Las balas perdidas de Bolsonaro: ¿qué pasará ahora con los millones que niegan su derrota?

"SOS Fuerzas Armadas, SOS Fuerzas Armadas". Desde el inicio de noviembre, la monótona letanía de este lema nostálgico resuena en el centro de Río de Janeiro, frente al Comando Militar del Este del Ejército brasileño, donde decenas de indignados bolsonaristas protestan contra la derrota de Jair Bolsonaro y la victoria de Luiz Inácio Lula da Silva. Es un maremágnum de manifestantes de los más variados perfiles sociológicos, todos ataviados con camisetas verdes y amarillas, y con la bandera de Brasil.

"Estoy segura de que ha habido fraude en las elecciones presidenciales. No es posible que un ladrón condenado en segunda instancia por corrupción vuelva a gobernar este país", grita exaltada una peluquera canina, al mismo tiempo que promete que no saldrá del lugar "hasta que no consigamos lo que queremos". Sin embargo, no queda claro lo que pretenden exactamente los revoltosos. En esta polifonía de voces discordantes que contestan el status quo a gritos, hay camioneros jubilados que sueñan con un golpe armado a manos de las Fuerzas Armadas; amas de casa que se sienten engañadas y quieren demostrar que nada es lo que parece; evangélicos fervorosos que ven en Bolsonaro un mesías enviado por Dios; y adictos a las teorías conspiratorias que quieren salvar su amada patria del comunismo.

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Valeria Saccone. Río de Janeiro

Por el día, los seguidores del primer presidente de la historia reciente de Brasil que no consiguió su segundo mandato gritan consignas anti-sistema y exhiben carteles que rezan "Yo autorizo", en referencia a un posible golpe militar. Por la noche, duermen en tiendas de campaña desafiando las lluvias torrenciales de la primavera tropical. Han montado incluso una cocina comunitaria, en la que un día sí y otro también hacen barbacoa con carne de primer corte. Guardando las distancias, tanto por el tamaño como por la orientación política y la organización interna, este acuartelamiento se asemeja ligeramente a aquella acampada en la Puerta del Sol de Madrid levantada en mayo de 2011.

Dentro del campamento, cercado por vallas, el control es férreo. Tras pasar por varios puntos de inspección y reunirse con un grupo de exmilitares que niegan ser los líderes del movimiento, la autora de este reportaje logra la autorización para grabar una entradilla para un programa de televisión. Sin embargo, la grabación es interrumpida varias veces. "No puedes decir que estamos aquí por causa de Bolsonaro", el comisario político de los indignados bolsonaristas.

"Tampoco puedes decir que queremos la intervención militar, ni que vamos a impugnar el resultado de las elecciones”, agrega. "Discúlpalos, está todo el mundo muy nervioso. Puede haber problemas legales para todos los militares porque la ley no permite que participen en manifestaciones", explica en inglés un manifestante más moderado, que intenta apaciguar el ambiente sin ser malinterpretado por los demás.

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Héctor Estepa. Río de Janeiro

El de Río de Janeiro no es foco aislado. En Brasilia y en otras capitales de este inmenso país, centenas de apoyadores de Bolsonaro llevan semanas aglomerados frente a los cuarteles militares, mientras que grupos de camioneros cortan las carreteras en varios Estados federados. La escena de un padre desesperado, peleando a gritos para poder llegar al hospital y salvar el ojo de su pequeño que necesitaba una cirugía urgente, ha generado rabia y rechazo en todo el país.

Una investigación del Tribunal Superior Electoral revela que estas manifestaciones no son espontáneas. Detrás habría decenas de empresarios del sector agrario, muy beneficiado por las políticas de Bolsonaro. Para parar en seco estos actos, que la prensa brasileña tilda de "antidemocráticos" e incluso de "terroristas", el presidente de la máxima instancia de la justicia electoral, Alexandre de Moraes, ordenó el pasado 17 de noviembre el bloqueo de las cuentas bancarias de medio centenar de empresas implicadas en los cortes de carreteras.

Esta medida no impidió que los camioneros siguiesen en sus treces. Mientras tanto, el mundo se sorprendía con un grupo de manifestantes en Porto Alegre colocados en círculo, que supuestamente intentaban hacer contacto con extraterrestres con el móvil en la cabeza. La escena, tan bizarra como singular, se convirtió rápidamente en un fenómeno viral. Es un episodio que no sorprende tanto si tenemos en cuenta que el 51% de los brasileños reconoce que cree en las brujas y en la magia negra, un 11% más que la media global, según un estudio de la American University de Washington (EEUU).

"No sirve de nada apelar a los cuarteles y a los extraterrestres", ironizó el juez Luís Roberto Barroso, miembro de la Corte Suprema, al mismo tiempo que recordó que la libertad de expresión no puede servir para los discursos de odio y las noticias falsas. "La mentira no es una forma legítima de defender ninguna posición. Todo lo que es bueno, justo y legítimo se puede defender con educación, con respeto al prójimo y aceptando las diferencias", destacó.

Para el comentarista político Pedro Dória, el bolsonarismo se ha convertido en una secta en la que secuaces enajenados viven en una realidad paralela. "Es un fenómeno nuevo. Precisamos hablar de alienación en el sentido político de la palabra. Muchas personas se desconectaron completamente de la acción política y de la realidad. Están juntas en el mismo mundo fantasioso. Este proceso de desconexión tiene varios grados. Uno es la indiferencia, es lo que solemos pensar cuando hablamos de alienados. Pero la alienación puede ser mucho peor porque las personas pueden entregarse a pensamientos mágicos. Sin comprender la política, alejados de las fuentes de información sobre lo que ocurre, empiezan a imaginar, a ver lo que no existe. Cuando este proceso es colectivo, estas personas están listas para entregarse a un líder mesiánico", afirma Dória.

En este escenario conturbado, el equipo de transición liderado por el vice de Lula, Geraldo Alckmin, se esfuerza para ampliar el techo del gasto público antes de la aprobación de los Presupuestos de 2023 y así poder asegurar que en la próxima legislatura sea posible costear las ayudas sociales introducidas durante la pandemia.

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En el extremo opuesto, el Partido Liberal (PL) de Bolsonaro ha lanzado un órdago a la desesperada para intentar anular el resultado de las elecciones. Para entender esta estrategia kamikaze, que a finales de cuenta se ha convertido en un tiro en el pie que podría resultar en la muerte política del actual mandatario, hay que dar un paso atrás.

Jair Bolsonaro, un excapitán del Ejército, tardó casi dos días en comparecer públicamente tras la victoria de Lula y en su breve discurso no reconoció su derrota, ni dio la enhorabuena a su rival político.

A partir de aquel momento, se multiplicaron los rumores de que el presidente de Brasil podría intentar impugnar el resultado de las elecciones siguiendo la estela de su homólogo estadounidense Donald Trump. Son más que conocidas las críticas de Bolsonaro a las urnas electrónicas, a pesar de las pruebas aportadas por el Tribunal Superior Electoral (TSE) de que estarían blindadas frente a los ataques de hackers. Bolsonaro llegó incluso a reunir a los principales embajadores del mundo para alertar sobre posibles fraudes electorales, ocultando que nunca hubo incidentes de este tipo desde su implantación en 1996.

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Para aquietar los ánimos, el expresidente del TSE, Luís Roberto Barroso, propuso en agosto a las Fuerzas Armadas que integrasen una comisión electoral de control para aumentar la transparencia. Su decisión fue duramente criticada por una parte de la sociedad civil, que destaca los 21 años de feroz dictadura militar y alega que no es papel del Ejército fiscalizar las elecciones en una democracia. Sin embargo, la invitación ya había sido presentada y el Ministerio de Defensa acabó redactando el famoso informe. Durante semanas se creó una gran expectativa de que podría respaldar las teorías conspiratorias de Bolsonaro.

Finalmente, el documento publicado el 9 de noviembre señalaba que no se encontraron irregularidades en el proceso electoral, al mismo tiempo que sembraba dudas con una redacción intencionalmente ambigua. "Se observó que la ocurrencia de acceso a la red, durante la compilación del código fuente y la consecuente generación de los programas, puede constituir un riesgo relevante a la seguridad del proceso", dice el texto del informe presentado por ministro de Defensa Paulo Sérgio de Oliveira. "Nótese el uso del verbo 'poder'. A pesar de no tener hechos que corroboren su hipótesis, [el ministro] trabaja con ella para crear hechos. Algo que no ha demostrado ser falso no es necesariamente cierto, al igual que algo que 'podría' suceder no necesariamente sucedió en realidad", analiza el comentarista Leonardo Sakamoto.

Mientras tanto, Bolsonaro seguía callado en el Palacio de la Alvorada, la residencia oficial en Brasilia, sin aparecer en el Planalto, la Casa Blanca brasileña, ni en ningún acto político. Para algunos analistas, se trata de una estrategia política calculada para evitar posibles condenas en los tribunales. Para el periodista e investigador Thomas Trauman, en cambio, "el presidente no se imaginaba que podía perder las elecciones". "Una parte significativa del tiempo que pasó encerrado dentro de la Alvorada, estuvo prácticamente en estado de shock. No tenía un plan B. No había un plan de qué hacer si perdía", asevera.

Quien volvió a mover las piezas en el tablero fue el presidente del Partido Liberal (PL), Valdemar Costa Neto, un político con un pasado oscuro que fue condenado a casi ocho años de prisión por corrupción pasiva y blanqueo de capitales durante la investigación del escándalo político del Mensalão, y posteriormente recibió el indulto del Supremo. El 22 de noviembre, Costa Neto pidió oficialmente que se invalidase el voto del 59% de las urnas electrónicas construidas antes del año 2020 alegando irregularidades.

Pero solo pidió la anulación de los votos en la segunda vuelta. De esta forma, el PL excluyó del pleito deliberadamente los votos de la primera vuelta, que garantizaron a su partido a 99 diputados federales y ocho senadores, llegando a formar el grupo parlamentario más grande de su historia.

La iniciativa fue rápidamente rechazada por el TSE, cuyo presidente Alexandre de Moraes pidió datos también sobre la primera vuelta. Ante la evidencia de que la base del partido no iba a querer anular el resultado de las elecciones legislativas, Moraes impuso una multa de 22,9 millones de reales (4,13 millones de euros) al partido por haber actuado con "mala fe".

Quien volvió a mover las piezas en el tablero fue el presidente del Partido Liberal (PL)

Varios analistas políticos destacan que Bolsonaro ha delegado el trabajo sucio a Costa Neto y a los manifestantes, mientras optaba por un prudente silencio. Supuestamente está aquejado por una infección en la piel de las piernas. Pero hay cada vez más rumores sobre una posible depresión, agudizada por el miedo a ser encarcelado si se levanta el secreto de 100 años colocado en varias acciones presidenciales, tal y como ha prometido Lula.

Mientras tanto su candidato a la vicepresidencia, el general retirado del Ejército Walter Souz Braga Netto, se encarga de mantener las bases movilizadas, enviando mensajes ambiguos a los apoyadores del excapitán. "No pierdan la fe, eso es todo lo que puedo decir ahora mismo", dijo Braga Netto a un grupo de fans reunidos en las inmediaciones del palacio presidencial.

"Ha llegado el momento de pensar que a lo mejor el Capitolio brasileño todavía no aconteció, porque hasta aquí está todo muy parecido con lo que pasó en los Estados Unidos en 2020, La diferencia clara es que nuestro sistema electoral da el resultado en pocas horas", advierte el periodista y escritor Pedro Dória. "Bolsonaro representa un movimiento fascista y como todo fascismo es un culto, una manera religiosa, mística, alienada de ver el mundo. Para perdurar, precisa de una gran mentira, una gran traición que coloque a la militancia en una sensación de victimismo. Es la mentira de que las elecciones fueron fraudadas", añade Dória.

En los últimos días ha empezado a circular en las redes sociales un vídeo que muestra a un simpatizante de Bolsonaro convocando a los tiradores deportivos, los cazadores y los coleccionistas de armas para impedir que se celebre el acto de "diplomação", adelantado para el 12 de diciembre. En que el presidente electo Lula va a recibir la documentación oficial para la investidura, que acontecerá el 1 de enero de 2023. "Quisiera pedir al sector de la agroindustria, a los empresarios, que den vacaciones a los camioneros y los envíen a Brasilia. Son solo 15 días, no hará mucha diferencia [en su economía]. Pregunten también a tiradores que tienen armas legales... Hoy somos 900.000 tiradores en Brasil, vengan aquí y muestren su presencia", pide el empresario Milton Baldin en un acto celebrado en el Estado de Mato Grosso. Fuentes de la Corte Suprema ya habían mostrado preocupación de que algún atentando contra la democracia pueda ser llevado a cabo en esta fecha.

Mientras tanto, Lula ya está gobernando de facto. Ha sido aclamado en Egipto durante la COP-27 como el líder que el mundo desea para frenar la deforestación de la Amazonía e incluso hace declaraciones de solidaridad a los familiares de profesores y alumnos asesinados a tiros en una escuela por un franco tirador solitario, contrastando con el silencio sepulcral del Bolsonaro.

Lula tiene por delante muchos retos. Primero, conseguir que durante la investidura el excapitán le pasa la banda presidencial. Hay rumores de que Bolsonaro podría viajar al extranjero para evitar este trámite, que le resulta humillante. Además, el nuevo presidente tendrá que negociar con un Congreso y un Senado hostiles, conseguir fondos públicos para implementar sus ambiciosos planes sociales y convencer a los 58 millones de votantes de Bolsonaro que la corrupción ya es cosa del pasado.