¿Auditoría de la gestión del covid en UK? Sí, pero para después de las elecciones de 2025

Una investigación pública independiente valorará la gestión de Downing Street de la pandemia en el Reino Unido, el país con más muertos por coronavirus en Europa (son ya más de 127.00). La pesquisa será un análisis forense sobre las decisiones tomadas por el Gobierno de Boris Johnson. Se estudiarán los documentos oficiales, se revisarán desde los correos electrónicos más formales hasta el último WhatsApp y se llamarán a todos los testigos posibles para que justifiquen sus acciones, entre ellos, el propio primer ministro. Eso sí, no empezará hasta la primavera de 2022 y las conclusiones no se conocerán hasta pasadas las próximas elecciones generales.

Desde que entró en vigor la Ley de Investigaciones de 2005, se han llevado a cabo 11 pesquisas de este tipo. Una de las más relevantes fue la de la guerra de Irak. Comenzó en 2009 y concluyó en 2016, cuando Tony Blair llevaba ya nueve años fuera del Número 10. Costó 13 millones de libras al erario público (alrededor de 16 millones de euros). ¿Sirvió de algo? Estas son ahora todas las claves que están en juego.

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Quién, cómo y para qué: El objetivo de una investigación pública independiente es responder a la “preocupación pública” sobre un evento en particular. Debe contestar a tres preguntas: ¿Qué sucedió? ¿Por qué sucedió y quién tiene la culpa? ¿Qué se puede hacer para evitar que vuelva a pasar? Las conclusiones se limitan a realizar recomendaciones al Gobierno. No tienen potestad para presentar cargos criminales. Aunque son independientes, el Ejecutivo es en última instancia quien decide quién estará al cargo y cuando empiezan. El hecho de que Johnson haya decidido retrasar su inicio al año próximo -alegando que ahora los sanitarios y científicos no pueden distraerse ya que la pandemia continúa- se ha visto como una maniobra política. La conclusiones no se esperan hasta pasados los próximos comicios (previstos para 2024). No obstante, si las sesiones son públicas (como todo apunta) el Gobierno podría verse perjudicado durante un largo tiempo por la evidencia de su mala gestión al inicio de la crisis. El 'premier' llevaba tiempo bajo la presión de la oposición y los familiares de las víctimas para anunciar una investigación. Pero no ha sido hasta ahora cuando se ha decidido a dar el paso. Precisamente a finales de este mes, su ex asesor, el oscuro Dominic Cummings, debe comparecer ante Westminster y amenaza con desvelar todo tipo de detalles.

Juez o científico al mando: Debe ser alguien lo suficientemente capaz de diseccionar las complejas dimensiones científicas y médicas de la pandemia, pero sin haber estado involucrado en la gestión de la crisis. Por lo tanto, no se descarta que se apueste por una figura extranjera.

Planificación y preparación: ¿Estaba el Gobierno del Reino Unido adecuadamente preparado para el surgimiento de una potencial pandemia? El Partido Conservador lleva desde 2010 en el poder por lo que Johnson no puede echar ahora balones fuera. El ex 'premier' David Cameron (2010-2016) ya admitió en una reciente intervención ante el comité parlamentario que fue un “error” que la planificación sobre una eventual pandemia se centrara en la gripe en lugar de las enfermedades respiratorias. También recalcó que “se debería haber aprendido más” del brote de gripe aviar en 2002.

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El papel del Grupo Asesor Científico para Emergencias (Sage): Formado bajo el último gobierno laborista, Sage había sido, hasta la crisis de Covid, un comité de científicos que se reunía tan solo un par de veces al año. Su primera misión fue asesorar al Gobierno sobre la pandemia de gripe porcina de 2009. Luego llevó el brote del virus zika de 2016 y el brote de ébola de 2014. En 2019, Sage se reunió solo una vez para discutir el temido colapso de la presa del embalse de Toddbrook en Derbyshire. En el transcurso de 2020, se reunió 74 veces. La primera reunión tuvo lugar el 22 de enero, quince días después de que aparecieran por primera vez en la prensa del Reino Unido informes sobre un grupo de enfermedades en China identificadas como una nueva cepa de coronavirus. Los expertos no consideraron en ese momento relevante el cierre de fronteras. Tampoco tomar la temperatura a los recién llegados al Reino Unido.

Para marzo, cuando la mayoría de los países vecinos ya había impuesto el confinamiento, el Sage se resistía. El 13 de marzo, Patrick Vallance, principal asesor científico del Gobierno, señaló que el objetivo era ampliar el pico de la enfermedad para que el Sistema Nacional de Salud Pública (NHS) pudiera tratar a todos los que se enfermaran, argumentando que esto también tendría el beneficio de generar “algún tipo de la inmunidad de rebaño”.

Tres confinamientos, dos de ellos tarde: El Gobierno ha impuesto tres confinamientos, en marzo 2020, noviembre 2020, enero 2021. Al inicio de la pandemia, mientras que la mayoría de los países europeos habían impuesto ya el confinamiento, el Reino Unido seguía permitiendo eventos multitudinarios. El 11 de marzo, 52.000 personas se concentraron en el estadio de Anfield para ver el encuentro de la Champions entre Liverpool-Atlético de Madrid. La recomendación que daba el Gobierno era la de lavarse las manos mientras se cantaba tres veces cumpleaños feliz.

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No fue hasta el 23 de marzo cuando se activó el estado de emergencia. La decisión para los siguientes ha creado aún más polémica. El 'premier' ha negado las informaciones que apuntan a que en la reunión mantenida el 30 de octubre con sus asesores, donde le advertían que era necesario un nuevo encierro, dijera la frase: “No más jodidos confinamientos, dejemos que los cuerpos se apilen por miles”.

Residencias de mayores: Durante toda la pandemia del coronavirus, el mantra que siempre repitió Downing Street fue el de “proteger al NHS (Sistema Nacional de Salud)” para “salvar vidas”. Pero una de las grandes criticas que recibió al inicio de la crisis fue si la estrategia estaba siendo a costa de marginar a las residencias de mayores, obligando a sus gerentes a admitir a ancianos (a los que ni siquiera se les había hecho la prueba para saber si daban negativo) a fin de tener camas disponibles en los hospitales y dejando a su suerte a los cuidadores, sin realizarles test ni suministrarles el equipo de protección personal necesario.

Equipos de protección: En abril de 2020, mientras los médicos y enfermeras europeos comenzaban a recibir los primeros equipos de protección personal -por valor de 1.500 millones de euros- adquiridos a través de un plan comunitario, sus colegas británicos estaban bajo mínimos. Debido a un fallo administrativo, el Reino Unido (que a efectos prácticos fue miembro de la UE hasta el 31 de diciembre de 2020) perdió hasta tres oportunidades de formar parte del plan. Y no quedó ahí. Al inicio de la pandemia, mientras que los sanitarios denunciaban que no tenían equipos, millones de mascarillas, respiradores y otros artículos eran empaquetados desde los almacenes británicos con destino a Alemania, España e Italia. Las empresas del Reino Unido aseguraban que no les quedaba otra opción que seguir vendiendo el equipo para salvar vidas en el extranjero porque sus ofertas de ayuda habían sido repetidamente ignoradas por el Ejecutivo. Posteriormente, hubo polémica porque las empresas que obtuvieron los contratos estaban vinculadas a exdiputados conservadores y asesores bien conectados.

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Cierre de fronteras: A lo largo de 2020, prácticamente no se impusieron límites a los vuelos que llegaban al Reino Unido o requisitos para poner en cuarentena o realizar pruebas a los pasajeros. No fue hasta principios de 2021 cuando se prohibieron los viajes por ocio. Para entrar y salir del país tenía que ser con justificante con motivo de peso. No será hasta el 17 de mayo cuando se permitan de nuevo las vacaciones en destinos extranjeros, pero con las restricciones impuestas en el sistema semáforo, que califica a los destinos según su riesgo.

Efectos colaterales: Durante la pandemia no se han podido tratar a muchos pacientes de otras dolencias. El número de personas que esperan para iniciar un tratamiento hospitalario en Inglaterra alcanzó los 4,95 millones a finales del pasado marzo, un nuevo récord desde agosto de 2007.

Investigaciones anteriores: Desde que entró en vigor la Ley de Investigaciones de 2005, se han llevado a cabo 11 pesquisas de este tipo. Entre ellas el Informe Chilcot, sobre la participación del Reino Unido en la Guerra de Irak (siete años de duración y un coste de 13 millones de libras al erario público); el Informe Leveson, sobre las prácticas y ética de la prensa británica, después del escándalo de las escuchas protagonizado por los periódicos del magnate Rupert Murdoch (10 meses de duración y un coste de 5,6 millones de libras); o la Consulta de Saville para examinar los eventos que llevaron a la muerte a tiros de 13 católicos desarmados en Londonderry durante el Domingo Sangriento en pleno conflicto norirlandés (tardó 12 años en completarse y costó 195 millones de libras).