La 'caída inteligente' de Rutte: quedar como un rey sin un perder un solo voto

La dimisión en bloque del Gobierno holandés hace unos días ha sido, en contra de lo que parece, una jugada maestra de Mark Rutte con la que se va a evitar varios dolores de cabeza. El primero es no tener que hacer frente a una moción de censura en el Parlamento, una batalla que daba por perdida y que le iba a obligar a dimitir de todas maneras, pero yéndose por la puerta de atrás y la cabeza agachada. Su renuncia le permite ahora dedicarse en cuerpo y alma a la campaña electoral, en busca de su cuarta reelección en las urnas el 17 de marzo. Además, con la dimisión ha quedado como un rey ante su electorado sin perder votos: casi todos los votantes de los liberales —e incluso del resto de partidos de la coalición actual— vuelven a apostar por él como jefe del futuro gobierno de Países Bajos.

Muchos lo veían como una derrota de aquel primer ministro del país de los tulipanes que, durante los últimos diez años, tan dispuesto ha estado a anteponer los intereses nacionales en Bruselas. El liberal que ha retado al sur y al este de la Unión Europea para vincular, a su gusto, la recepción de fondos comunes a reformas financieras varias, austeridad o el respeto de los derechos humanos. Pero esta no es una caída analógica, sino 'inteligente': a dos meses de las elecciones generales y en medio de un escándalo político, social y administrativo que, en otras circunstancias, le podría haber costado su carrera política.

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Rutte sabe que es el único de su partido, y quizás de todo el escenario político, capaz de dirigir Países Bajos en los próximos años. Esto lo confirma una encuesta posterior a su dimisión, hecha por la red de televisión pública NPO1, que señala que la mayoría de los votantes del liberal VVD, los democristianos CDA, los progresistas D66 y Unión Cristiana apostarán por Rutte como primer ministro en marzo, aunque la oposición no esté tan de acuerdo. Los votantes de esos cuatro partidos —que forman la actual coalición— están satisfechos con el desempeño del gabinete durante los últimos años, creen que siguen en “buena forma” e incluso le darían 81 escaños en el Parlamento, frente a los 76 que tienen a día de hoy.

Estos datos sorprenden, al compararse con la anterior legislatura de Rutte, entre 2012 y 2017. Solo el 38% de los votantes tenía una opinión positiva sobre esa coalición entre liberales y socialdemócratas (PvdA). Ese porcentaje supera ahora el 55% de votantes que creen que el gobierno en general ha hecho un buen trabajo. En su mayoría elogian los esfuerzos de Rutte durante la pandemia, incluida la política económica y aquel sonado “confinamiento inteligente” que mantuvo a unos cuantos esparciendo el virus entre canales. También aplauden que cuatro partidos de diferentes ideologías hayan podido gestionar una crisis de esta envergadura sin grandes crisis ni rupturas públicas. Esto no quita que no falten críticas: un 43% lamenta que el gobierno de Rutte haya hecho “mal” las cosas, con demasiadas promesas incumplidas y poca atención a las políticas climáticas.

La dimisión de un camaleón político

Es la segunda vez que Rutte se ve en el papelón de tener que ofrecer su dimisión como primer ministro. En 2012, dos años después de haber sido elegido como jefe de un gobierno neerlandés —era la primera vez que un liberal ascendía a tal cargo en Países Bajos en casi un siglo—, se vio sin apoyos suficientes en el Parlamento para sacar adelante las medidas de austeridad que exigía la crisis financiera de 2010. Rutte había apostado por una coalición con los democristianos que contara con el apoyo táctico de la ultraderecha de Geert Wilders, pero el populista lo dejó tirado con las medidas en cuanto se empezó a hablar de recortes y de ayudas a países del sur de Europa, en especial Grecia, para rescatar su economía.

Después de entregar su renuncia a la entonces reina Beatriz —esta vez lo hizo ante el rey Guillermo Alejandro—, convocó nuevas elecciones y volvió a salir como el partido ganador, sin una mayoría aplastante, aunque con la suficiente como para ser el encargado de formar una coalición con los socialdemócratas PvdA. A diferencia de Wilders, la izquierda sí respaldó los recortes exigidos y sobrevivió cuatro años de legislatura bajo críticas de sus votantes a lo que veían como un cambio de bando. Esto le pasó factura al partido: pasaron de los 38 escaños obtenidos en 2012, a quedarse con tan solo 9 en 2017.

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El que iba a ser líder de PvdA en marzo, Lodewijk Asscher, se vio obligado a renunciar la semana pasada como su cabeza de lista por el mismo escándalo que llevó a la dimisión de Rutte. Era el viceprimer ministro y ministro de Asuntos Sociales entre 2012 y 2017, y los suyos creían que no tenía futuro político, a diferencia de lo que piensan los liberales sobre Rutte.

Un 58% de los votantes holandeses respaldan la decisión del Ejecutivo de dimitir en bloque y creen que era inevitable dadas las dimensiones del escándalo. Aprueban que haya asumido la responsabilidad política de una manera tan tajante y lo ven como un “buen gesto” hacia los padres que fueron víctimas de la estigmatización institucional por parte de la Agencia Tributaria, que acusó a al menos 28.000 personas de fraude tras recibir ayudas estatales para pagar los cuidados de sus hijos. Las autoridades fiscales asumieron que eran potenciales defraudadores por el hecho de tener una doble nacionalidad, generalmente marroquí o turca.

Un escándalo mayúsculo

Lo ocurrido se ha considerado a nivel político y social como una violación de los principios fundamentales del Estado de derecho y una injusticia sin precedentes contra decenas de miles de familias, que acabaron en la ruina, sin la ayuda económica que les correspondía y reuniendo dinero para hacer frente a lo que les exigía la Agencia Tributaria. Rutte lo admitió: “Las cosas se hicieron terriblemente mal. Algo así nunca debe volver a suceder”, sentenció. Prometió trabajar para cambiar un sistema que estigmatiza a los ciudadanos y que los trata como un grupo, y no como personas individuales con circunstancias concretas e independientes.

Los primeros casos conocidos se remontan a 2014, cuando un grupo de casos llegaron a manos de la abogada española Eva González Pérez, que reside en Países Bajos desde los setenta. Más de un centenar de padres habían recibido una misiva de las autoridades fiscales en las que les acusaban de fraude y les exigían demostrar con documentación suficiente, como contratos y facturas, que realmente necesitaban tales ayudas. A pesar de demostrar su situación financiera, la Hacienda neerlandesa insistía en su posición y los bloqueaba en su sistema sin darles ningún argumento, más allá de retrasar cualquier respuesta aludiendo a la lentitud en el análisis del caso.

A algunos les pedía recurrir, para seguir perdiendo tiempo, y a otros les negaba el derecho a recibir la ayuda y les exigía devolver todo lo que había recibido en años anteriores, con sumas que ascendían a decenas de miles de euros a pagar en cuestión de semanas. Muchos se vieron obligados a trabajar horas extra y fines de semana para hacer frente a la deuda. Otros vendieron su casa, perdieron su trabajo y se endeudaron aún más. El estrés y la desesperación rompió familias y condujo a niños viviendo en una situación de pobreza. Todo bajo acusaciones sin fundamento, ni ninguna colaboración de los funcionarios fiscales.

La letrada española llevó uno de los casos al Consejo de Estado, el de una madre soltera víctima de Hacienda que trabajaba limpiando, irónicamente, el edificio del Consejo de Estado. Ganó el caso en los tribunales, lo que le dio la razón a decenas de víctimas que defendía esta letrada porque establecía un precedente judicial válido para todos los que lidiaban con la misma situación. Sin embargo, las autoridades fiscales seguían sin entrar en razón y negaban el derecho de esas familias a seguir recibiendo las ayudas, y a no devolver todo lo que habían recibido antes. En 2018, decidió recurrir a diputados y periodistas para sacar a la luz el mayor escándalo político de Países Bajos.

No todos quieren la cuarta legislatura

Las víctimas se cuentan en decenas de miles. Fue el caso de Kristie Rongen, una madre que se vio con una deuda de 92.000 euros con las autoridades fiscales, lo que la condujo a una vida asfixiada por llevar un plato a la mesa. Cree que Rutte no debería aspirar a otro mandato, como tampoco lo debería hacer Wopke Hoekstra, el ministro de Finanzas, quien liderará a los democristianos en los comicios de marzo. Nazmiye Yigit-Karaduman tuvo que devolver 32.000 en dos años, hasta que dejó de trabajar para cuidar de su hija porque no podía pagar una guardería. “La dimisión de Rutte es una confesión… ahora quiere continuar como si nada”, dice.

El abogado y afectado Orlando Kadir, que asiste a 600 familias, cree que el 95% de los padres vulnerados todavía vive con problemas. “Trabajé hasta la noche para evitar que me desahuciaran, otros no tenían nada para llevarse a la boca o para pagar el médico”, narra, sorprendido de que Rutte y Hoekstra quieran seguir en la política. “Es amargo”, lamenta. En 2013, a Tamara Hardenbol y su marido les exigieron devolver 18.000 euros, aunque les permitieron pagar a plazos, 900 euros al mes durante dos años, para evitar que Hacienda incautara todo su salario. Estos son solo algunos de los casos que denunciaron públicamente su sufrimiento, pero son muchos los que aún no han salido a la luz. Y su negativa a ver otra legislatura de Rutte se debe principalmente a que hizo oídos sordos a sus reclamaciones durante años.

Orlando Kadir (víctima): “Trabajé hasta la noche para evitar que me desahuciaran, otros no tenían nada para llevarse a la boca o para pagar el médico”.

Cuando el diputado Pieter Omtzigt, uno de los aliados de la letrada González Pérez en esta lucha, denunciaba ante el Parlamento lo que estaba ocurriendo, el gobierno no respondía a sus preguntas, se negaba a hacer públicos los documentos oficiales y no quería involucrarse en este asunto, a pesar de sus dimensiones. Al final, el caos fue creciendo. La Agencia de Protección de Datos consideró que la práctica de las autoridades fiscales era “discriminatoria e ilegal”, se sucedieron las críticas y los reproches, hasta el pasado 17 de diciembre, cuando se publicó un informe parlamentario durísimo con ministros, funcionarios, diputados e incluso jueces, y que recogía las conclusiones de varios interrogatorios públicos que provocaron un escándalo en Países Bajos.

Los ministros y funcionarios se señalaban entre ellos, nadie daba explicaciones, algunos “no se acordaban” de que alguien les hubiera dicho algo que asegura haberles dicho. La falta de transparencia y las irregularidades se fueron haciendo obvias, los funcionarios del Ministerio de Finanzas señalaban a los de Asuntos Sociales, y viceversa. El comité, alarmado por cómo las propias autoridades impedían una investigación clara, concluyó que se había cometido “una injusticia sin precedentes” contra los padres y que "no tenían ninguna oportunidad" de salvarse del ensañamiento fiscal. El Gobierno trató de calmar el caos prometiendo 30.000 euros de compensación a las víctimas, pero eso no fue suficiente y debía asumir su responsabilidad política: la dimisión en bloque.

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Llegada una renuncia inevitable, Rutte aprovechó para enviar mensajes electorales. Se comprometió a recuperar la confianza de los ciudadanos en el Estado de derecho y en sus autoridades, y aseguró que revisará todo el sistema de subsidios y trabajará para que los funcionarios sean más conscientes de sus prejuicios para combatir la discriminación, algo que, de tener voluntar de hacerlo, solo sería posible en otra legislatura. “El gobierno es plenamente consciente de que esta confianza ha sido profundamente dañada tras recibir esos padres un trato discriminatorio”, admitió Rutte. Anunció que creará una comisión estatal para investigar la discriminación y el racismo por parte del Estado.

A pesar de todo, este liberal no cree que haya motivos que le hagan retirar su candidatura a una cuarta reelección dentro de dos meses. Dice que no participó de forma directa en lo que pasó, aunque sí "indirectamente" porque debía haber entendido las señales de alarma cuando empezaron a sonar en la prensa y en el Parlamento. Son muchos los que creen que ocultó de forma deliberada la información que pedían periodistas y parlamentarios, y eso le podrá pasar factura en las urna. Sin embargo, ni él ni, aparentemente, las encuestas tienen muy claro por ahora que el fracaso de los poderes ejecutivo, legislativo y judicial en Países Bajos pueda tener efectos en su hombre estrella: el superviviente Rutte.