Cien ciudadanos elegidos aleatoriamente empiezan a decidir la política climática

La Asamblea Ciudadana para el Clima echó a andar el sábado 20 de noviembre, con la primera de cinco reuniones telemáticas, en la que participaron cien ciudadanos españoles elegidos aleatoriamente con el mandato de deliberar sobre las soluciones y los cambios necesarios para hacer realidad una España más segura y neutra en carbono.

Los asamblearios deberán debatir y analizar, en reuniones que se celebrarán una vez al mes y en fin de semana, un conjunto de cuestiones sobre las que trasladarán sus recomendaciones al Gobierno y al Congreso de los Diputados para su conocimiento. Las propuestas se remitirán cada cinco meses, por lo que las primeras llegarán en abril de 2022.

El Gobierno se compromete a desarrollar 30 líneas de acción para afrontar la crisis climática

Las preguntas a responder son propuestas por un variado grupo de expertos que asesorará a esta Asamblea, a la que obliga la Ley de Cambio Climático y Transición Ecológica aprobada la pasada primavera. El primer mandato que los cien primeros elegidos tendrán que resolver es “Una España más segura y justa ante el cambio climático: ¿cómo lo hacemos?”.

Aunque su participación en la Asamblea es voluntaria, cada uno de ellos percibirá unos 650 euros, más o menos una retribución similar a la de la presidencia de las mesas electorales, según el diseño de este nuevo órgano asesor.

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Durante su presentación, la directora de la Oficina Española de Cambio Climático, Valvanera Ulargui, destacó que la asamblea llega en un momento “de gran consenso” y recordó que se trata de un mandato no solo recogido en la Ley sino también en la declaración de emergencia climática y ambiental aprobada por el Consejo de Ministros el 21 de enero de 2020.

En esa declaración el Gobierno se comprometía a desarrollar 30 líneas de acción para afrontar la crisis climática y aprovechar los beneficios sociales y económicos de la transición ecológica. Precisamente, uno de aquellos compromisos era reforzar los mecanismos de participación que ya existen y garantizar de manera estructurada la participación ciudadana en el proceso de toma de decisiones con una asamblea ciudadana que debe tener una representación “equilibrada entre hombres y mujeres” y que incluirá también a los jóvenes. Así, el diseño de la selección tendrá en cuenta criterios como edad, género, nivel educativo, procedencia geográfica y residencia en área urbana o rural.

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Esta aleatoriedad en la elección excluye en todo caso la participación de cualquier diputado, senador, europarlamentario o cualquier miembro de asamblea legislativa autonómica; alcaldes, concejales, miembros de juntas de gobierno municipal; representantes de diputaciones, cabildos, consejos insulares o entidades equivalentes, ni miembros de partidos políticos.

Para cada mandato, es decir, cada cinco meses, se elegirá a cien españoles distintos que serán reclutados por una empresa externa, mientras que los trabajos de puesta en marcha y apoyo logístico estarán liderados por miembros del Basque Centre for Climate Change (BC3) y la RedEspañola para el Desarrollo Sostenible (REDS).

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Durante las reuniones, un grupo de expertos plantearán las cuestiones a debatir por los miembros de la asamblea. Después de la primera reunión, más bien de carácter formativo, el fin de semana del 11 y 12 de diciembre los asamblearios discutirán sobre las causas e impactos del cambio climático y el contexto nacional e internacional. La última de sus sesiones está prevista para los días 23 y 24 de abril cuando compilarán sus recomendaciones y propuestas para su remisión posterior al Gobierno y al Congreso de los Diputados.