La gran carrera hacia el fondo: cómo una isla olvidada puede cambiar el océano para siempre

La diminuta isla de Nauru es apenas una mota en la inmensidad del océano Pacífico. Con 21 kilómetros cuadrados de territorio, se trata del tercer país más pequeño del mundo —solo por detrás del Vaticano y Mónaco— y, con poco más de 10.000 habitantes, también el menos poblado. Cada año, menos de 200 turistas, de acuerdo con las autoridades de la nación insular, llegan a sus puertos o a su aeropuerto de una sola pista, legado de la ocupación japonesa durante la Segunda Guerra Mundial. En términos estadísticos, nadie la visitará a lo largo de su vida. La mayoría de la población global ni siquiera sabe que existe.

Y, sin embargo, esta isla, junto a una ambiciosa startup canadiense, podría ser la que abra la puerta a la mayor carrera global por los recursos naturales desde la fiebre del petróleo, una que corre el riesgo de cambiar los océanos de forma irreversible. Todo ello por culpa del agujero legal que una oscura organización intergubernamental ligada a la ONU dejó pasar hace casi tres décadas.

Porque es Nauru la que ha provocado que en estos momentos se esté celebrando en Kingston, la capital de Jamaica, una reunión frenética de 167 países que decidirá si comienza una nueva era: la era de la minería de aguas profundas.

Aguas inexploradas

La explotación comercial minera de las profundidades oceánicas está prohibida en aguas internacionales, fuera de la jurisdicción de cualquier Estado y donde se encuentra la práctica totalidad de los recursos minerales submarinos. La entidad que tiene la competencia exclusiva para otorgar estos permisos es la Autoridad Internacional de los Fondos Marinos (ISA, por sus siglas en inglés), un organismo intergubernamental de 167 Estados miembros, junto a la Unión Europea, establecido en virtud de la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar (Convemar) para proteger el lecho marino.

Lo que sí lleva permitiendo la ISA durante años son derechos de exploración para investigar áreas específicas del fondo marino y reservarlas para potenciales proyectos de explotación comercial. Estos acuerdos requieren que las compañías interesadas se asocien con uno de los Estados miembros. Hasta la fecha, la organización ha dado permiso a 22 compañías y gobiernos para rastrear miles de kilómetros cuadrados de territorio. Y, aunque estas misiones se han realizado en múltiples puntos de los océanos Atlántico, Pacífico e Índico, la gran mayoría se ha concentrado en un territorio situado al oeste de Centroamérica y al este de Hawái, conocido como la Zona Clarion-Clipperton (CCZ, por sus siglas en inglés).

Esta zona, que alberga casi 60 bloques de exploración, resulta especialmente popular para las compañías mineras por su riqueza en nódulos polimetálicos, una de las tres principales fuentes de recursos minerales submarinos. Los otros dos (sulfuros polimetálicos y costras de ferromanganeso) están incrustados en las rocas submarinas y requieren de un considerable esfuerzo para su extracción. Por su parte, estas pequeñas piedras negras con forma de patata se encuentran esparcidas en el fondo oceánico, lo que, según afirman representantes de la industria en entrevista con El Confidencial, hace que sean mucho más fáciles de recolectar.

Estas piedras se han formado a lo largo de millones de años (0,8 milímetros por cada millón) por la acumulación, capa a capa, de metales en torno a un núcleo cuyo origen puede ser variado: desde rocas volcánicas hasta cristales de cuarzo, dientes de tiburón u otros fósiles. Por ello, están repletas de elementos valiosos como manganeso, cobre, níquel, cobalto, litio y otras tierras raras. De acuerdo con el Servicio Geológico de Estados Unidos, tan solo en la CZZ residen 21 millones de toneladas de nódulos polimetálicos, lo que implicaría, por ejemplo, una mayor concentración de níquel y cobalto que en todos los depósitos descubiertos en la superficie de la tierra.

La composición mineral de estos nódulos es conocida desde hace 150 años, cuando la expedición británica Challenger, la primera gran campaña oceanográfica mundial, recolectó uno de ellos por accidente en 1873. Dado que estos elementos podían ser minados en la superficie, no han existido, hasta ahora, incentivos económicos para emprender la monumental tarea de extraerlos del fondo del océano. Sin embargo, el boom de las energías renovables —y, sobre todo, de los coches eléctricos— ha disparado la demanda de estos minerales, llevando a que varias compañías mineras y gobiernos centren su mirada, por primera vez, en las profundidades abisales del planeta.

The Metals Company (TMC), una startup fundada en 2011 y con sede en Canadá, busca ser la primera compañía de la historia en llevar a cabo una explotación comercial minera de aguas profundas. Con el respaldo de múltiples inversiones millonarias y tras haber realizado pruebas exitosas a finales del año pasado con un robot recolector, su CEO, Gerard Barron, dice estar ansioso por empezar. “Tengo el barco, tengo la máquina y he anunciado a nuestros socios cómo vamos a procesar los nódulos”, aseveró el directivo en una entrevista en Wired.

Pero ¿cómo planea Barron empezar a minar el fondo marino en aguas internacionales si continúa estando prohibido? La respuesta radica en el conocido como párrafo 15, una pequeña cláusula situada en el anexo del Acuerdo sobre la Implementación de 1994, el cual modificó la Convemar. Este párrafo estipula que, si un país plantea formalmente su deseo de patrocinar una compañía que mine en aguas profundas, la ISA cuenta con dos años para elaborar las normas, reglamentos y procedimientos necesarios para dar una respuesta a este Gobierno. Una vez pasada la fecha límite, el organismo “deberá considerar y aprobar de forma provisional dicho plan de explotación”, sin importar si ha aprobado a tiempo un marco regulatorio o no.

Mientras sea uno de los 167 Estados miembros de la ISA, cualquier país puede detonar esta cláusula. Incluso si se trata de la isla menos poblada del mundo.

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La cuenta atrás ha terminado

En junio de 2021, Nauru presentó formalmente ante la ISA su “intención de solicitar la aprobación de un plan de trabajo” para la explotación minera en aguas profundas, invocando así, por primera vez en la historia del organismo, la cuenta atrás de dos años. La compañía patrocinada por la isla es Nauru Ocean Resources Inc. (NORI), una subsidiaria controlada al 100% por TMC.

El plazo de la ISA para completar el desarrollo de las normas de explotación venció el pasado 9 de julio sin que la organización haya logrado aprobar ningún tipo de regulación al respecto. Conforme esta fecha se acercaba, un creciente número de organizaciones y gobiernos han lanzado la señal de alarma ante la posibilidad de que las puertas a la explotación comercial minera del fondo marino se abran de par en par sin norma alguna que rija su impacto ecológico. “El día en que se apruebe por primera vez, no vas a tener solo a uno o dos interesados: van a ser miles de tipos lanzándose a la minería de aguas profundas. Esto no se puede parar. Va a ser como la fiebre del oro de California”, alerta Sandor Muslow, profesor chileno de Geología Marina y antiguo jefe de la Oficina de Gestión Ambiental y Recursos Minerales de la ISA, a este periódico.

Pese a haber sobrepasado la fecha límite, el proceso ha sido alargado hasta este viernes 21 de julio, cuando concluirán tres frenéticas semanas de negociaciones en Kingston en las que se espera llegar a algún tipo de conclusión para hacer frente a la solicitud de Nauru.

¿Cuál será esa conclusión? En entrevista con El Confidencial, Jeff Amrish Ritoe, asesor estratégico sobre energía y materias primas para el Hague Centre for Strategic Studies (HCSS) y directivo en la industria minera, explica los tres escenarios posibles. “En primer lugar, podría plantearse un veto general a la explotación en aguas internacionales, lo cual resulta muy poco probable. En segundo lugar, podrían aprobar un código minero que resulte aceptable para todos los implicados”, señala Ritoe. “Sin embargo, hay que tener en cuenta que se trata de una organización que toma decisiones por consenso, por lo que no sirve una simple mayoría para aprobar tal reglamento. Por ello, no creo que para el 21 de julio, tras dos años sin obtener resultados, se logre un acuerdo de este tipo”, agrega.

"La situación que se creó al activar la cláusula de los dos años fue el equivalente a un ultimátum corporativo a los gobiernos"

Existe, no obstante, una tercera opción que ha cobrado un considerable impulso durante las últimas semanas: la denominada como moratoria. Más de una docena de países, entre los que se encuentran España, Francia, Alemania, Canadá, Suiza, Irlanda, Chile, Nueva Zelanda y múltiples naciones insulares del Pacífico —además de la mayor parte de la comunidad científica internacional y un amplio abanico de organizaciones internacionales—, han solicitado que se decrete una pausa temporal para poder examinar el impacto real de la minería de aguas profundas en aguas internacionales.

Si se acuerda esta pausa, la maniobra de The Metals Company podría haber tenido un efecto contrario al deseado. “La situación que se creó al activar la cláusula de los dos años fue el equivalente a un ultimátum corporativo a los gobiernos”, expone a este periódico Sofíaa Tsenikli, líder de la campaña global por la moratoria de la Deep Sea Conservation Coalition (DSCC), una alianza de más de un centenar de organizaciones internacionales por la conservación del fondo marino. “Pero esto está fracasando, porque, al hacerlo, forzaron la siguiente pregunta: ‘¿Queremos que comience la minería en aguas profundas o no?’. Y cada vez más gobiernos están diciendo que no”, añade.

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Aunque la opción de la moratoria continúa ganando fuerza, está lejos de estar garantizada. La mayoría de los Estados miembros de la ISA continúan sin posicionarse al respecto y algunos de ellos, como Reino Unido, Japón o México, se han movilizado a favor de aprobar una regulación para la explotación comercial. Además, más allá del caso particular de Nauru, ninguna nación se ha esforzado tanto en intentar acelerar el inicio de esta nueva era de la minería como Noruega. El país nórdico, que cuenta con minerales en las aguas profundas de su propia área económica exclusiva —y cuyo Gobierno propuso el mes pasado abrir estos recursos a las compañías que deseen extraerlos—, “ha estado detrás del impulso a la minería submarina desde el principio”, asevera Sandor Muslow.

Trastocar un mundo desconocido

La explotación comercial minera de las aguas profundas implica, en esencia, arar grandes extensiones del fondo del océano. Los robots a los que compañías como TMC recurren para la recolección de nódulos polimetálicos utilizan agua a presión para suspender las rocas incrustadas en el lecho marino, facilitando así su absorción. Un proceso que científicos y ecologistas consideran como una perturbación masiva de uno de los únicos ecosistemas del planeta todavía no alterados por el hombre.

Debido a que esta recolección elimina una capa de entre 10 y 20 centímetros de sedimentos superficiales (que tarda entre 10.000 y 20.000 años, respectivamente, en volver a formarse), la mayoría de las especies que habitan el lecho marino sufrirían un daño que, según apuntan los pocos estudios científicos disponibles, podría ser irreparable. Tres experimentos de intervención física en el fondo del océano realizados en la década de los 90 continúan sin mostrar, décadas después, ningún tipo de recuperación significativa del ecosistema. La labor de los vehículos colectores también crearía columnas llenas de sedimentos y metales disueltos que podrían permanecer en suspensión durante semanas, sofocando a las criaturas marinas que se encuentren en áreas superiores del océano.

Por otra parte, esta perturbación del lecho marino podría interrumpir procesos como el secuestro de carbono, el cual ayuda a compensar las emisiones de gases de efecto invernadero. “La extracción de millones de toneladas de nódulos requiere la explotación de áreas muy grandes, lo que da lugar a niveles potencialmente altos de impactos ambientales y ecológicos generalizados”, concluye un reporte reciente del Consejo Asesor de Ciencias de las Academias Europeas.

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Voces de la industria han minimizado el impacto sobre la biodiversidad de la minería de aguas profundas —la mayoría de las especies que se verían afectadas son microscópicas— y han argumentado que este daño ambiental, así como la cantidad de carbono almacenada en la CCZ que sería liberada a la superficie, debe ser comparado con el que se utiliza para la minería sobre tierra. “Es importante hacerse la pregunta: '¿Tiene sentido recoger piedras llenas de minerales del lecho marino en lugar de destruir las selvas tropicales de Indonesia, matar orangutanes y trasladar pueblos enteros solo para obtener níquel?”, plantea Ritoe.

Organizaciones ecologistas, por su parte, afirman que las compañías mineras y gobiernos que venden la minería de aguas profundas como una alternativa menos dañina para la transición ecológica están engañando al público. “Nada parece indicar que el hecho de que se inicie la minería en aguas profundas signifique que la que tiene lugar en la superficie se detenga como por arte de magia”, considera Tsenikli, que también considera la necesidad de encontrar nuevas fuentes de recursos naturales como un falso dilema. “La tecnología se está moviendo muy rápido en lo que respecta a las baterías. Tan solo dos años atrás, el cobalto y el níquel eran considerados los metales imprescindibles para su fabricación. Hoy en día, varias compañías ya están dejándolos atrás”, sentencia.

Independientemente del resultado de este viernes, Nauru será recordado como el país que dio el pistoletazo de salida a esta carrera hacia el fondo marino. Pero no será la primera vez que la minería es el motivo de los pocos focos de atención que acapara la isla. Durante su etapa colonial, su escasa superficie se llenó de minas de fosfato, un mineral muy codiciado por su uso para fertilizantes, de las que se beneficiaron Alemania, primero, y Reino Unido, Australia y Nueva Zelanda, después. En 1968, los nauruanos lograron su independencia y, con ella, el control de las minas, que llegaron a cubrir el 80% del territorio insular. Las exportaciones masivas de fosfato hicieron que la nación se convirtiera, durante un breve periodo de tiempo, en la segunda más rica per cápita del planeta.

Pero los depósitos, eventualmente, se agotaron. El legado de este periodo extractivo, además de un alto desempleo estructural, es un paisaje desolador lleno de pináculos de coral que hacen que la mayor parte de la isla sea infértil e inhabitable. Toda la población está acumulada en unas costas en que las mareas van ganando centímetros año tras año. El país menos poblado del mundo, alertan desde la ONU, podría ser también el primero en desaparecer.