Una multa de 11.000 millones: Holanda lleva el nacionalismo económico al próximo nivel

A las multinacionales les espera una alfombra roja cuando se trata de instalar su empresa en Países Bajos, con un extra en beneficios fiscales. Pero irse ya no va a ser tan fácil. Un proyecto de ley de la izquierda verde GroenLinks, que cuenta con el apoyo de tres de los cuatro partidos del gobierno, apuesta por multar a las compañías que decidan trasladarse a otro país que no grava el impuesto a los dividendos. Las empresas tendrían que compensar a la Hacienda holandesa los ingresos fiscales que perdería al abandonar estas Países Bajos. La evasión de impuestos debe ser, al menos, un poco más difícil en uno de los países que se ha ganado la fama mundial de paraíso fiscal.

Esta norma ha sido bautizada como la "Ley de Unilever", empresa que ejemplifica cómo afectarían estos planes a quien decida marcharse. La multinacional de productos de higiene y alimentación, la empresa del detergente Omo y el helado Magnum, está siendo todo un dolor de cabeza para el Gobierno del liberal Mark Rutte. Desde su fundación en 1930, el gigante angloholandés ha mantenido dos sedes independientes, una en Londres y otra en Rotterdam, al igual que dos entidades fiscales separadas, aunque siempre ha operado como una sola empresa, con una única junta directiva. Pero el Brexit le ha hecho replantearse esta estructura, optando por unificarse en una sola de sus entidades fiscales, pero ¿en qué país?

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Países Bajos y el Reino Unido han pasado dos años presionando a la compañía y tratando de persuadirla para que eligiera su país como sede para instalar su única matriz corporativa. Y solo puede haber un ganador: Londres —que no tiene impuestos sobre los dividendos— ha sido la elegida, pero La Haya no está dispuesta a darse por vencida y perder con esta operación una cantidad millonaria en ingresos fiscales.

Con el respaldo de todos los socios, queda ahora anunciar formalmente un plan de reubicación que le permita seguir legalmente como empresa solamente británica. Se espera que esto ocurra a finales de noviembre, siempre que la "Ley de Unilever" no salga adelante. Si GroenLinks logra aprobar su proyecto por la vía urgente, podría forzar a la compañía a dos escenarios: la marcha atrás, o una mudanza con una factura considerable bajo el brazo.

Unilever ha reconocido que, de aprobarse la ley, su traslado a Londres ya no tendrá sentido, no saldría rentable. El Reino Unido no tiene impuesto sobre los dividendos, y su decisión está claramente motivada por el ahorro de ese impuesto, por lo que sería multada por Holanda. "Ese es exactamente el objetivo de la legislación. Si se aprueba la ley, Unilever se quedará y esta noticia ayudará a asegurar el apoyo de la mayoría del parlamento" para evitar que otras empresas se marchen, aplaudió Bart Snels, el diputado responsable del proyecto de ley.

Contrario a la legislación europea

De irse igualmente, Unilever tendría que pagar 11.000 millones de euros antes de marcharse de Rotterdam. Así, mudarse al Reino Unido "ya no estaría en el interés de Unilever, ni de sus accionistas y otras partes interesadas", reconoció la empresa en una carta a los socios. Asegura que, de todas maneras, no paralizará los preparativos de su marcha porque cree que la legalidad de esta legislación entra en conflicto con los tratados internacionales y los acuerdos fiscales entre Reino Unido y Países Bajos. El Consejo de Estado, organismo asesor del Gobierno holandés, tiene una opinión cercana a la de Unilever y considera que "no sería responsable" aprobar esta ley al "entrar en conflicto" con leyes superiores.

El impuesto a los dividendos había estado a debate durante los últimos años, en parte por la actitud defensiva de Unilever. Cuando varios inversores británicos empezaron a presionar a la empresa para que abandonara sus planes de consolidar sus operaciones centrales en Rotterdam, Rutte trató de persuadirlos como haría un liberal: propuso eliminar el impuesto sobre los dividendos en Países Bajos, solo para tentar a la empresa y que permanezca en Países Bajos.

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Esta decisión fue todo un escándalo político en La Haya, que incluso protagonizó un intercambio de SMS entre el primer ministro y el director de la compañía en ese entonces, Paul Polman, que se ha referido siempre al jefe del Gobierno holandés como "Mark", un "buen amigo". La prensa llegó a calificar al primer ministro como "el chico de los recados" de Unilever y la presión pública fue tal que, al final, el plan fracasó y Rutte apartó la idea. La multinacional decidió que, sin incentivos fiscales, era mejor marcharse a Londres. Y ahí fue cuando GroenLinks sacó su tarjeta roja: no debería ser tan fácil irse.

Se estima que el Estado holandés perdería varios millones de euros debido a la decisión del grupo de los detergentes de unir en una su estructura corporativa, puesto que esto convertiría la multinacional, sobre el papel, en una empresa puramente británica. De momento, esto solo afectará a la millonada que ingresan las arcas del Estado en impuesto sobre los dividendos. Unilever no planea cerrar su rama de Alimentos y Refrescos de Rotterdam, y mantendrá también en Wageningen su centro de investigación y desarrollo, lo que salva los 2500 puestos de trabajo que tiene en territorio holandés.

200 millones al año

El ministro de Asuntos Económicos, Eric Wiebes, dijo estar "decepcionado" con la decisión de Unilever de ahorrar el pago de impuestos en Países Bajos marchándose a Londres, aunque se negó a evaluar el golpe que supondrá esto para el tesoro holandés. "El hecho de que, en un sentido formal, la oficina central ya no esté ubicada aquí, significa que ningún impuesto sobre los dividendos terminará aquí", reconoció.

Según estimaciones de Unilever, el Estado holandés recibe unos 200 millones de euros al año, un cálculo hecho sobre la base del promedio pagado en los últimos tres años en concepto de impuesto a los dividendos por las acciones holandesas. "Hubiera preferido que la empresa simplificara su estructura a una sola holandesa a la cabeza", comentó Hans de Boer, del sindicato de empleadores VNO-NCW. Pero Londres salió ganando. Y por eso, insisten los verdes, esta ley debe entrar en vigor cuanto antes, aunque sea por un proceso de emergencia.

"No está bien que las empresas tomen decisiones tan importantes simplemente para evitar impuestos. Cuando una compañía se traslada al extranjero por esta razón, es una forma de elusión fiscal", señaló Snels. Para este diputado, las empresas "han podido obtener beneficios gracias a las buenas instalaciones, la infraestructura, la educación y demás cuestiones que se han encontrado en Países Bajos. Por tanto, una compensación está justificada".

La comunidad empresarial internacional en Países Bajos tampoco está satisfecha con la multa por reubicación que propone GroenLinks, una medida que será preventiva de cara al Brexit. Este obstáculo también podría afectar a la petrolera angloholandesa Shell, que también tiene una de sus oficinas en La Haya y otra en Londres. "GroenLinks quiere mantener a las empresas en Holanda y nosotros también queremos eso. Pero con esta propuesta pones una valla alrededor del país que dice: no puedes salir, ni entrar. Las empresas jóvenes, en particular, se lo pensarán dos veces antes de instalarse aquí", advirtió el sindicato VNO-NCW.

Sin control a la corrupción

En medio de este debate, Transparencia Internacional (TI) ha denunciado la desidia del Ejecutivo neerlandés a la hora de castigar a las empresas holandesas involucradas en ilegalidades en sus actividades en el exterior. A pesar del aumento de las inversiones neerlandesas fuera de Países Bajos, el Gobierno ignora las acusaciones de corrupción vertidas sobre las multinacionales holandeses en el extranjero, por lo que acaban saliéndose con la suya en negocios no del todo éticos en otros países. Esto es "claramente un incumplimiento" de los acuerdos internacionales contra la corrupción y los sobornos, dice TI.

"Si se permite la corrupción, se socava el estado de derecho y se perpetúa la pobreza y la injusticia", dice Lousewies van der Laan, directora holandesa de TI. Ni los acusados se sientan en los tribunales, ni los denunciantes reciben suficiente protección como para luchar por hacer justicia. Países Bajos, junto a Colombia, Sudáfrica, Letonia, Costa Rica, Canadá y Austria, cuenta con una de las peores puntuaciones en la categoría de "países exportadores más grandes con una aplicación limitada del tratado", según el informe Exportación de la Corrupción 2020: evaluación del cumplimiento de la Convención Antisoborno de la OCDE.

Las compañías rara vez acuden a los tribunales holandeses para denunciar casos de corrupción en el extranjero por falta de precedentes

En conclusión, solo cuatro de los 47 países firmantes, que representan el 16,5% de las exportaciones mundiales, aplican activamente los acuerdos contra los sobornos. Para la ONG, Estados Unidos, Reino Unido y Suiza son los mejores países a la hora de combatir la corrupción de sus empresas en el extranjero. Aunque Alemania, España, Francia, Portugal e Italia tampoco lo están haciendo nada mal. Ninguna está peor que Holanda, donde la aplicación activa del tratado ha bajado en picado desde 2018.

Países Bajos representa el 3,1% de las exportaciones mundiales y, entre 2016 y 2019, se iniciaron 16 investigaciones y se abrieron dos casos judiciales por sospecha de soborno en el extranjero, pero solo tres se cerraron con sanciones. Holanda tiene "una cultura anticorrupción bastante débil, en la que las situaciones sospechosas en el extranjero a menudo se pasan por alto". Además, la falta de claridad en la ley sobre los términos de los acuerdo empresariales alcanzados tampoco contribuye a una cultura centrada en la integridad. "No existen reglas claras para devolver al país o a las víctimas los montos decomisados de ganancias por corrupción".

Las compañías o las víctimas rara vez acuden a los tribunales holandeses para denunciar casos de corrupción en el extranjero por falta de precedentes y porque el Ministerio Público tampoco tiene capacidad suficiente para investigar. Una de las empresas afectadas es la joya de la corona, la petrolera Shell, involucrada en un escándalo de corrupción en Nigeria junto a la empresa italiana Eni, un caso que está ahora en los tribunales italianos. Roma acusa a ambas de pagar sobornos para asegurarse parte del campo petrolífero nigeriano en un acuerdo valorado en 1.300 millones de dólares. La Fiscalía italiana ha pedido penas de prisión para los involucrados. Países Bajos se lo está pensando todavía, mientras trata de retener a las empresas que quieren huir por el Brexit.