"Fraude electoral": Trump pone a prueba la fortaleza de la democracia estadounidense

Cuando se tiene un presidente como Donald Trump con tendencia natural a la mentira, es normal que la máquina del fango lo extienda sobre todos los ámbitos de la vida pública. Cuando se forma parte de un partido en el que la más mínima disidencia ha sido señalada con nombre y apellidos desde la sala Roosevelt de la Casa Blanca, es normal que se le siga el juego, ya sea por supervivencia o por sintonía. Da igual que una declaración falsa (o, para ser más corteses, sin pruebas que la avalen) ponga en riesgo la credibilidad del sistema electoral al poner en entredicho procedimientos regulados por ley. Todo sirve para desacreditar el posible (aunque improbable) vuelco de una victoria celebrada de antemano y para enfangar un poco más a Estados Unidos dando pábulo a teorías conspirativas que minan el sistema democrático.

Pasada una semana de las elecciones de mitad de mandato del 6 de noviembre, todavía no hay resultados definitivos y quedan por resolverse las ajustadas votaciones que han impedido proclamar ganador en puestos tan relevantes como los de gobernador de Georgia y Florida o la plaza de senador en este último estado. En términos generales, no variará el retrato: los demócratas se han hecho con la Cámara de Representantes mientras los republicanos mantienen el Senado. A la importancia práctica (un gobernador tiene amplios poderes a nivel estatal o más plazas en el Senado implican para los republicanos aprobar con mayor tranquilidad nombramientos del presidente), se le suma la simbólica.

En un momento de tanta tensión en el país, con los demócratas empezando a construir su estrategia de cara a las presidenciales de 2020, hacerse con un estado clave para determinar presidente como es Florida o ganar, como sucedió el lunes con Kyrsten Sinema, el primer asiento por Arizona en el Senado desde 1988, permite elevar el nivel de una ola demócrata que ha ganado fuerza con el paso de los días, el escrutinio de los votos y el análisis más detenido de los resultados.

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Por encima de lo simbólico y de lo práctico se sitúa lo legal. Los EEUU están presididos por un hombre que ha calificado de "robo" y "fraude" el proceso de recuento de los votos en Florida establecido por la propia ley, que determina que si un candidato aventaja a otro por menos de un 0'5% de los votos se ha de proceder a un recuento automático. Si después de éste la distancia queda por debajo de un 0'25%, se inicia entonces uno manual (aunque parcial). En esa primera fase están en Florida después de que el recuento provisional le diera al candidato republicano al Senado, Rick Scott, una ventaja de 56.000 votos en la noche de las elecciones, que quedó reducida a menos de 13.000 con el paso de los días. La reducción animó a Scott a asegurar que su adversario "el senador [Bill] Nelson está intentando cometer fraude para ganar".

¿En qué se basa Rick Scott, todavía gobernador de Florida, para emitir un juicio acusatorio de tal calibre? La respuesta que dio en Fox News fue señalar a dos condados de Florida, de tendencia demócrata, donde "aparecieron 93.000 votos después de la noche electoral". Scott sembró la sospecha sobre su procedencia, omitiendo que la ley de Florida permite que los votos sigan recontándose hasta el sábado posterior a las elecciones o que la noche electoral quedaban además por recontar los votos del extranjero y de los militares.

El Partido Republicano ha puesto sus ojos en particular sobre los condados de Palm Beach y muy especialmente el de Broward (ha merecido al menos 7 tuits de Trump), donde han señalado a la supervisora electoral Brenda Snipes, de la que han pedido que sea apartada de su cargo. Snipes fue nombrada en 2003 por el entonces gobernador Jeb Bush y ha sido reelegida para el cargo hasta en cuatro ocasiones. Irónicamente, era potestad de Rick Scott deshacerse de ella, máxime teniendo en cuenta que la oficina electoral que dirige Snipes había cometido diversas irregularidades durante varios de los procesos electorales coincidentes con los dos mandatos de Scott como gobernador de Florida. A pesar de todo el ruido y la furia, y de que el Departamento de Estado envió personal de refuerzo para supervisar el proceso en este condado durante las elecciones de la semana pasada, hasta hoy no se han puesto demandas por fraude electoral ante los órganos competentes y la Secretaría de Estado ha informado de que no han encontrado evidencias que lo avalen.

Irregularidades sí, pero sin pruebas de fraude

Lejos del fraude, sí se han detectado en este condado diversas pequeñas irregularidades. Por ejemplo, 22 papeletas que habían sido rechazadas se encontraban mezcladas con 180 votos válidos. Y en la noche electoral, la oficina de Snipes infringió la ley de Florida al no a actualizar los resultados cada 45 minutos o al cerrarla a las dos y media de la madrugada para que los trabajadores se tomaran un respiro antes de completar el recuento al que están obligados (exceptuando el de las papeletas provisionales y procedentes del extranjero). En el condado de Palm Beach se detectó el duplicado a mano de papeletas dañadas (legal) sin la supervisión correspondiente (ilegal). Irregularidades denunciables que están lejos de suponer un fraude electoral, como ha insistido no solo el candidato Rick Scott sino el presidente de Estados Unidos o el otro senador republicano por Florida, Marco Rubio.

Rubio fue uno de los primeros en entrar al trapo de las muy diversas teorías conspirativas que se han difundido por las redes en los días posteriores a las elecciones y que tanto él como otros miembros del Partido Republicano han amplificado a través de las redes sociales, en sus intervenciones televisivas y a través de campañas publicitarias. Rick Scott, que responsabiliza del "fraude" a los "liberales", llegó a solicitar que se confiscaran los votos y máquinas de votación del condado de Broward. El juez Jack Tuter le denegó la petición el pasado lunes, advirtió sobre las consecuencias para el país de este tipo de acusaciones sobre un proceso electoral y aconsejó a quien tenga pruebas de fraude que las presente a los agentes de la ley. Por su parte, los demócratas demandan a Scott que se recuse de la supervisión del recuento al ser parte interesada.

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Por contraste, el tono en torno a la resolución de la elección de gobernador en Florida parece civilizado. El demócrata Andrew Gillum retiró su concesión de la victoria al republicano Ron DeSantis después de que se conociera que la distancia entre ambos se encontraba también por debajo del 0'5% que obliga a recuento. En este caso, DeSantis aventaja de inicio a Gillum por casi 34.000 votos. Un colchón que quizá le permitió un relajado "agradecimiento" a los funcionarios encargados de la supervisión de las elecciones.

A través de Twitter, el presidente Donald Trump lleva días azuzando el fantasma del fraude electoral después de unas elecciones cuyos resultados vendió como "casi una victoria completa", cuando para el Partido Republicano han supuesto la pérdida de al menos 32 asientos en la Cámara de Representantes y 6 puestos de gobernador. Camino de París, tuiteó incluso sobre la "corrupción" en las elecciones de Arizona. La candidata republicana, Martha McSally, por el contrario, deseó "éxito" a su contrincante demócrata al admitir su derrota.

La situación en Florida despierta recuerdos muy dolorosos para el Partido Demócrata. En 2000, Al Gore perdió las elecciones presidenciales frente a George W. Bush por un puñado de votos en este estado después de semanas de denuncias de fraude e irregularidades y de un recuento interrumpido por el Tribunal Supremo cuando Bush apenas aventajaba a Gore por algo más de 300 votos. Con independencia de la relevancia de aquel momento en comparación con el actual, y teniendo en cuenta que Florida decide presidentes de uno y otro color por muy escaso margen, la reacción de Donald Trump (y del Partido Republicano) sugiere una pregunta inquietante: ¿Sería capaz el presidente de aceptar democráticamente una derrota electoral en 2020?