Ecuador militariza la prisión de Guayaquil con más de 900 agentes tras la masacre de presos

Más de un millar de policías y soldados intervienen este jueves en las operaciones y redadas de la Policía y las Fuerzas Armadas en el centro penitenciario número 1 de Guayaquil, para incautar armas a los reclusos y evitar tragedias como las que, el martes, dejaron al menos 116 muertos y 80 heridos.

En total, más de 900 policías de distintas unidades forman parte del operativo de registro y control que se desarrolla aún en el interior del también llamado centro penitenciario del Litoral, según la comandante general de la Policía, Tannya Varela, a los que se agregaron un número indefinido de militares y varias tanquetas.

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L. P. Agencias

"Nuestra presencia aquí obedece al respaldo legal, que es lo más importante, ante estas circunstancias y estas situaciones por las que estamos atravesando", ha afirmado la comandante general ante cientos de agentes concentrados en una superficie aledaña a la prisión.

Hasta el momento, las fuerzas del orden lanzaron una operación en la madrugada y otra cerca del mediodía. Pero no serán las únicas.

"Son constantes las operaciones en las últimas horas de parte de los militares y la policía. En la madrugada ingresaron a varios pabellones, y al mediodía a otros", confirmó a Efe el portavoz de la Gobernación de Guayas, Jefferson Merchán.

Grupos especiales

En los operativos actúan las unidades tácticas Grupo de Intervención y Rescate (GIR), Grupo de Operaciones Especiales (GOE), Grupo Especial Móvil Antinarcóticos (GEMA), Unidad de Mantenimiento del Orden (UMO), y Criminalística, mientras un helicóptero sobrevolaba toda el área.

También hay agentes de los ejes preventivo, investigativo e inteligencia, confirmó la Policía.

Las intervenciones tienen el objetivo de registrar todo el centro para incautar armas a los reos que el martes protagonizaron la sangrienta reyerta

Las intervenciones tienen el objetivo de registrar todo el centro para incautar armas a los reos que el martes protagonizaron la sangrienta reyerta, la tercera este año con decenas de víctimas, si bien los ajustes de cuentas son semanales.

La actuación de fuerzas policiales y militares se produce al amparo del decreto de excepción decretado por el presidente Guillermo Lasso para lidiar con la crisis, y durará dos meses a escala nacional, es decir en todos los centros del sistema penitenciario, comúnmente referido como SNAI.

El incidente del martes ha vuelto a poner de manifiesto la severa crisis que aqueja al sistema penitenciario ecuatoriano desde hace tres años.

Solo en lo que va de 2021 han muerto en este tipo de sucesos más 230 presos, con epicentro en esa prisión de Guayaquil, ciudad en la que también se concentra la actividad delictiva del país por su carácter portuario y donde han sido asesinadas en las calles más de 430 personas hasta agosto.

Los incesantes choques en las cárceles reflejan la lucha de poder entre bandas como "Los Choneros" y "Los Lobos", hay otras menos importantes, por el control del crimen y el narcotráfico, según las autoridades.

Condenas

La nueva masacre ha generado las condenas de organismos de derechos humanos dentro y fuera del país.

En su cuenta de Twitter, La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) advirtió que en lo que va del año en Ecuador "más de 200 personas" han fallecido como resultado de la violencia en las penitenciarías, e instó al Estado ecuatoriano a "investigar de oficio y con debida diligencia los hechos".

Por su parte, la Alianza por los Derechos Humanos Ecuador ha exigido que se declare en emergencia humanitaria al sistema penitenciario y se solicite ayuda técnica internacional urgente.

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"El Estado no tiene la capacidad técnica de poder solucionar los problemas estructurales de la crisis", aseguró en un comunicado esta Alianza, que aglutina a 18 organizaciones.

"La única respuesta del Estado ha sido aplicar un enfoque securitista, alimentado de discursos estigmatizantes y reduccionistas, que pretenden deshumanizar a las personas privadas de libertad", denunció al rechazar la "militarización" de las prisio