La 'jaula dorada' de Apple: por qué EEUU demanda a la última joya de su corona

EEUU quiere poner orden en Silicon Valley. En los últimos años, la práctica totalidad de las grandes tecnológicas del país han tenido que desfilar por algún juzgado después de que la administración pública les haya acusado de presentar uno o varios tics monopolísticos. El temor de las autoridades es que estas corporaciones hayan acumulado tanto poder que se hayan convertido en una suerte de agujero negro para la innovación al tener el músculo suficiente para ahogar a cualquiera que intente hacerles sombra.

Desde Microsoft hasta Google, pasando por Amazon o la empresa conocida como Facebook han tenido que defender sus negocios, su modo de actuar o alguna de sus compras.

La única joya de la corona que faltaba por ser señalada era Apple. Pero eso se acabó este jueves, una jornada en la que el Departamento de Justicia y los fiscales federales de 16 estados presentaron una demanda contra la firma de Cupertino, a la que acusan de haber levantado un monopolio cuya viga maestra es el iPhone, el producto más conocido de una compañía que durante mucho fue la más valorada del mundo llegando a superar los tres billones de capitalización.

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"Cada paso en el curso de conducta de Apple construyó y reforzó un foso alrededor de su monopolio de los teléfonos inteligentes", asegura la demanda presentada por el gobierno de EEUU. El Departamento de Justicia afirma que Apple ha usado su control sobre el iPhone para “participar en un tipo de conducta ilegal, de manera amplia y sostenida”. Entre otras cosas, alega que Apple impide el desarrollo exitoso de aplicaciones que permitirían a los consumidores cambiar de manera más fácil de smartphone.

En un comunicado, la empresa de Cupertino ha negado las acusaciones y se ha defendido afirmando que esta demanda "amenaza" lo que son y los principios que distinguen a sus productos en mercados "ferozmente" competitivos: "De prosperar, obstaculizaría nuestra capacidad para crear el tipo de tecnología que la gente espera de Apple, en la que se entrecruzan hardware, software y servicios. También sentaría un peligroso precedente, al facultar al gobierno para intervenir de forma contundente en el diseño de la tecnología de los ciudadanos. Creemos que esta demanda es errónea desde el punto de vista de los hechos y de la ley, y nos defenderemos enérgicamente contra ella”.

En la demanda, el Departamento de Justicia enumera un largo número de puntos sobre los que sostener la demanda. Habla de que Apple, junto a Samsung, acumulan el 70% de las ventas en EEUU, pero menciona muchos aspectos para intentar demostrar que la manzana ha ejecutado un control excesivo.

Entre otros temas, la demanda expone que la compañía lleva años limitando las posibilidad de acceder al juego en la nube, una modalidad que reduce la importancia del hardware; así como las menores posibilidades que tienen los relojes inteligentes de terceras marcas para integrarse y comunicarse con sus teléfonos, algo que pondría al Apple Watch en situación de privilegio.

La demanda apunta a todos lados. Desde la billetera, el NFC o la App Store hasta el Watch, el juego en la nube o CarPlay

En el texto, también hay referencias a las aplicaciones de mensajería, acusando a la compañía de restringir el acceso a SMS a una app que no sea iMessage; o a CarPlay, el sistema para conectar el iPhone a los vehículos. Los promotores de la demanda aseguran que la compañía ejerce demasiado control sobre los fabricantes de coches que quieren integrar este software. Algo que ha sido matizado por varios expertos, que han indicado que los fiscales estadounidenses no han entendido el verdadero alcance de esta solución y que el usuario tiene libertad para no usarlo, usar el propio sistema del vehículo o Android Auto, otra solución muy popular. También critica el acuerdo para que Google sea el motor de búsqueda por defecto, cuando existes, asegura el documento, opciones más privadas.

Básicamente, la descripción que hacen las autoridades es que la compañía intenta bloquear al máximo funciones y herramientas como las superapps al estilo WeChat que podrían facilitar dar el salto a un Android, en caso de que un usuario quisiese hacerlo.

Una bronca más que conocida

Todos estos argumentos no son nuevos. La manzana lleva años en el punto de mira por presuntamente haber convertido sus inventos en lo que en los mentideros especializados se describe como jaula dorada o jardín amurallado.

Un terreno de juego donde ellos dictan las normas y que a ojos de muchos es desigual, ya que la compañía ejerce de juez y parte beneficiando a sus propios productos, ofreciendo precios más competitivos para sus aplicaciones o limitando el acceso a funciones como el NFC o el bluetooth a terceros.

Esta situación no le ha impedido convertirse en la empresa que más móviles coloca en todo el planeta cada año. Un puesto que alcanzó al cierre de 2023 por primera vez en su historia, desbancando a Samsung, que había repetido en lo más alto de la tabla todos los cursos desde la caída en desgracia de Nokia.

Mucho antes de que eso pasara, Apple ya era la empresa con diferencia, que más dinero hacía en la competida industria de los smartphones. Según datos de la consultora CounterPoint, el negocio en torno al iPhone ha llegado a suponer el 80% del beneficio de todo el gremio, una cima que holló en 2018.

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Pero aunque el iPhone sea la piedra sobre la que la manzana ha levantado su imperio, es su división de Servicios la clave para entender por qué EE UU les lleva ante la Justicia.

Apple es el único fabricante, junto a Google, que domina los dos hemisferios de la creación de teléfonos móviles: el hardware y el software. Mientras Samsung, Xiaomi u Oppo, por mencionar algunos, tienen que personalizar Android con capas de personalización, los estadounidenses cuentan con su propio sistema operativo, iOS. Esto les permite hacer las cosas a su manera. A diferencia de lo que venía ocurriendo en otros casos, la única manera de instalar aplicaciones en el iPhone o el iPad era a través de la App Store, que es la tienda oficial que crearon los californianos. Una tienda que era un poderoso reclamo para los desarrolladores, ya que se trata de un escaparate que utilizan millones de usuarios cada día, donde la gran mayoría tienen almacenada su información bancaria y hacer una compra o un micropago es cuestión de unos pocos clics.

Eso sí, la condición que había que aceptar a cambio es que para cobrar la descarga o la suscripción solo se podía utilizar la pasarela de pago de Apple, que pasaba una factura que oscilaba entre el 15 y el 30% del coste de la transacción.

La compañía siempre ha defendido que el control en su ecosistema le ha permitido crear un entorno más seguro para los clientes

Había la opción de negarse, pero eso suponía tener que llevar al usuario a través de otro camino como el navegador web o SMART TV hasta la opción de suscripción, con el añadido de que tenía que volver a meter el número de su tarjeta y hacer todo el proceso. Eso, por ejemplo, es lo que han hecho compañías como Netflix. Pero claro, un estudio pequeño tenía mucho más difícil hacer esto. La compañía ha salido en múltiples ocasiones a la palestra para defender el modelo y el control que ejercía sobre sus dispositivos.

Siempre ha asegurado que comportándose así se había logrado crear un entorno mucho más seguro para los usuarios, reduciendo el riesgo de ser víctima de ataques como el malware o el phishing. Sobre las tasas, el discurso oficial era que realmente estaba en línea con lo que cobran los grandes jugadores de la economía digital, desde Xbox o PlayStation hasta Google pasando por Airbnb, Uber o DoorDash. Los detractores aseguraban, sin embargo, que Apple se aseguraba así que nadie hiciese negocio con sus aplicaciones y que beneficiaba a las suyas propias. Ya en la pasada década, Spotify llamó a las puertas de la Comisión Europea porque entendía que el sistema de comisiones de la App Store les perjudicaba. La plataforma sueca aseguraba que a ellos no les quedaba otra que repercutir las comisiones en la suscripción que cobraban a los clientes, mientras que Apple Music podía ofrecer un coste menor.

Años de investigaciones

Se puede decir que el Departamento de Justicia llega tarde a esta discusión. En 2020, una comisión bipartita escrutó la actividad de los GAFA (Google, Amazon, Facebook y Apple) describiendo estas empresas como “los mayores monopolios desde los tiempos del ferrocarril y el petróleo”. Epic Games, desarrolladores de Fortnite, llevaron a la compañía ante la justicia después de haber sido expulsados de la App Store por haber intentado poner su propia pasarela de pago en el juego, algo terminantemente prohibido en aquel entonces por las normas de la casa.

La sentencia evitó declarar entonces a Apple como un monopolio. Durante el proceso, la firma de Tim Cook argumentó que los clientes eran libres de escoger el terminal que querían y que si no optaban por otras marcas era por fidelidad y satisfacción, entre otras cosas, por la seguridad extra que ofrecían. El juez compró este argumento, aunque abrió la puerta a cambios en el sistema de comisiones.

Pero si hay un lugar en el mundo donde se ha abordado activamente la presunta posición dominante de Apple ha sido a este lado del Atlántico. El pasado año se habló y mucho de cómo la UE había forzado a la compañía a adoptar el puerto USB tipo C en los iPhone 15 y jubilar el Lightning de una vez por todas. Sin embargo, aquello solo era el aperitivo de una serie de choques que iban a mantener ambas partes. El más tenso de todos es la decisión de las autoridades comunitarias de imponer 1.800 millones de multa a Apple como respuesta a las quejas de Spotify. La respuesta de la compañía fue dura para los términos que suele emplear. Aseguró que la Comisión no ha encontrado motivo alguno para justificar esta decisión y que la plataforma de streaming musical lo que persigue, en realidad, "es no pagar nada" a la compañía por disfrutar de las ventajas de su ecosistema, en el que invierte para mejorar y para brindar herramientas a los desarrollados. Recordó que la empresa sueca es "con diferencia" la que mayor cuota de mercado tiene en Europa.

Todavía quedaba el plato fuerte del menú: la Ley de Mercados Digitales, más conocida por las siglas DMA. Esta norma, que entró recientemente en vigor, busca asegurar la competencia en internet y el mundo móvil imponiendo condiciones a los que consideran como guardianes de acceso.

Es la razón por la que Google ya no puede enlazar a Google Maps cuando se hace una consulta en el buscador o la razón por la que millones de usuarios de Android han recibido una notificación para escoger qué motor de búsqueda quieren utilizar. En el caso de Apple se han visto obligados a adoptar un cambio histórico: permitir el sideloading y, por tanto, las tiendas de terceros. La multinacional intentó convencer a Bruselas de que aquello era abrir un butrón en la seguridad de sus dispositivos, pero no atendieron sus razones.

No le quedó entonces otra opción que habilitar este cambio en la última entrega de iOS. Eso sí, lo hicieron a su manera. Tanto las tiendas como las apps de terceros tendrían que pasar una auditoría previa (tanto en la primera instalación como en las actualizaciones) para asegurar que están limpias de amenazas. Además, el proceso estará trufado de avisos cuando no se utilice la pasarela de pago de la compañía.

“La certificación notarial proporcionará un mayor nivel de confianza para las aplicaciones, ya que algunas pueden pretender engañar al usuario desde el principio”, justificaba Gary Davis, Data Protection Officer de la compañía, en una entrevista con El Confidencial hace unos días en París. El directivo, un veterano de Apple, defendía que la privacidad y la seguridad debían ser materias “fáciles” para el usuario y afirmaba que es impredecible saber qué demanda tendrán esas nuevas tiendas y alternativas a la App Store. “Hemos escuchado a usuarios interesados en tener opciones fuera de la App Store, pero no creo que ninguno de nosotros sepa qué porcentaje están interesados. Yo no conozco a ninguno y no siento que una gran oleada de usuarios quieran tener esas opciones”. Davis apunta a que ha sido Europa la que ha considerado necesario crear estas alternativas y que ahora ellos como empresa tienen que alinearlas con la “manera en la que ven el mundo”. “Lo que queremos es que cuando tomen esa decisión lo hagan de manera informada”, añade. “El tiempo dirá cuál es la demanda real de los usuarios de estas alternativas. Ahora no lo sabemos”.

Quién sabe si la DMA acaba siendo un gran experimento que Apple tenga que exportar a su mercado natal si prospera la demanda del Departamento de Justicia. Sea como sea, el resultado final tardará años en llegar.