Vida (y muerte) más allá de las FARC: la atomización de la violencia golpea a Colombia

El pacto de paz con las FARC no acabó con la guerra en Colombia. El país cafetero vive su peor etapa de violencia desde la firma del acuerdo, en 2016, en un contexto de atomización de los grupos armados y de regionalización del conflicto. Una guerra que se mueve en torno a las economías ilegales con el narcotráfico, una vez más, como principal problema de un país donde los sembradíos de coca crecieron un 15%, hasta las 145.000 hectáreas, entre 2019 y 2020, según los últimos datos ofrecidos por el Gobierno de EEUU.

La firma de los acuerdos con la guerrilla más famosa de Colombia en 2016 redujo los muertos y desplazados del conflicto, pero la violencia no ha parado de crecer durante estos seis años. En 2021, se produjeron 96 masacres con 338 víctimas mortales. Solo este año ya han tenido lugar 44, con 158 fallecidos. Más de 1.350 líderes sociales, ambientalistas, comunitarios y defensores de derechos humanos han sido asesinados en el país desde 2016. Y aunque la paz con las FARC llevó esperanza de estabilidad y futuro a muchas regiones, esas aspiraciones se evaporaron pronto en varias de las zonas rojas. Hoy en día, hasta 25 grupos armados tratan de controlar las rutas del narcotráfico y otras actividades como la minería ilegal, habiéndose apoderado de parte del territorio colombiano e imponiendo sus reglas y su concepto propio de orden en la población.

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Antes del desarme de las FARC, la antigua guerrilla, la más dominante de la historia del país, protagonizaba el 80% de las acciones armadas. Pero cuando los excombatientes dejaron los territorios, el resto de grupos, más pequeños, iniciaron una guerra por la dominación de varias regiones que ha vuelto a teñir de rojo el campo colombiano.

El reclamo que numerosos académicos le hacen a los gobiernos de Juan Manuel Santos (2010–2018) e Iván Duque (2018–2022) es no haber copado esas zonas, tras la salida de las FARC, con el Ejército, además de con una oferta institucional como escuelas, centros médicos, y proyectos productivos para la comunidad. El Estado no hizo una presencia integral en las regiones, critican expertos en el conflicto.

Juan Camilo Restrepo, Alto Comisionado de Paz hasta el mes pasado, negaba a El Confidencial, antes de dejar el cargo, que hubiera habido negligencia estatal. "La primera falla es en generalizar. Yo no puedo decir que los territorios están abandonados. No puedo partir de esa premisa. Hay dificultades y complejidades. Son puntuales. Hay que trabajar todos los días en desactivar esas conflictividades", explicaba. "Lo fundamental es que llegue la oferta institucional a esa Colombia profunda", añadió, pero en las zonas rojas de Cauca, Nariño, Arauca, Catatumbo o Chocó, donde el conflicto está desatado, buena parte de los ciudadanos cree que el Estado no hace presencia y denuncian además una deficiente implementación del pacto de paz, específicamente en lo relacionado con la reforma agraria.

Un nuevo escenario bélico

El nuevo escenario del conflicto armado colombiano es el de la atomización. Anteriormente, las FARC tenían un mando unificado y ejercían un marcado control territorial. El enfrentamiento entre grupos más pequeños, la conformación y ruptura de alianzas, así como los golpes del Ejército a los cabecillas de algunas de las bandas, han propiciado la fragmentación y, de la misma forma, el descontrol en las zonas rojas.

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Desde el norte del Cauca, una de las regiones más afectadas por el nuevo conflicto, llevan tiempo lanzando la voz de alarma. "Estamos peor que nunca", lamenta Joana Milena Dagusnas, indígena nasa y coordinadora del resguardo Páez, cerca de Corinto, un área del departamento cooptado por grupos que protegen los campos cocaleros y las rutas del narcotráfico. "Cuando existían las FARC, podíamos decir que había unas personas con las que podíamos ir a dialogar. Después del acuerdo de paz, la violencia se ha agudizado porque se han formado diferentes actores, las llamadas disidencias, que son delincuencia. Son grupos de un lado y de otro que no tienen una orientación clara. No hay una persona en cabeza a la que uno se pueda dirigir. No hay con quien hablar. Se ha querido hacer, pero no existe interés. Están en una pelea territorial y quieren ser ellos los que manden, no les interesa un diálogo como tal", asegura.

En la zona se está produciendo una matanza indígena desde hace meses. Una decena de comuneros, que se oponían a los cultivos ilícitos, han sido asesinados. Los nasa culpan a las disidencias de las extintas FARC. No todos los guerrilleros se desmovilizaron tras la firma del pacto de paz. Los que mantuvieron en sus manos los fusiles fueron pocos, apenas unos centenares de los 13.000 efectivos que tenía la guerrilla en 2016, pero, valiéndose de nuevos reclutas, han vuelto a ser un actor relevante en el conflicto armado, aunque desapegados, en muchas ocasiones, de sus lineamientos ideológicos.

"No hay una dirección política ni revolucionaria. Se enfocaron con un tema más del narcotráfico y de buscar la vida fácil", asegura Luis Fabián Camayo Guetio, miembro de la Guardia Indígena del Cauca, que ha sufrido un atentado reciente, a bala, y ha perdido en los últimos meses a dos hermanos y dos grandes amigos ante un grupo de disidentes, la columna Jaime Martínez.

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Actualmente, según la organización Indepaz, hay 43 estructuras de disidencias de las FARC con 5.200 combatientes que actúan en 123 municipios de 22 regiones. Muchas de ellas se aglutinan en dos grandes grupos, la Nueva Marquetalia del exfirmante del acuerdo de paz alias 'Iván Márquez', que ha sido muy golpeada recientemente por acciones que han acabado con las vidas del resto de sus líderes, y el comando organizativo de occidente, liderado durante cinco años por el conocido guerrillero alias 'Gentil Duarte', hasta la operación que acabó con su vida este mayo.

El grupo de Gentil tenía ocho columnas y está por ver si se vuelven a dividir tras la muerte de su líder. En ese caso, una de las hipótesis es que acabasen como otras facciones no alineadas, así como ya actúan el Frente Oliver Sinisterra y las Guerrillas Unidas del Pacífico, grupos que controlan las rutas del narcotráfico al sur del país.

El ELN y los paramilitares continúan

El otro gran actor armado es el Ejército de Liberación Nacional (ELN), que quedó como el mayor grupo guerrillero de Colombia tras la desmovilización de las FARC y continúa registrando altos niveles de politización y unidad, al menos comparado con el resto de facciones. Los 'elenos' cuentan con unos 2.540 miembros y actúan en 211 municipios de 23 departamentos. Su liderazgo y retaguardia, como en el caso de los dos mayores grupos disidentes, está, según inteligencia militar, en Venezuela. El país vecino ha sido el escenario de los recientes golpes contra los comandantes 'exfarianos'.

El ministerio de Defensa colombiano cuenta a más de 2.000 efectivos del ELN tras la línea fronteriza, incluyendo sus principales jefes. La guerrilla tiene el nivel de organización necesario para efectuar 'paros armados', es decir, periodos de tiempo en los que la actividad económica está prohibida en una o varias regiones bajo amenaza guerrillera.

Otro grupo tiene ese mismo poder, en la orilla rival: el Clan del Golfo, que es el mayor grupo narcotraficante de Colombia y surgió del antiguo paramilitarismo. Ese grupo hace presencia, a través de 22 estructuras aliadas con 27 bandas delincuenciales emergentes, en unos 291 municipios de 27 regiones. Sus integrantes también se hacen llamar Autodefensas Gaitanistas de Colombia cuando quieren dar un cariz político a sus acciones.

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Funcionan a base de franquicias, en ocasiones con grandes dosis de autonomía, según investigaciones de la fundación 'Insight Crime', pero ni siquiera esa descentralización impidió que el grupo narcoparamilitar ejecutase en abril un 'paro armado' que dejó sin actividad a cuatro grandes regiones del occidente colombiano. Grandes urbes como Montería fueron ciudades fantasma durante los cinco días que duró el confinamiento. Ese paro fue convocado en protesta por la extradición a EEUU de alias 'Otoniel', combatiente histórico y máximo líder durante más de una década del grupo, atrapado el pasado noviembre por las autoridades colombianas, tras años de búsqueda.

La captura del que había sido máximo capo de la droga en Colombia ha dejado como jefe de la formación a otro importante mando de la organización, alias 'Chiquito Malo', pero 'Insight Crime' adelanta que ese liderazgo podría ser puesto en duda por otros caciques locales del Clan del Golfo y que el grupo podría fragmentarse, pasando algunas de las franquicias a dejar definitivamente la formación, generando, potencialmente, nuevas alianzas y más conflicto en las regiones.

Hasta seis conflictos armados

El Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) emitió recientemente un informe señalando que 2021 fue el cuarto año consecutivo en el que aumentaba el número de víctimas por artefactos explosivos. También hacía un mapa de la guerra en Colombia, apuntando a la existencia de seis conflictos armados distintos en todo el país, tres que enfrentan al Ejército contra las disidencias, el ELN y el Clan del Golfo, y otros tres entre esos mismos grupos y otros, como los remanentes del Ejército Popular de Liberación (EPL) y Comandos de la Frontera, que operan al sur, en el río Putumayo, limítrofe con Ecuador y Perú.

Eso sí, la guerra no es homogénea, y no se puede ver desde un prisma nacional. La desmovilización de las FARC provocó que se generasen dinámicas diferentes en las distintas regiones. El ELN, por ejemplo, está en una especie de paz con el Clan del Golfo al sur del departamento de Bolívar, mientras ambos grupos se enfrentan brutalmente en Chocó, donde hay otros intereses y otras relaciones.

Cuestión clave en campaña

El paro armado del Clan del Golfo metió de lleno la violencia en la campaña política, a pesar de que, en los últimos años, tras la firma del pacto de paz con las FARC, otros temas, como la corrupción y el desempleo, habían escalado a las primeras posiciones de interés para los colombianos. Los dos candidatos que se juegan este domingo la presidencia están posicionados a favor de la implementación del acuerdo de paz tal y como fue firmado en 2016.

El progresista Gustavo Petro, exguerrillero del M-19 y exalcalde de Bogotá, propone entablar un diálogo con el ELN y desmontar el paramilitarismo. Promete, además, avanzar y hacer realidad uno de los puntos más ásperos y menos implementados del pacto de La Habana, la Reforma Agraria, una tarea pendiente desde hace décadas en un país donde la guerra se ha movido en las zonas rurales, espoleada por los conflictos por la tierra.

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El millonario constructor populista, Rodolfo Hernández, exalcalde de Bucaramanga, quiere, por su parte, actualizar el catastro, aunque sin mentar una reforma rural integral, y poner un 'otrosí' al pacto de La Habana para incluir en el mismo al ELN, guerrilla a la que acusa de secuestrar en 2005 a su hija, desde entonces en paradero desconocido, aunque esta semana el grupo subversivo lanzó una nota negando estar involucrado en esa abducción.

Los próximos cuatro años serán clave para el avance de la implementación del acuerdo de paz y la gestión de un conflicto que continúa dejando en Colombia a cientos de menores reclutados forzosamente por los grupos armados y miles de familias desplazadas a la fuerza de sus hogares.