"El país se va al carajo": cómo Ecuador pasó de la tranquilidad a ser devorado por la violencia

Durante los ochenta y noventa, Ecuador se ganó el mote de “isla de paz”. Un apodo que tenía poco que ver con el mérito propio y mucho con los profundos problemas de sus dos vecinos, Colombia y Perú, sumidos en conflictos sangrientos y enquistados contra las guerrillas. Eso no impidió que muchos ecuatoriano, aun conscientes de las profundas desigualdades y problemas económicos que afrontaba su nación, tomaran el alias como un símbolo de orgullo.

Pero el pasado martes —madrugada del miércoles, para los europeos—, unos disparos anunciaban al mundo entero que aquella isla de paz, si es que alguna vez la hubo, había dejado de existir. El candidato presidencial Fernando Villavicencio, quien había convertido la lucha contra la corrupción y el narcotráfico en su bandera política, era asesinado mientras regresaba a su vehículo tras ofrecer un mitin. Horas después, su esposa, Verónica Sarauz, denunciaba los fallos de seguridad y la dura realidad de un país que ha pasado de ser uno de los más tranquilos de la región a uno de los más violentos. “Las cosas están hechas. El país se va al carajo”, sentenciaba.

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El magnicidio es el último y más visible síntoma de la espiral de violencia en que Ecuador se ha sumido durante los últimos años. En las ciudades costeras del país como Guayaquil o Esmeraldas, las más azotadas por la violencia, los tiroteos y atentados con coches bomba se suceden con una frecuencia casi diaria. En el resto del país, los atracos, los secuestros y las extorsiones se han convertido en parte del día a día de la población. En 2022, el antaño pacífico país tuvo, con 4.500 muertes violentas, la cuarta mayor tasa de homicidios de la región. Este 2023, en que ya se han registrado 3.500 asesinatos, la mayoría de expertos dan por hecho que se situará en el podio.

¿Cómo llegó Ecuador hasta este punto? La respuesta radica en unas bandas criminales que llevan décadas actuando en el país, pero que ahora se encuentran respaldadas por agentes mucho más poderosos más allá de sus fronteras. “Las pandillas locales se han aliado con organizaciones criminales internacionales, entre ellas grupos colombianos, cárteles mexicanos, e incluso hay evidencias de alianzas con la mafia albanesa”, explica a este periódico Juanita Goebertus Estrada, directora de la división de las Américas de Human Rights Watch. “Eso ha hecho que las pandillas que se enfrentan por control territorial en el país incrementen los actos de extrema violencia”, agrega.

Una guerra 'proxy'

El narcotráfico no es un fenómeno nuevo para Ecuador, cuyas carreteras y puertos han sido, durante décadas, una parte importante de la red global de transporte de cocaína con destino a Europa y Estados Unidos. Sin embargo, durante los últimos años, el país se ha convertido en un campo de batalla entre dos de los principales cárteles mexicanos (Sinaloa y Cártel Jalisco Nueva Generación) que compiten, junto a otras organizaciones criminales internacionales, por el control de las rutas.

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La presencia de estos grupos en el país tampoco supone una novedad. “En Ecuador se ha lavado dinero desde hace 30 años, desde los inicios de Pablo Escobar. Podríamos decir que el país siempre ha estado un poco sometido a la presión de los grupos de narcotraficantes”, señala Decio Machado, analista político en Quito y miembro del Geopolitical Studies Group, a El Confidencial. “Lo que ha pasado es que, en algún momento, hace dos o tres años, estos cárteles empezaron a pagar a las bandas locales con sustancia. Eso cambió todo, porque ahí empezaron las disputas por el mercado interno”, continúa Machado. El resultado es un sangriento conflicto entre las pandillas del país financiado desde afuera. El equivalente a una guerra proxy entre organizaciones criminales.

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Una de las consecuencias directas de esta alianza entre narcos y las pandillas locales fue una crisis de violencia carcelaria que agarró a Ecuador —y al resto del mundo— por sorpresa en 2021. Una serie de motines resultantes en múltiples masacres de reos supusieron la primera señal clara de que el enfrentamiento entre pandillas rivales había alcanzado una letalidad sin precedentes.

Desde entonces, las noticias sobre matanzas en alguna de las 35 cárceles del país se han convertido en el pan de cada día y los centros penitenciarios ya suponen uno de los principales nexos logísticos para las pandillas. “Cada vez que hay un levantamiento, mueren decenas de personas. Pero no por los enfrentamientos con la policía, sino por las peleas entre bandas”, subraya Machado. “En las cárceles tienen televisores, teléfonos celulares, computadoras y blanquean dinero a través del Blockchain. Parece increíble, pero es así. Y todo tiene que ver con la corrupción”, agrega.

Como en muchos otros países de la región latinoamericana, la corrupción lleva tiempo siendo uno de los problemas más arraigados y extendidos en Ecuador, plagando todos los niveles de la Administración pública y los cuerpos de seguridad. Una realidad que se ha agravado por un cóctel económico explosivo, mezcla de la caída en los precios del petróleo, la principal exportación del país, y la fuerte recesión económica provocada por la pandemia. La dejadez —cuando no colaboración directa— de las autoridades permitió el florecimiento de los grupos criminales en el momento exacto en que comenzaron a recibir un flujo constante de reclutas jóvenes, desempleados y, a menudo, desesperados.

Una gestión desastrosa

La violencia no ha parado de crecer durante el Gobierno del actual presidente, Guillermo Lasso. “El país ha experimentado un crecimiento del 82% en su tasa de homicidios y el Estado ha sido incapaz de poner en marcha una política de seguridad efectiva y legítima para la protección de la ciudadanía”, afirma Goebertus.

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Lasso no recibió una herencia fácil. Durante la década de gobierno de Rafael Correa (2007-2017), varias medidas de mayor vigilancia policial, pero también de reducción de pobreza y desigualdad, lograron mantener las organizaciones criminales a raya. Sin embargo, el expresidente y prófugo de la Justicia también plantó las semillas de la crisis actual al acabar la cooperación con la Administración de Control de Drogas (DEA) estadounidense, privatizar los puertos y aeropuertos del país —reduciendo así la capacidad de vigilarlos— y desmantelar el equipo de investigación más efectivo del país, al que consideraba una herramienta al servicio de sus enemigos políticos.

Su sucesor de 2017 a 2021, Lenin Moreno, nunca tuvo la seguridad como una de sus prioridades. Dedicó gran parte de su energía a purgar al Ejecutivo de correístas tras haber roto lazos con el expresidente, reemplazándolos con personal con menos experiencia que pronto demostraría su incapacidad para afrontar la crisis en ciernes. Pero en última instancia, ha sido Lasso quien desde 2021 se ha mostrado incapaz de alterar el rumbo, dejando que la violencia asolara el país. “Algunas de las medidas en materia de seguridad que impuso Rafael Correa, llenas de claros y oscuros, se fueron disipando con la llegada de Lenin Moreno, pero sobre todo de Lasso, que se ha caracterizado por su mala gestión”, asegura Machado.

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El Gobierno ecuatoriano no solo no ha conseguido frenar la connivencia entre las autoridades y el narcotráfico, sino que la ha acelerado. “El desgaste de la institucionalidad, de instituciones clave como son las Fuerzas Armadas y la policía, ha llevado a que el Estado no tenga la capacidad de controlar lo que ocurre en las cárceles, en primer lugar, y en el resto del territorio, después”, asevera Cristian Bravo, profesor de Relaciones Internacionales de la Universidad Internacional de Ecuador, en entrevista con El Confidencial.

Lasso, antes presidente del segundo banco del país, ha centrado su legislatura en la economía y el mundo empresarial, pero los expertos señalan que ha dejado de lado la gestión de los recursos públicos en materia de seguridad. Por ello, entre otros factores, su índice de aprobación está por los suelos, especialmente después de que en mayo disolviera la Asamblea Nacional y convocara nuevas elecciones para evitar un juicio político en su contra por cargos de corrupción.

"Los recursos para luchar contra la violencia son ineficientes y la corrupción está en todas partes"

Fernando Villavicencio era uno de los ocho candidatos que compiten por sustituir a Lasso en las elecciones del próximo 20 de agosto y que han prometido todo tipo de medidas para hacer frente a la crisis de seguridad. “Se requiere control territorial efectivo y capacidad de investigación técnica estratégica para juzgar a los determinadores de los delitos más violentos y desarticular las redes que abastecen a organizaciones criminales, cortándoles financiamiento, lazos de corrupción y acceso a armas”, explica Goebertus.

Pero el desafío, sea quien sea el que llegue al poder, es mayúsculo. “Hay un problema permanente en la gestión de compras públicas del Estado para el armamento, para chalecos antibalas, incluso para las fuerzas de orden de seguridad. Los recursos para luchar contra la violencia son ineficientes y la corrupción está en todas partes”, lamenta Machado. La situación en las cárceles, concluye el experto, es el mayor ejemplo del actual fracaso del Estado ecuatoriano: “Si son incapaces de controlar 35 centros penitenciarios, ¿cómo van a controlar las rutas de la droga y los puertos del país?”.