¿Otra jugada ilegal? Johnson, dispuesto a dinamitar partes clave del acuerdo del Brexit

A Boris Johnson siempre le gusta apretar en la recta final de las negociaciones del Brexit, apostando por tácticas que dejan completamente descolocada a la parte contraria. El gran problema con el 'premier' británico es que no le importa si sus tácticas son legales o ilegales.

El año pasado, cuando apenas quedaban unas semanas para que se cumpliera el plazo de salida de la UE, derogó la actividad en Westminster a fin de que los diputados no se interpusieran en sus planes. Y ahora repite jugada. Apenas quedan unas semanas para que Londres y Bruselas puedan cerrar un acuerdo comercial, pero en vista de los pocos avances, el líder 'tory' amenaza con dinamitar las partes clave del pacto de divorcio que firmó en octubre del año pasado con los Veintisiete. En otras palabras, estaría dispuesto a violar un tratado internacional.

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La información, adelantada este lunes por el reputado Financial Times, coincide con el ultimátum de Downing Street para que se llegue a un acuerdo comercial para este 15 de octubre. De lo contrario, Johnson concretará la desconexión del bloque europeo sin pacto cuando termine el periodo de transición el 31 de diciembre y los británicos salgan ya a efectos prácticos del club.

Eso significaría un Brexit duro económico, ya que las relaciones entre el Reino Unido y la UE se regirían únicamente bajo las pautas de la Organización Mundial del Comercio, con cuotas y aranceles. En definitiva, un ambiente de lo más cordial de cara a este martes, cuando se reúnan en Londres el negociador británico, David Frost, y el del club comunitario, Michel Barnier.

Compromiso de 'divorcio'

La gran pregunta es ¿se puede violar ahora un tratado internacional? De igual manera que en Estados Unidos se justifica prácticamente todo simplemente con la pauta de “es Trump”, en el Reino Unido pasa exactamente lo mismo. No en vano, el Tribunal Supremo —máxima autoridad judicial— señaló el año pasado que la decisión del primer ministro de suspender la actividad del Parlamento fue “ilegal”, pero tres meses más tarde de aquel fallo histórico los británicos le otorgaron una aplastante mayoría absoluta en las generales. En definitiva, “es Boris”.

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Lo que el excéntrico político planea ahora es socavar la parte del acuerdo de divorcio relativa a la frontera en Irlanda, precisamente el principal escollo de las arduas negociaciones de salida.

Pongámonos en situación. El Reino Unido abandonó oficialmente la UE el pasado 31 de enero de manera ordenada, gracias a un pacto que se firmó “in extremis” que obligaba a los británicos a pagar una factura de divorcio, garantizaba los derechos de los ciudadanos (tanto de los británicos repartidos en el bloque como los comunitarios residentes en el Reino Unido) y, ante todo, evitaba una frontera dura entre la provincia británica de Irlanda del Norte y la República de Irlanda.

El acuerdo de retirada que en su día negoció Theresa May —el mismo que fue rechazado en Westminster hasta en tres ocasiones y que forzó su dimisión— planteaba dejar a todo el Reino Unido temporalmente en la unión aduanera de la UE y además a Irlanda del Norte alineado con el mercado único. Pero los 'tories brexiters' nunca lo aceptaron, ya que eso impedía cerrar independientemente acuerdos comerciales con terceros, uno de los principales propósitos del Brexit.

Cuando Johnson se hizo con el liderazgo del Partido Conservador, cerró un nuevo convenio con la UE por el cual se saca ahora a todo el Reino Unido de la unión aduanera, pero se sigue dejando a la provincia británica alineada de alguna manera con la normativa comunitaria, sobre todo en lo relativo a bienes. La Asamblea de Belfast debe decidir (por mayoría simple) cada cuatro años si quiere continuar con el protocolo.

Una controvertida propuesta de ley

El problema es que este miércoles, el Gobierno espera introducir en Westminster la controvertida legislación denominada Proyecto de Ley del Mercado Interno, que puede llegar a anular aspectos clave del acuerdo de retirada, sellado hace menos de un año con los Veintisiete.

Aunque el proyecto de ley aún tiene que ser aprobado por la Cámara de los Comunes —donde Johnson tiene una aplastante mayoría absoluta—, contempla la posibilidad de anular la obligación legal sobre los subsidios estatales y las aduanas con Irlanda del Norte.

En concreto, la ley podría eliminar la obligación del Reino Unido de controlar las mercancías que pasan de Gran Bretaña a Irlanda del Norte, como parte del acuerdo alcanzado con la UE para evitar una infraestructura fronteriza entre esa provincia y la República de Irlanda, a fin de no perjudicar el proceso de paz norirlandés.

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El proyecto de ley está pensado para asegurar un funcionamiento sin contratiempos del comercio entre Inglaterra, Gales, Escocia e Irlanda del Norte una vez que el Reino Unido salga del mercado único y la unión aduanera a final de año, cuando termina el actual periodo de transición.

Ante la polémica creada, un portavoz del Número 10 ha señalado que “siempre nos reservaremos el derecho a actuar en el mejor interés de Irlanda del Norte y del mercado interno del Reino Unido”.

Lo cierto es que en los corrillos de Westminster siempre se ha temido que Johnson no estuviera dispuesto a cumplir lo pactado con Bruselas, tal y como explicó en su momento el que fuera fiscal general del Estado, Dominic Grieve, en una entrevista con El Confidencial.

No ha sentado bien en Bruselas

A las puertas de una nueva ronda negociadora crucial y en la que la Comisión Europea considera la confianza como el ingrediente principal del acuerdo, la filtración del Gobierno británico no ha sentado bien. Ursula von der Leyen, presidenta del Ejecutivo comunitario, ha explicado que el cumplimiento del acuerdo es “un requisito previo” a cualquier pacto futuro entre la Unión Europea y el Reino Unido. “El Protocolo sobre Irlanda e Irlanda del Norte es esencial para proteger la paz y la estabilidad en la isla y la integridad del mercado único”, ha escrito la alemana en la red social Twitter.

"Todo lo que se ha firmado en el pasado debe ser respetado, es lo que sustenta la confianza en el futuro", ha explicado Michel Barnier, negociador jefe, en una entrevista celebrada este lunes en France1. Para el francés la confianza es la base de cualquier progreso, y tanto él como su equipo han dejado caer que esta escasea a la hora de tratar con un equipo negociador, liderado por David Frost, que no transmite una idea clara sobre qué tipo de relación quieren en el futuro.

Bruselas ya ha expresado en varias ocasiones su inquietud con la falta de progreso en la implementación del protocolo de Irlanda, un artefacto legal complejísimo que busca resolver un rompecabezas con controles y regulaciones para evitar generar un enorme agujero negro en el mercado interior en las cientos de fronteras entre Irlanda del Norte y la República de Irlanda. Por ejemplo, Londres ha peleado porque los controles se hicieran en Gran Bretaña en vez de en la isla de Irlanda.

¿'Marketing' político?

En la capital comunitaria se siguen los últimos movimientos con cierta preocupación, pero sabiendo que parte de ello puede ser 'marketing' político para consumo nacional. Sin embargo cada posicionamiento público de este calado separa todavía más una posible solución, que para la Unión Europea pasa necesariamente porque el Reino Unido acepte un compromiso por mantener un 'level-playing field' en términos de competencia, un movimiento complicado para Londres, ya que representa el corazón mismo de la idea del Brexit.

Hasta ahora, en las negociaciones para intentar cerrar un acuerdo comercial, Londres ha rechazado las demandas de la UE sobre regulaciones de pesca y competencia al considerar que no respetan la ansiada “soberanía nacional”, la que siempre ha sido el gran emblema de la causa euroescéptica.

Pero Bruselas quiere evitar a toda costa que las empresas británicas se conviertan en una competencia desleal. Esto, dice la UE, es imperativo para proteger la “integridad” del mercado único.

La posibilidad de dar marcha atrás al acuerdo de salida ha sido recibida con inquietud por parte de algunos sectores políticos en Westminster, como el pro-europeo Partido Nacionalista Escocés (SNP), cuyo líder en la Cámara de los Comunes, Ian Blackford, alerta de que un “Brexit duro”, sin acuerdo comercial con la UE, puede ser “devastador para Escocia porque castigará al mercado laboral de la región y toda la economía escocesa en medio de la pandemia del covid-19”. El próximo mes de mayo, el Parlamento de Edimburgo celebra elecciones y si los separatistas consiguen mayoría absoluta amenazan con llevar a cabo un nuevo referéndum de independencia.