España tendrá una ley de cambio climático para ser neutra en carbono en el año 2050

La ley de cambio climático y transición energética, que ha de llevar a España a alcanzar la neutralidad climática en 2050, afronta la recta final de su tramitación parlamentaria y podría ser una realidad pocas semanas después de Semana Santa. El proyecto, que acumula años de retraso desde la adopción del Acuerdo de París en 2015, logró ser aprobado esta semana por la ponencia, que ha trabajado un texto legislativo al que se presentaron más de 750 enmiendas.

Después del parón de la Pascua será debatido por la Comisión para la Transición Ecológica y Reto Demográfico del Congreso de los Diputados, que cuenta con competencia legislativa plena. Esto significa que no será necesario su debate en el pleno de la Cámara Baja y desde allí será remitido al Senado para culminar el proceso, de modo que la ley de cambio climático española será una realidad esta misma primavera.

De momento, el texto de la ponencia cuenta con la mayoría suficiente para su aprobación gracias a los votos favorables de PSOE, Unidas Podemos, ERC, EH-Bildu, PNV y Teruel Existe, pero desde los grupos del Gobierno de coalición quieren recabar un respaldo mayor.

En ese sentido el diputado de UP Juan López de Uralde ha manifestado en sede parlamentaria que, aunque el texto cuenta con los apoyos necesarios, espera y desea que en el proceso final se sumen más grupos, ya que se trata de una "norma fundamental, muy importante, porque va a cambiar el marco normativo sobre una serie de cuestiones transversales que afectarán a todos en el día a día”.

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Uralde ha defendido que el texto que se someterá a la Comisión de Transición Ecológica es “mejor” que el propuesto inicialmente por el Gobierno porque cuenta con mayor ambición y eficacia. Entre los cambios introducidos, ha destacado el incremento en el horizonte 2030 de los objetivos “mínimos” de reducción de emisiones de CO2, que pasan del 20 al 23 por ciento; la penetración de energías de origen renovable en el consumo final de energía se eleva del 35 al 42%; y el objetivo de un sistema eléctrico con, al menos, un 70 por ciento de generación renovable crece hasta el 74%. Asimismo, el objetivo de eficiencia energética sube del 35 al 39,5 por ciento, en línea con la normativa de la Unión Europea.

No obstante, los proponentes aspiran a introducir en el proyecto de ley la posibilidad de que estos objetivos vuelvan a revisarse en 2023. Sin embargo, para el diputado ecologista, que preside la citada Comisión parlamentaria, uno de los avances “más importantes” es la prohibición de la exploración y explotación de hidrocarburos y minería de uranio en España. A su juicio “sin lugar a duda” será el final de la mina de Berkeley en Retortillo (Salamanca), según lo pactado en el artículo 8 y el artículo 8 bis de la ley, que cuenta también –hasta la fecha– con el voto favorable del PP.

Final de trayecto

De ese modo, una vez esté aprobada la ley ya no se admitirán más solicitudes para este tipo de iniciativas ni se concederán más permisos. Además, se ha añadido un apartado nuevo a la disposición adicional transitoria primera por la que esto se aplicará también “a todas las solicitudes de autorizaciones de exploración y permisos de investigación que se encuentren en tramitación en el momento de entrada en vigor de la presente ley”, lo que afectaría de pleno a la mina de Retortillo, que está pendiente del dictamen del Consejo de Seguridad Nuclear (CSN).

En materia de movilidad, establece el fin de la matriculación de los vehículos de combustión “no más tarde de 2040” y las ciudades deberán contar con zonas de bajas emisiones antes de 2023. Asimismo, los consistorios deberán fomentar la bicicleta, entre otros modos de transporte sostenibles y los hábitos saludables de sus ciudadanos, al tiempo que deberán crear corredores verdes periurbanos que conecten los espacios verdes.

Sin embargo, Verdes Equo (Equo y Más País) critican el texto por su “falta de ambición” y han anunciado que seguirán intentando “hasta el último momento” que la ley esté a la altura del reto climático para que “no nazca vieja” y suponga de verdad una palanca de cambio.

Por su parte, el ponente del Partido Popular Diego Gago coincide en que el texto es “pobre” y “llega tarde” aunque reconoce que el proyecto “ha mejorado” durante la tramitación parlamentaria, ya que ha admitido enmiendas de todos los grupos, pero opina que aún tiene “mucho camino de mejora”. En ese sentido, asegura que el PP comparte los objetivos del Gobierno, pero le diferencia la “autopista” para alcanzarlos. “El cambio climático es un grandísimo problema, el mayor reto de la sociedad, pero es una fuente de oportunidades para España”, ha manifestado.

Una oportunidad perdida

Desde las ONG ambientales, el responsable de clima de Ecologistas en Acción, Javier Andaluz, lamenta la “falta de ambición” del proyecto de ley y considera que esta era una “oportunidad histórica” para lograr un consenso “ambicioso” que fuera capaz de afrontar las consecuencias del calentamiento global y, sin embargo, el texto actual refleja “pocos cambios” de relevancia.

Andaluz recuerda que las ONG ecologistas apuestan porque la neutralidad climática se alcance no en 2050 sino en 2040 y por ello critican la falta de un compromiso a la altura del reto, ya que, además de llegar tarde, el texto no establece una ruta de descarbonización “con claridad”.

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Desde Ecologistas en Acción, SEO/BirdLife y WWF reclaman que el proyecto de ley introduzca cambios dirigidos a que el despliegue de energías renovables se realice minimizando su impacto en la biodiversidad y estas se instalen en las zonas “con menos sensibilidad ambiental”.

Las tres entidades ambientales alertan de que es preciso proteger el patrimonio natural, ya que consideran que en la actualidad la implantación de estas energías se está acometiendo sin una adecuada planificación territorial. Esto lleva a que se estén designando como “adecuadas” en zonas de alto valor ecológico y paisajístico o en superficies agrícolas y ganaderas de alto valor natural, lo que conlleva un riesgo para la biodiversidad que, a su vez, puede acelerar la despoblación rural.