondos públicos al nutrirse sus ingresos entre otras fuentes de dichas subvenciones del Estado y Comunidad Autónoma del Principado de Asturias". "El citado Ramón Emilio Alonso López había emitido una factura el día 30 de septiembre de 2020, esto es, escasos veinticinco días antes de la Asamblea General Extraordinaria de la RFEF del 26 de octubre de 2020 en la que se intervino en representación de la RFAF sin poder hacerlo por las razones expuestas, por importe de 4.912,60 euros correspondiente a "alojamiento página web septiembre 2.020" a la RFEF -esto es, supuestamente cobra 58.912,60 euros por un alojamiento web, cantidad que multiplica por más de diez veces el precio de mercado".

Según la denuncia, "los cargos y relaciones de Ramón Emilio Alonso tanto en la RFFPA como en la RFEF resultan diáfanas, insistimos, hacen que el relato fáctico antecedente afecte directamente a la empresa Alonso López DIT SA, formada por sus hermanos y cuyo administrador único es Carlos Alejandro Alonso López, hermano de Ramón Emilio. Esta empresa ha mantenido contratos de suministros informáticos y/o audiovisuales con la RFFPA, coincidentes con los desempeños de Ramón Emilio en la misma y además en la RFEF".

Cuetos y la empresa Novanet

"En cuanto a José Ramón Cuetos, actual presidente de la RFFPA, dado que cuando se presentó a las elecciones como candidato único, percibía remuneraciones de la RFEF como presidente del Comité Nacional de Entrenadores, en nómina y a sueldo de la RFEF, con categoría de director general, por lo que no podía ser candidato; e igualmente tampoco podía ser presidente por la misma razón. En la actualidad sigue figurando como dependiente y a cuenta de la RFEF dado que al tiempo de cesar como presidente del Comité Nacional de Entrenadores fue nombrado presidente de la plataforma de gestión digital de licencias deportivas Novanet, lo que afecta directamente a las federaciones territoriales, comprada por la RFEF".

Y añade: "En paralelo y en un intento de huida hacia adelante o intento fraudulento para regularizar una situación ilegal en la que habían incurrido a sabiendas, se aprobó la modificación del artículo 18 de los Estatutos de la RFFPA mediante la convocatoria de una Asamblea Extraordinaria celebrada el pasado día 22 de noviembre de 2021 para excluir de la incompatibilidad del ejercicio de cargos en la Federación Asturiana la percepción de beneficios del fútbol fuera del ámbito territorial de la misma, y así el Presidente, a la sazón José Ramón Cuetos podría seguir percibiendo emolumentos como presidente de Novanet. A la vez que se deja a otros miembros de la Junta Directiva de la RFFPA en la ilegalidad más manifiesta y flagrante dado que perciben beneficios del futbol asturiano, y que deberán ser objeto de investigación igualmente".

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Dicho todo esto, y tras la denuncia del Ministerio Fiscal, el Juzgado de Instrucción Nº 1 de Gijón, con fecha 21 de junio de 2022, ha incoado diligencias previas por el presunto delito de tráfico de influencias-cohecho contra Rubiales, Cuetos y el resto de personas implicadas en una aparente trama en la que supuestamente actuaron o actúan en connivencia. Tal y como apunta Iusport, la decisión de José Manuel Franco de no dar traslado de las denuncias al Tribunal Administrativo del Deporte (TAD) hace que el reloj de la prescripción corra a favor de quienes hayan podido cometer alguna infracción. Sin embargo, esta denuncia que llega de Asturias, además de no entrarle en el cajón, igual se le atraganta al secretario de Estado, pues pone en jaque el sistema clientelar de la RFEF de su 'protegido' Rubiales.