¿Una 'solución Bukele' para Ecuador? El abismo que separa a las maras del narco

Ecuador vive las horas más complicadas de su historia reciente. Motines carcelarios, secuestros de policías y decenas de guardias de prisiones, explosivos, tiroteos, la toma de un estudio de televisión… El desafío de las bandas de narcotraficantes al Estado de Derecho es tal que una parte importante de los ciudadanos ya pide medidas de mano dura como las desarrolladas en El Salvador por el presidente, Nayib Bukele.

Antes de que estallara la tormenta, Ecuador contabilizaba apenas cinco asesinatos por cada 100.000 habitantes en 2018 y cerró 2023 con una tasa que probablemente superará las 40 muertes violentas por cada 100.000 habitantes, convirtiéndose en uno de los países más peligrosos del globo, superando considerablemente a naciones con violencia endémica como México, Colombia y Brasil.

"La población ecuatoriana está aterrorizada", comenta a El Confidencial Natalia Sierra, catedrática de la facultad de Ciencias Humanas de la Universidad de Quito. "Se están dando una serie de eventos que están creando la tormenta perfecta para la implementación de ese plan", añade la analista ecuatoriana.

Ese tremendo incremento de la criminalidad no repercutió, en las últimas elecciones, celebradas en octubre, en el reclamo masivo de medidas de mano dura. Ni el vencedor y actual presidente, Daniel Noboa, ni su rival en la segunda vuelta, la correísta Luisa González, apostaron claramente por el bukelismo, como sí hicieron otros candidatos, en especial Jan Topic, cuarto con un 14,5% de los votos.

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El ahora mandatario, de apenas 36 años, prometió en campaña la mejor dotación de las fuerzas policiales, la compra de barcos prisión para internar a los reos más peligrosos, y la militarización de las fronteras, pero se alejó de aspectos más radicales como los llevados a cabo en El Salvador, donde Bukele ha logrado una brutal reducción de los crímenes, en especial de los asesinatos y de la extorsión, convirtiendo a su país en uno de los más seguros de América, a cambio de vulnerar los derechos humanos.

Esa aproximación a la crisis comenzó a cambiar a fin de año y podría terminar de mutar durante el reciente estallido violento. Noboa ya anunció hace unas semanas que va a iniciar la construcción de dos cárceles de máxima seguridad, como parte de su plan Fénix.

No serán dos prisiones cualquiera, sino calcos de los reclusorios erigidos en El Salvador por la Administración Bukele. El mandatario ecuatoriano ha contratado a las mismas empresas y los mismos ejecutivos que crearon las cárceles en el país centroamericano. Todo un desafío a unas bandas que, a buen seguro, saben cómo se administran las prisiones en el sistema bukelista.

Noboa quiere inaugurar esos complejos este año. En El Salvador fueron construidos en tiempo récord, pero la historia no va a ser tan fácil en Ecuador, donde varias organizaciones indígenas ya plantean movilizaciones en caso de que el Gobierno siga con sus planes de situar una de esas cárceles en la selva amazónica. No sería coser y cantar emular a Bukele en Ecuador, consideran los expertos consultados por este diario.

"Hay señales de que el presidente Noboa quiere imitar a Bukele, pero ello sería un grave error", considera Juan Pappier, subdirector de la división de las Américas de Human Rights Watch (HRW), una de las organizaciones más críticas con el bukelismo.

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"Durante el régimen de excepción en El Salvador, las fuerzas de seguridad han cometido violaciones generalizadas de derechos humanos, incluyendo detenciones arbitrarias, desapariciones forzadas y torturas, con total impunidad. Y, a diferencia de lo que ha ocurrido hasta ahora en El Salvador, es probable que las bandas delincuenciales en Ecuador respondan a esta militarización con mayores enfrentamientos y abusos", añade Pappier.

En efecto, varios analistas destacan la distinta naturaleza de las maras que operaban en El Salvador comparadas con las bandas que están generando la violencia en Ecuador. Al ser dos males distintos, no cabrían las mismas soluciones. "La realidad social de El Salvador es distinta a la ecuatoriana. También su historia", destaca la catedrática Sierra.

"La violencia de El Salvador estaba básicamente ligada a las pandillas, a las maras, que se consideraban hermandades. Pero en Ecuador lo que existen son organizaciones con conexiones reales con grupos criminales internacionales, como los cárteles de México y de los Balcanes. No es un tema de pandillas y tampoco se les identifica con claridad, como en El Salvador por los tatuajes. Además, tienen una organización diferente y están vinculados a toda la economía criminal, incluido el coyoterismo (movilización y tráfico ilegal de personas)", añade Sierra.

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La tormenta en Ecuador se ha producido por efecto de una serie de terribles coincidencias, creen los analistas. El país se encuentra entre los dos principales productores de cocaína del mundo, Perú y Colombia, que cuentan con unos sistemas de inteligencia y una capacidad policial y militar más sofisticados que Ecuador y muy evolucionados con respecto a los períodos críticos de los ochenta y noventa.

En el pequeño Estado andino, además, se encuentra el tercer mayor puerto de contenedores de América Latina, el de Guayaquil, epicentro de la actual ola de violencia, solo superado por el de Manzanillo, en México, y el de Santos, en Brasil, que opera hacia el Atlántico. Es bien sabido por los investigadores internacionales que alrededor del 80% de la droga se mueve a través de puertos legales, convirtiendo a Ecuador, y especialmente a Guayaquil, en un lugar estratégico.

Cambio de paradigma

La desaparición de las Farc en Colombia, en 2017, y la posterior lucha por el control del territorio en el país cafetero, donde distintos grupos han combatido por los lugares dejados atrás por la guerrilla, provocaron que fuese mucho más seguro, rápido y barato mover la logística de la droga hacia Ecuador, un país además con un atractivo clave: está dolarizado, haciendo mucho más fácil el blanqueo de capitales provenientes del narcotráfico.

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Esa serie de elementos ha provocado, a fin de cuentas, que lo que mueva al crimen en Ecuador sea la logística del narcotráfico y el ingente dinero que mueve la droga, muy superior al que conseguían las maras en El Salvador a través de las extorsiones.

Las pandillas en el país centroamericano también estaban, por supuesto, en el negocio de la droga, pero a una escala mucho menor, consideran los analistas, y su fuente de operaciones principal era la extorsión.

Las bandas ecuatorianas también extorsionan, sobre todo para mantener a sus "soldados" y ejercer control social —aunque en varias ocasiones se ha comprobado que los extorsionadores eran personas o pequeños grupos ajenos a las grandes bandas aprovechando la coyuntura— pero la mayor parte de su financiación proviene del narco, y eso es mucho dinero.

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Dinero que, además, sirve para sobornar y penetrar en las instituciones del Estado, incluida la política, la policía, el ejército y, muy especialmente, la judicatura. "El problema es cultural. Hay una aceptación paulatina de la economía y de la cultura criminal. No nos gusta mirarnos al espejo. Vivimos en una economía criminal, con cárceles que están controladas por criminales, un sistema de Justicia cuyos magistrados pertenecen a estructuras criminales. Todo el mundo lo sabe, pero nadie lo quiere tocar", considera el periodista de investigación ecuatoriano Juan Carlos Calderón, destacando cómo fluye el dinero del narcotráfico, incluso en obras, con el grueso de la población mirando hacia otro lado.

Noboa parece ser consciente del problema existente, especialmente en la judicatura, un talón de Aquiles continuamente mentado por los analistas de seguridad que tratan asuntos ecuatorianos.

De poco servirá crear cárceles de alta seguridad como las salvadoreñas si después los jueces trasladan a los reos a prisiones ordinarias, como sucedió con alias Fito, el líder de la poderosa banda de Los Choneros, antes de su fuga, el pasado domingo, detonante de la actual crisis.

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"Consideraremos también a los jueces y fiscales que apoyen a los grupos terroristas, como parte de esos grupos", señaló el presidente Noboa este miércoles. "La situación dramática de inseguridad que viven los ecuatorianos exige contar con más y mejores fiscales y jueces que investiguen a las bandas criminales, así como el lavado de activos y la corrupción que les permite operar", considera también Pappier, destacando otro de los agujeros negros de Ecuador: el escaso control del lavado de dinero.

"La realidad ecuatoriana es mucho más amplia y compleja que la salvadoreña. Las maras tenían sus territorios establecidos. Sus códigos. No creo que sea fácil transportar un tipo de política a lo Bukele aquí", apunta Sierra. Igualmente, el bukelismo requiere un control del aparato estatal que dista mucho de tener Noboa.

Bukele controla con mano de hierro, desde las elecciones parlamentarias de 2021, la Asamblea legislativa, donde cuenta con una mayoría abrumadora de diputados, en los que se apoyó, de la misma forma, para sustituir a decenas de jueces del país centroamericano, habiendo sido señalado como autoritario por un sinfín de organizaciones e incluso gobiernos.

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"Muchas de las acciones de Bukele, creo que están llevando a ese país a una dirección mucho más autoritaria (que la) que vimos a los inicios de los años de Hugo Chávez", llegó a decir, en 2021, el principal asesor del Gobierno de EEUU para el Hemisferio Occidental, Juan González, aunque el país norteamericano ha flexibilizado recientemente su posición con respecto al Gobierno de salvadoreño.

Noboa, en cambio, cuenta con apenas 14 de los 137 diputados de la Asamblea Nacional ecuatoriana y su misma formación, la Acción Democrática Nacional (ADN) está dividida en facciones de izquierda, centro y derecha.

El joven presidente, en apenas un mes y medio de Gobierno, se ha apoyado en un grupo de partidos tan dispares como los correístas de Revolución Ciudadana y la formación histórica de derecha, el Partido Social Cristiano (PSC).

Ambos aprobaron su Ley Económica de Urgencia, hasta ahora la legislación más relevante que pasó en la cámara. El exmandatario Rafael Correa declaró su apoyo "irrestricto" a Noboa esta semana, y proclamó una "unidad nacional" contra las bandas, pero el suyo es considerado un apoyo extremadamente volátil, temporal y está por ver si apoyaría medidas de mano dura.

Por tanto, Noboa, lejos de controlar un aparato estatal inundado por el narcotráfico, en el que probablemente no puede fiarse casi de nadie. Además, al contrario que en El Salvador, la analista Sierra destaca que EEUU tiene también un papel relevante en la crisis.

"Las implicaciones del crimen en Ecuador están ligadas también a empresas de capital legal, y por ese hecho Ecuador se convierte también en un objetivo de la política norteamericana en su insistencia por generar los justificativos para implementar lo que se conoce como el Plan Ecuador, que es una copia del Plan Colombia y de la iniciativa Métrica en México en el contexto de la guerra contra las drogas liderada por Washington", considera Sierra.

"Ello implica un control geopolítico de la región. No solo es un problema del crimen organizado y capital criminal, sino geopolítica desde EEUU", concluye la analista. Ecuador se encuentra en una encrucijada y muchas de las posturas del, hasta ahora, muy poco hablador presidente son todavía un misterio.