El ‘think tank’ de la CEOE critica el impuesto a la banca: “Elude los controles democráticos”

El servicio de estudios de la CEOE (Confederación Española de Organizaciones Empresariales) pone el grito en el cielo por el impuesto a la banca. El Instituto de Estudios Económicos (IEE) ha presentado un informe que califica la prestación de ilegal, contrario al Estado de derecho y a las leyes comunitarias. La CEOE ha anunciado que va a presentar enmiendas a la ley.

Juan Martín Queralt, autor del estudio, ha resaltado tres graves incumplimientos del tributo que han propuesto el PSOE y Unidas Podemos, cuya tramitación parlamentaria se pondrá en marcha este martes.

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El primero es que “es un impuesto y no una prestación”, como ha anunciado. El segundo porque vulnera el derecho comunitario. Y el tercero porque “quiebra los principios sancionadores”: “Uno tiene que saber cuál es la infracción y cuál es la sanción, tener un marco tan abierto está absolutamente vetado en derecho penal”, afirma Queralt.

Así, este informe considera que la propuesta de ley presenta muy graves problemas “desde el punto de vista constitucional ya que vulnera el principio de seguridad jurídica del artículo 9.3 de la Constitución por su retroactividad, al someter al mismo hechos acontecidos en 2019, antes del nacimiento de la obligación, y los principios tributarios de generalidad, igualdad y capacidad económica del artículo 31.1 de la Constitución”.

Beneficio a extranjeros

Así, el IEE destaca el hecho de que se fije un umbral de 800 millones que beneficia “a bancos extranjeros y empresas ‘fintech” o por “no considerar el mismo gasto deducible en el Impuesto sobre Sociedades”.

El servicio de la CEOE también cuestiona que se haya elegido un trámite parlamentario de urgencia que ha esquivado dictámenes como el del Consejo de Estado y la consulta pública. “Lo peor es que es un informe que no resuelve nada y que generará inseguridad jurídica”, afirma Íñigo Fernández de Mesa, presidente del instituto.

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“De aprobarse la propuesta de ley, tal y como está redactada, el daño al Derecho sería irreparable. Lo que está en juego no es solo el Derecho, sino el Estado de derecho”, añaden los autores del informe.

Este estudio calcula un impacto sobre la economía de casi 5.000 millones de euros (cuatro décimas del PIB) y 72.000 ocupados menos.