La banca sustituye al BCE como compradora de deuda en pleno choque con el Gobierno

El Tesoro está ante el desafío de encontrar compradores de deuda que suplan al Banco Central Europeo (BCE), y su principal aliada está siendo la banca. Justo un sector en el que el Gobierno ha puesto el foco al diseñar un impuesto extraordinario con el que recaudar 3.000 millones en dos años. Un tributo que tensa las relaciones entre la Moncloa y las cúpulas de las grandes entidades.

Las subidas de tipos de interés hacen más atractiva la compra de bonos del Tesoro, que han pasado de cotizar al 0,6% al empezar 2022 a hacerlo en el 2,8%. Un ‘rally’ que se explica por el giro de la política monetaria ante el impulso de la inflación, y que se contuvo en junio con el anuncio del BCE de un plan de antifragmentación financiera, con el que seguir adquiriendo bonos periféricos después de expirar las compras netas de activos.

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Aun así, el coste de financiación del Tesoro ya ha vivido un punto de inflexión. En agosto, según los últimos datos del organismo que dirige Carlos Cuerpo, el tipo medio de la deuda en circulación alcanzó el 1,63%, frente al 1,54% de marzo, que fue mínimo histórico antes del repunte generalizado de los tipos de interés. También se está acortando la vida media de la deuda emitida, desde el máximo de 8,15 años de abril hasta los 7,92 años de agosto.

Estos datos ya empiezan a vislumbrar que colocar deuda es más difícil y más caro que hace unos meses. El BCE tiene más de un tercio de los bonos vivos que ha emitido el Tesoro, pero se ha echado a un lado, y el organismo dependiente de Economía debe seducir a otros inversores. La propia subida de tipos ha atraído a los bancos que, por primera vez desde 2014, están comprando más deuda pública que el BCE.

Los datos de tenedores de deuda del Tesoro llegan hasta junio, mes en que las entidades financieras acabaron con 158.058 millones en bonos españoles, el 13,18% del total. La cuantía y el porcentaje han ido aumentando durante el año, pero la tendencia se aceleró durante los dos meses previos, ante el renovado apetito de la banca por la deuda pública, que si se mantiene a vencimiento genera ingresos por los cupones que suman en el margen de intereses, mientras que si obtienen ganancias por la compraventa de bonos se cuantifican en el resultado de operaciones financieras (ROF).

La banca española empezó el año con 140.127 millones en deuda pública española, el 12,16% de los bonos en circulación. Las entidades aprovecharon la escalada de la prima de riesgo en marzo de 2020 para comprar bonos y, cuando el BCE la relajó con su intervención, dejaron de adquirir bonos. Ahora han vuelto a aprovechar su liquidez para obtener rentabilidad por esta vía, justo cuando el Tesoro más necesita nuevos compradores.

El Tesoro no puede contar con el BCE como comprador estable, aunque en los últimos meses haya seguido incrementando de forma neta su tenencia de deuda española para evitar la fragmentación financiera. Es decir, para contener la prima de riesgo. Por ello, tiene que atraer a nuevos inversores, algo que la mera subida de los tipos de interés sirve para atraer a bancos y fondos extranjeros. Los inversores internacionales también incrementaron en junio su inversión, desde los 490.982 millones de mayo hasta los 498.649 millones.

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De esta forma, las compras de la banca, que, como se ha dicho, ha invertido más en bonos que el BCE por primera vez en ocho años, son un balón de oxígeno para el Tesoro. El problema es que puede ser efímero, por dos razones. La primera es el vínculo con el riesgo país. Y la segunda es el conflicto político entre la gran banca y la Moncloa.

Así, hay que tener en cuenta que a los supervisores no les gusta que los bancos se carguen con deuda nacional para evitar que se amplifique la espiral de riesgo país, como ocurrió entre 2011 y 2012. Es decir, que la debilidad de la banca aumente la vulnerabilidad del Estado por su mayor dificultad de emitir deuda o viceversa, que las cuentas públicas se deterioren y afecten a la solvencia del sector financiero. En este sentido, desde la Autoridad Europea de Banca (EBA, por sus siglas en inglés) y otros supervisores, prefieren que los bancos diversifiquen. Es decir, que Santander, BBVA, CaixaBank o Sabadell compren deuda portuguesa, italiana o francesa, y no solo la española.

De hecho, en la presentación de su nuevo plan estratégico, CaixaBank anunció que tiene margen para aumentar su cartera de renta fija (ALCO), pero diversificando. El bono portugués, por ejemplo, ofrece el mismo tipo de interés que el español y las entidades no perciben un binomio de rentabilidad-riesgo muy diferente al del Tesoro. Santander, por su parte, lleva años usando la inversión en bonos como cobertura de los tipos de interés, para compensar los cambios en la rentabilidad de la cartera de crédito. Pero, en general, la compra de bonos se utiliza desde la banca como una fuente extra de rentabilidad.

Impuesto a la banca

Para ello, pueden comprar bonos de cualquier país. Los portugueses o los franceses no consumen más capital que los españoles. Los ingresos que se generen por la inversión de deuda a vencimiento suman al margen de interés, una de las partidas, junto a la de las comisiones netas, a la que se aplicará el nuevo impuesto a la banca del Gobierno de Pedro Sánchez. El gravamen, que ha llegado ya al Congreso, será del 4,8%.

Por lo tanto, cuanto más bonos compren los bancos para dejarlos en cartera, más impuesto pagarán. También tienen la opción de especular y venderlos para arañar ingresos por el precio, si es que este sube, pero con las alzas de tipos no es la tendencia que se espera (si suben los tipos del bono en el mercado secundario baja su precio).

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Además, y no menos importante, se han tensado las relaciones entre los grandes bancos y el Gobierno, que habían mejorado durante el covid. Pedro Sánchez ya tuvo una propuesta no diseñada de impuesto a la banca cuando inició su carrera por ganar a Susana Díaz y llegar a la Moncloa, pero tras la moción de censura quedó en un cajón. En julio, Sánchez anunció en el Congreso por sorpresa un nuevo impuesto a la banca, para las grandes entidades, con el objetivo de que las entidades contribuyan a este momento complejo, con 3.000 millones a cambio del beneficio extra del sector por la subida del euríbor.

Los bancos están ultimando su estrategia ante el impuesto propuesto por el Gobierno. En principio, se espera que las entidades afectadas sean las 10 españolas supervisadas por Europa —Santander, BBVA, CaixaBank, Sabadell, Bankinter, Unicaja, Abanca, Kutxabank, Ibercaja y Cajamar— y BNP, pero el sector presiona para que se incluyan a otras como ING o Deutsche Bank. Asimismo, la banca sigue estudiando otras alternativas. Este lunes, el ‘think tank’ de CEOE, el Instituto de Estudios Económicos (IEE), aseguró que el tributo podría ser anticonstitucional, una vía que han analizado los bancos.