Repáralo, no lo tires: la UE obliga a los fabricantes a que sea más fácil y barato

Con cerca de 35 millones de toneladas anuales, los residuos de aparatos eléctricos y electrónicos constituyen la fracción de la basura que más crece en la UE, mostrando una tasa de recuperación y reciclaje inferior al 40%. Asimismo, y según datos oficiales, la eliminación prematura de bienes de consumo produce 261 millones de toneladas de emisiones equivalentes de CO2, contribuyendo así de manera destacada al avance del cambio climático.

Para hacer frente a este conflicto el Parlamento Europeo ha aprobado este martes una nueva ley para fomentar la reparación de todos los productos de este tipo (en el texto legal aprobado se habla de ‘bienes’) que se comercialicen en la Unión Europea, a fin de extender su vida útil, reducir los residuos y “alcanzar una mayor circularidad dentro de la economía”. Además, la implantación de dicha pretende contribuir a evitar el malgasto pues, según los cálculos de la UE, los consumidores europeos en su conjunto pierden cada año alrededor de 12.000 millones de euros al sustituir sus aparatos en lugar de repararlos.

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En esencia lo que viene a reconocer esta nueva normativa es el derecho de los consumidores a poder reparar los aparatos eléctricos y electrónicos. Para ello obliga a los fabricantes a que los componentes de sus productos sean fácilmente extraíbles, reparables o sustituibles a bajo coste, obligando a los estados a promover servicios de reparación cómodos de contratar, ágiles en la entrega y a un precio razonable, para lo que reclama una reducción del IVA aplicado a estos servicios.

La mejor opción será reparar

La nueva normativa establece asimismo que los fabricantes deberán informar a los consumidores de este derecho. Una obligación que irá más allá del período de garantía legal de tres años fijado en 2022 por la UE. Así, una vez expirada dicha garantía, el fabricante seguirá obligado a prestar el servicio de reparación de sus aparatos con independencia de la fecha de compra: ya sean lavadoras, neveras, televisores, impresoras o teléfonos móviles, entre otros dispositivos. Además, la garantía legal de los bienes reparados se ampliará un año más, lo que, según Bruselas, “debería incentivar todavía más a los consumidores a elegir la reparación en lugar de la sustitución”.

Los consumidores tendrán asimismo derecho a disponer de un dispositivo de sustitución, de las mismas características o superior, mientras reparan el averiado. Y en el caso de que la reparación no sea posible, podrán optar a un aparato reacondicionado a un precio inferior. De lo que se trata es de facilitar la reparación para ponerla al alcance de todos, de manera que resulte verdaderamente más rentable e igual de fácil arreglar un aparato averiado que comprar uno nuevo.

Con ese espíritu se creará una plataforma digital en la que los consumidores podrán encontrar fácilmente talleres de reparación con listas de precios (dependiendo de la naturaleza del defecto y la duración del servicio), vendedores de productos reacondicionados, compradores de artículos defectuosos o incluso tutoriales de autorreparación. Además, los gobiernos deberán promover el derecho a la reparación mediante campañas divulgativas y de información para llegar a todos los públicos.

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Para evitar el engaño la ley prohíbe que los fabricantes incorporen cláusulas eximentes en la garantía de venta del producto, así como cualquier otra estrategia de mercadeo que les libre de la responsabilidad de tener que reparar sus productos.

Recordemos que, y a fin de alargar la vida útil de los aparatos y reducir sus residuos, esta totalmente prohibido dotar a los aparatos de sistemas de obsolescencia programada predeterminados por el fabricante. Algo que con la nueva ley será incluso más perseguido. Se acabó que la impresora, la tele o el móvil dejen de funcionar sin más y sin posibilidad de reparación.

Los estados miembros disponen de dos años para incorporar esta normativa a su legislación a partir de su publicación en el diario oficial de la Unión Europea.