El independentismo quiere llevar a Rajoy y a altos cargos del Estado ante La Haya

La plataforma 'Querellants per la República', que hace un año presentó una querella contra el juez Pablo Llarena, tiene previsto presentar otra en la Corte Penal Internacional (situada en La Haya) por delitos de lesa humanidad contra España y algunos de sus dirigentes y autoridades. Esta iniciativa obedece a la estrategia de internacionalización del conflicto catalán.

La querella que se prepara en la Corte Penal Internacional quiere ser una denuncia colectiva para "abrir una investigación por crímenes de lesa humanidad por la persecución política y los graves ataques padecidos por la población civil y pacífica de Cataluña el 1 de octubre de 2017". Este tipo de crímenes son aquellos por los que fue juzgada internacionalmente Serbia, a causa del conflicto en Kosovo, donde hubo miles de muertos.

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Según los documentos de esta plataforma a los que ha tenido acceso El Confidencial, el Estado español persigue a las fuerzas políticas de "ideología soberanista/independentista catalanas por motivos ideológicos e identitarios, vulnerando reiteradamente el derecho de sufragio activo y de representación política de los electores". La querella asegura que esta persecución se realiza mediante "resoluciones judiciales arbitrarias, acordando prisión provisional insostenible contra los líderes independentistas por crímenes no cometidos alterando así, de forma intencionada, las mayorías parlamentarias resultantes de las elecciones".

Además, consideran crímenes de lesa humanidad la "violencia infligida por las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado español contra los votantes y manifestantes pacíficos del 1 de octubre de 2017, con tratos vejatorios y provocando daños físicos y morales a más de 1.000 personas".

Los querellados

La querella va dirigida contra el expresidente del Gobierno español, Mariano Rajoy; el exministro del Interior, Juan Ignacio Zoido; el exdelegado del Gobierno en Cataluña, Enric Millo; el coronel de la Guardia Civil responsable del operativo policial del 1-O, Diego Pérez de los Cobos; el fiscal del Tribunal Supremo, Javier Zaragoza; el teniente coronel jefe de la policía judicial de la Guardia Civil en Cataluña, Daniel Baena; el magistrado Pablo Llarena, instructor de la causa; los magistrados de la Sala de Apelaciones del Supremo; la Sala Segunda del Supremo, que juzgó a los acusados por el 1-O; los miembros del Tribunal Constitucional, el presidente del CGPJ y del Supremo, Carlos Lesmes; y el presidente de la Junta Electoral Central, Segundo Menéndez.

La querella está pilotada por la misma asociación que en julio del año pasado presentó una demanda contra el juez Llarena en el Supremo, por los presuntos delitos de prevaricación y vulneración del derecho fundamental de sufragio activo. A ese litigio se adhirieron 3.500 ciudadanos (tras una larga campaña de sensibilización y captación de activistas), aunque la intención de sus promotores era lograr varias decenas de miles de querellantes.

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Esta asociación, que tiene su sede en un despacho de abogados especializado en derecho de familias y herencias, "tiene como finalidad defender los derechos civiles y políticos del pueblo de Cataluña en el marco de nuestra lucha para alcanzar la independencia, llevando a cabo acciones tanto jurídicas como sociales". Para el nuevo reto que se ha planteado, buscará durante las próximas semanas a activistas que se sumen a la querella de la Corte Penal Internacional, advirtiendo de que "no comporta ningún riesgo económico. El fiscal de la Corte Penal Internacional decidirá si abre o no investigación, pero en ningún caso se impondrán costas ni ninguna clase de multa a los denunciantes".

No es esta la única iniciativa judicial emprendida por los independentistas. Una intensa campaña llevada a cabo a travñes de Internet, apoyada por círculos ultraindependentistas y partidos políticos recaudó más de 12.000 euros para interponer demandas por acoso a Marta Torrecilla. Esta activista, exconcejala de ERC, fue la que acusó a la policía española de haberle roto los dedos de las manos "uno a uno" y de haberla agredido sexualmente el 1 de octubre de 2017 en el instituto Pau Claris de Barcelona, acusaciones que no se aprecian en los vídeos donde se recogen los hechos.

Cuatro procesados

Al difundirse sus datos por algunos portales, según los independentistas, recibió "más de 7.800 mensajes de WhatsApp, 315 llamadas y 791 SMS". En la querella que se prepara, se afirma que el entonces delegado del Gobierno, Enric Millo, afirmó en el juicio del 1-O que la propia Marta "había desmentido la agresión padecida el 1 de octubre e incluso que se habría disculpado, algo que es rotundamente falso. La declaración de Millo fue una acción más de la campaña de humillación del conjunto de víctimas del 1-O".

Sobre este caso, hay una investigación abierta en el juzgado de instrucción número 27 de Barcelona, que se dividió en tres procedimientos diferentes. En uno de ellos, cuatro personas fueron identificadas "por enviar mensajes amenazantes y vejatorios a Marta, con una enorme carga de odio ideológico y de contenido machista. Después de diversas diligencias, el juzgado acordó, a petición de nuestra acusación, la tramitación del procedimiento abreviado, por lo que con nuestro escrito de acusación 4 personas irán a juicio".

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Por otro lado, se investigan "90 mensajes amenazantes y vejatorios recibidos en el buzón de voz y que, en función del resultado de las diligencias pendientes, podrán dar lugar a nuevas acusaciones". Finalmente, un tercer procedimiento investiga "el origen de la publicación de datos personales de Marta y la incitación al acoso".

La plataforma Tot Suma, dedicada a buscar financiación colectiva para proyectos soberanistas, ya ha recaudado más dinero del necesario para sufragar los pleitos en marcha y los que vendrán. La próxima meta del soberanismo es obligar a Enric Millo a que rectifique su declaración ante el Tribunal Supremo. El 9 de julio, se presentó un escrito ante el juzgado para que el exdelegado del Gobierno se retracte de su declaración. De no hacerlo, los independentistas interpondrán contra él una "demanda por daño al honor", para lo que ya disponen de fondos suficientes, así como de 1.000 euros para una campaña de comunicación y 500 euros más para gastos diversos.