¿Podría bajarse a 100 km/h el límite en autovía por el escaso ahorro del '110' en 2011?

Ya se sabe que cuando el río suena... Y en este caso no es que suene, sino que hay quien mete ya sus pies en la corriente para saber si cubre mucho o si el agua está fría. Porque la vicepresidenta tercera del Gobierno y ministra de Transisión Ecológica y para el Reto Demográfico, Teresa Ribera, declaraba recientemente que su departamento, y el Ejecutivo de Pedro Sánchez en general, trabajan en un plan de ahorro y eficiencia energética que podría incluir una serie de "recomendaciones" destinadas a reducir el consumo de energía y, por tanto, la necesidad de importar combustibles fósiles, ahora que el conflicto bélico de Ucrania ha acentuado algunos problemas de suministro que, por ejemplo, encarecen la factura de los derivados del petróleo.

Y entre esa recomendaciones figurarían muchas relacionadas con el transporte por carretera o el uso de los vehículos particulares, pues la ministra abogaba en sus declaraciones por una serie de contribuciones básicas de los ciudadanos, como un mayor uso del transporte público, el fomento del teletrabajo o compartir el automóvil en nuestros desplazamientos. Sin embargo, Ribera también señaló que una de las recomendaciones recogidas en ese plan de ahorro y eficiencia energética pasaría por una reducción de la velocidad máxima en nuestra red viaria, y aunque el planteamiento inicial apuntaría a una mera petición de colaboración del conjunto de la sociedad para rebajar la factura petrolífera, ya hay precedentes en ese sentido y algunas alarmas se han encendido entre los usuarios.

Porque en 2011, el Gobierno de José Luís Rodríguez Zapatero cambió durante poco más de tres meses, y con idéntico objetivo, el límite de velocidad en autovías y autopistas, bajándolo de 120 km/h a 110 km/h. Prácticamente de la noche a la mañana debieron ser modificadas más de 6.100 señales repartidas por las vías rápidas españolas, operación que tuvo un coste aproximado de 250.000 euros y que poco después debió ser revertida para devolver a toda la red viaria española de alta capacidad el límite de velocidad habitual.

Se ahorró un tercio de lo previsto

El plan del Ejecutivo de Zapatero, llevado a cabo para paliar las consecuencias de un barril de petróleo a más de 120 dólares, pasaba, al parecer, por ahorrar hasta un 15% de carburante con dicha medida, aunque finalmente el ahorro se quedó muy por debajo de lo previsto, pues el consumo de combustibles cayó en ese periodo solo un 5,7%, con una reducción de 450 millones de euros en la factura. Sin embargo, la posibilidad de que vuelva a reducirse por ley el límite de velocidad salta a la actualidad porque, además, y según la propia ministra Ribera, es una de las recomendaciones realizadas por la Agencia Internacional de la Energía (IEA). Pero diversas fuentes apuntan a que, de llevarse finalmente a cabo, la reducción esta vez podría ser aún mayor para lograr el ahorro que se pretende, de modo que en lugar de bajarse a 110 km/h, el límite en autovías y autopistas quedaría en 100 km/h. El río suena.

La medida, además, se enmarcaría dentro de una estrategia a largo plazo que parece tener el uso del vehículo privado en el punto de mira, con propuestas como la aplicación de un peaje en nuestras autovías, que por ahora parece aparcada por el actual Gobierno a la espera de escenarios sociales y económicos más propicios. En cualquier caso, no parece un fenómeno en clave nacional, porque las recomendaciones de la IEA van en esa misma línea y se lanzan a todos los países de nuestro entorno, incluyendo la ya citada reducción de "al menos" 10 km/h en el límite de velocidad en las vías rápidas, pero también el abaratamiento del transporte público, el fomento de la bicicleta y otras soluciones de micromovilidad, el teletrabajo en casa tres días por semana cuando sea factible, el uso compartido del vehículo, la circulación por las ciudades en días alternos según la matrícula del coche, los incentivos a la compra de automóviles eficientes o eléctricos, la paulatina sustitución de los vuelos por viajes en tren o, incluso, la prohibición del uso de los automóviles en las grandes ciudades los domingos.