¿Quiénes mueven los hilos de la imputación de González Laya?
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Afines a las autoridades de Rabat

¿Quiénes mueven los hilos de la imputación de González Laya?

Un exdiputado del PP, un empresario originario de Tánger y un abogado con familia marroquí impulsan la investigación judicial contra la exministra de Exteriores y su jefe de gabinete

Foto: La exministra de Exteriores Arancha González Laya, durante su visita a Rabat en enero de 2020. (Reuters)
La exministra de Exteriores Arancha González Laya, durante su visita a Rabat en enero de 2020. (Reuters)

Mohamed VI, el rey de Marruecos, pronunció el 20 de agosto un discurso conciliador con España en el que abría la vía a poner fin a una crisis que Rabat desató el 10 de diciembre —aplazó 'sine die' la cumbre entre los dos gobiernos— y reconciliarse. Desde entonces el Gobierno español, con el presidente Pedro Sánchez a la cabeza, ha mostrado su disposición a normalizar relaciones con Marruecos. El ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, habló el martes pasado por teléfono con su homólogo marroquí, Nasser Bourita, y le pidió de nuevo mantener una reunión presencial para acercar posturas.

Estas palabras amables del monarca no se corresponden, sin embargo, con la ofensiva judicial contra el Gobierno por acoger en abril a Brahim Ghali, el líder del Frente Polisario, que sigue adelante en el juzgado de instrucción 7 de Zaragoza. Su titular ya imputó a Camilo Villarino, exdirector de gabinete de Arancha González Laya, y el martes se anunció que tenía la intención de hacer otro tanto con la exministra de Asuntos Exteriores.

Foto: La exministra de Asuntos Exteriores Arancha González Laya. (EFE)

El magistrado Rafael Lasala, titular de ese juzgado, ha citado también como testigos a José María Muriel, ex secretario general técnico de Exteriores; a Susana Crisóstomo, directora de gabinete del ministro de Interior, y a María Isabel Valdecabres, exdirectora de gabinete de la exvicepresidenta Carmen Calvo. Sopesa citar también a esta última porque así se lo ha pedido la acción popular.

La intención del juez a través de esos testimonios es, según fuentes conocedoras del caso, determinar si el presidente Pedro Sánchez fue el responsable de aquella decisión, aunque como está aforado no le podrá imputar. González Laya ya prepara su declaración, en la que intentará blindar a Sánchez cuando el magistrado le pregunte quién dio el visto bueno a hospitalizar en España, el 18 de abril, al saharaui Brahim Ghali. Laya invocará el carácter secreto de las deliberaciones del Gobierno.

El comienzo del fin de Laya

González Laya se mostró en abril partidaria, por “razones humanitarias”, de atender la petición del Gobierno de Argelia y hospitalizar en España —ingresó en el hospital San Pedro de Logroño— a Ghali, enfermo grave de covid. El ministro Fernando Grande-Marlaska se opuso a ello temeroso de que, si se enteraba, Marruecos dejase o alentase incluso la emigración irregular, según fuentes de Interior. Sánchez zanjó a favor de González Laya, aunque en julio la sacó del Gobierno porque se había convertido en la 'bestia negra' de las autoridades marroquíes.

Foto: El líder del Polisario, Brahim Ghali. (Reuters)

La ministra convenció a Sánchez argumentando, además de las razones humanitarias, que su homólogo marroquí, Nasser Bourita, le había pedido un favor —ayudar a sacar a Marruecos de la lista de países que no toman suficientes medidas contra el blanqueo de dinero-— que ella estaba dispuesta a hacerle. Le comunicaría a la vez a Bourita que Ghali estaba en España y que se le había ayudado en lo que solicitó. Así se atenuaría el impacto de la primera noticia. González Laya tuvo la mala suerte de que los servicios secretos marroquíes se enteraron antes y la filtraron a la prensa afín.

Pedro Sáchez rehusó aclarar el miércoles en Nueva York si fue él quién, en última instancia, decidió permitir la entrada de Ghali, pero sí respaldó a González Laya de la que, sin embargo, no dudó en prescindir menos de tres meses después de la llegada de Ghali. “El Gobierno de España hizo lo que debía, que es dar respuesta a una cuestión humanitaria, y lo hizo como debía, conforme a la ley”, declaró el presidente.

Detrás de esa ofensiva jurídica hay una doble acción popular protagonizada por letrados y clientes con fuertes vínculos políticos o familiares con Marruecos. De ahí que, muy probablemente, “un gesto de Rabat bastaría para que retiraran las denuncias” que formularon, opinan fuentes diplomáticas conocedoras de las complejidades del poder en Rabat.

La acción popular que protagoniza el abogado Antonio Urdiales sostiene nada menos que González Laya y Villarino pudieron cometer delitos de malversación, encubrimiento y prevaricación. La que representa el letrado Juan Carlos Navarro, que ejerció la defensa de Francisco Correa, insta al juez a investigar si hubo falsedad en documento público, obstrucción a la Justicia y constitución de organización criminal. Navarro presentó primero una denuncia en Logroño, que el juzgado archivó, y a continuación se trasladó a Zaragoza para unirse a Urdiales. Allí, su denuncia sí fue admitida a trámite por Rafael Lasala.

Foto: Imagen: EC Diseño.

Brahim Ghali entró en España, acompañado por un hijo suyo, a través de la base aérea de Zaragoza. Voló hasta allí en un avión del Estado argelino. Poseía un pasaporte diplomático argelino a su nombre, que no le fue requerido para entrar. El Gobierno echó mano de un artículo del código Schengen para dispensarle de ese trámite, como sucede con otras muchas personalidades que viajan a España. Ghali no se registró en el hospital —fue llevado a la UCI—, pero sí lo hizo uno de sus acompañantes, con un nombre falso.

El eje de la acusación popular

Desde su bufete de Torremolinos (Málaga), Urdiales fue el primero en presentar una denuncia en Zaragoza. En conversación con El Confidencial, aseguró que no lo hacía por encargo, sino que él era su “propio cliente”. ¿Cuáles eran sus motivaciones? Está casado con una mujer marroquí, tiene familia en Marruecos y se considera “perjudicado” porque “a causa de la crisis” no puede ir a visitarla embarcando en Tarifa (Cádiz) para viajar a Tánger. El tráfico de ferris en el estrecho de Gibraltar está interrumpido desde marzo de 2020 a causa de la pandemia. Esa suspensión no guarda ninguna relación con la crisis diplomática.

Foto: Brahim Ghali. (Reuters)

En una entrevista con el diario marroquí 'Risalat al Oumma', Urdiales dio una explicación más política de la denuncia que interpuso. Sostuvo que España había “provocado un conflicto diplomático con Marruecos” y que debía asumir todas las consecuencias.

El abogado valenciano Juan Carlos Navarro sí tiene dos clientes amigos entre ellos. El primero es el empresario Rachad Andaloussi Ouriaghli, de 31 años, de origen marroquí, afincado en Valencia y que obtuvo la nacionalidad española hace cinco años. Al adquirir otra nacionalidad, los marroquíes no pierden la suya de origen. Este hombre de negocios aspira ahora a presidir la Cámara de Comercio de Marruecos en España, según reveló Juan Carlos Galindo, perito judicial, en una tribuna publicada en 'La Vanguardia'.

Foto: Brahim Ghali, hospitalizado. (EFE)

Rachad Andaloussi Ouriaghli contrajo matrimonio por todo lo alto con Marian Salomón el 4 de septiembre en Tánger. A su boda asistieron numerosas personalidades españolas, como el exministro José Bono, y unas cuantas árabes, entre ellas, algunos saharauis que aborrecen al Polisario. No es de extrañar. Andaloussi Ouriaghli ya intentó en abril apuntarse como acción popular a la querella presentada en la Audiencia Nacional por torturas contra Brahim Ghali, pero no lo consiguió.

En la boda, también estuvo Juan Vicente Pérez Aras, de 57 años, exdiputado del Partido Popular en el Congreso (2015-2019) y hoy en día miembro activo de Foro 2020, una corriente de ese partido en Valencia de la que también forma parte Francisco Camps. Pérez Aras es el otro denunciante al que representa el letrado Navarro, del que además es amigo.

Foto: Bono conversa con Rachad Andaloussi Ouriaghli durante la ceremonia. (Foto cedida) Opinión

¿Cuál es su motivación? “Hemos optado por la acusación popular cuando, una vez más, el Gobierno nos ha ocultado la información mediante sus cortinas de humo”, respondió el lunes en una entrevista en la emisora de radio Intereconomía.

El exdiputado popular lleva años defendiendo a las autoridades de Marruecos en la prensa española y elogiándolas cuando le entrevista la prensa escrita o la televisión marroquí. Justificó, por ejemplo, el 13 de noviembre en la MAP (agencia de prensa oficial marroquí) la incursión que llevó a cabo el Ejército de Marruecos en Gueguerat (sur del Sáhara Occidental) con la que desencadenó la guerra de baja intensidad que libra contra el Polisario desde hace 10 meses.

“La reciente crisis con Marruecos ha sido una muestra más de la ineficiencia de un Gobierno [de España] que siempre va por detrás, a remolque”, escribió Pérez Aras el 23 de agosto en 'El Periódico de Aquí', una publicación valenciana. "El desprecio al fortalecimiento de nuestra histórica alianza con Marruecos alcanzó su más alta cota con el reciente caso Ghali", añadió. “Afortunadamente, la diplomacia marroquí ha vuelto ha [sic] darnos una lección” con el discurso conciliador del rey, concluyó.

Foto: Imagen de archivo del líder del Frente Polisario, Brahim Ghali (c). (Reuters)

Pérez Aras también ha cogido la pluma para ensalzar, esta vez en mayo en el diario 'ABC', la figura de su amigo y codenunciante en Zaragoza, Andaloussi Ouriaghli. “Su proximidad a jefes de Estado y gobiernos cumplimenta un perfil con un marcado acento monárquico, liberal y dialogante, premiado por el prestigioso Crans Montana Forum”, que se celebra en el Sáhara Occidental controlado por Marruecos, recalca Pérez Aras.

Toda esta ofensiva judicial de los afines a las autoridades de Rabat tiene al menos un punto débil que pone en peligro toda la operación. Tanto Urdiales como Navarro han presentado denuncias y no querellas, lo que no les da derecho a ejercer la acción popular. Aun así, el juez instructor se lo ha permitido. Antes de abrir diligencias, debería haberles pedido que pusieran una querella e imponerles una fianza aunque fuera simbólica. Como no lo hizo, la Abogacía del Estado ha recurrido la legitimación de ambos letrados para ejercer la acción popular.

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