Europa se prepara para frenar la dependencia del gas de Rusia en plena guerra de Ucrania

La Unión Europea ha anunciado que no se va a quedar de brazos cruzados frente a la inaudita escalada de precios energéticos. Ante la premisa de la gran dependencia energética que históricamente arrastra el Viejo Continente de su vecina Rusia, la Comisión Europea ha decidido pasar a la acción presentando un paquete de líneas de actuación con el objetivo, en un horizonte a corto plazo, de romper los lazos energéticos entre la Unión Europea y Rusia.

Se aumentan las obligaciones para el almacenamiento energético con el fin de afianzar y garantizar la seguridad del suministro

La invasión de Ucrania ha tensionado, más si cabe, las cadenas de suministro de diversos recursos energéticos que importamos desde Rusia. Y es que, sobre el total, de Rusia recibimos el 47% del carbón, el 41% del gas (61% en el caso de Alemania), el 27% del petróleo y el 20% del uranio. Las sanciones económicas aplicadas tienen doble filo, al ser los países del norte y del este mucho más dependientes que aquellos que disponen de regasificadoras en sus puertos y otros gaseoductos procedentes del norte de África.

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La situación de los mercados energéticos, en conjunto, es insostenible. El gas se alzó hasta los 199 €/MWh —y sin techo—, provocando, a causa del modelo marginalista de los mercados eléctricos (en el que la central más cara marca el precio para todas las anteriores, incluso aunque sean más baratas), que el precio de la electricidad haya logrado, en todos los países, récords históricos. En España, alcanzó la semana pasada los 442 €/MWh, una cifra que hace unos meses se presuponía como inimaginable y absolutamente inalcanzable.

Más renovables y más rápido

Ante una situación histórica y dramática, la Comisión Europea ha sacado a la luz pública un documento que evidencia sus puntos débiles e indica las contramedidas de refuerzo para disminuir su dependencia energética y conseguir una energía más asequible, segura y sostenible. Así, la primera línea de acción, en plena transición energética, es acelerar, gracias a los fondos de recuperación, el desarrollo de las renovables, del biogás y del hidrógeno verde, al ser los sustitutivos del gas fósil.

Además, propone utilizar los contratos de carbono por diferencia para promover el hidrógeno verde, en virtud de los que un Gobierno o institución puede acordar, durante un periodo de tiempo, un precio determinado para este. Para el biogás, por otro lado, fija un objetivo de 35 bcm (miles de millones de metros cúbicos) para 2030, instando a los países miembros a adoptar, en línea con el propuesto, sus propios objetivos y las herramientas para su impulso.

En el caso de la solar, la eólica y el resto de renovables, en plena expansión, la Comisión aboga por que los Estados miembros aceleren la transposición y la implementación en su marco normativo de las Directivas Europeas de Energía Renovables. Conjuntamente, alega la ubicua necesidad regulatoria de disminuir los trámites administrativos y fijar plazos, siempre sin perder la exigencia de las evaluaciones de impacto ambiental, pese a la búsqueda de una simplificación del proceso legal.

Un suministro seguro y asequible

Según la Comisión, se deben seguir aplicando y aumentando las rebajas fiscales, ampliando los plazos temporales sobre disminuciones impositivas, tarifas sociales, bonos energéticos y subvenciones a las diferentes energías para aumentar el ritmo de la descarbonización, a la par que se pone en valor la eficiencia y se inician los planes de rehabilitación energética.

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Así mismo, según las posibilidades de cada país, esas políticas fiscales deberían financiarse con los ingresos crecientes de los impuestos sobre la energía y el régimen de comercio de derechos de emisión (ETS). Los más de 30.000 M € obtenidos en 2021 por los Estados miembros de las subastas de derechos de emisión de CO₂ pueden ser utilizados para rebajar los altos precios, compensando y amortiguando el alza de las facturas energéticas de los sectores más vulnerables.

Diversificar y almacenar el gas

De cara al próximo invierno, en previsión de que los altos precios se mantengan, presentan un plan de gas para el invierno que establece obligaciones para el almacenamiento energético con el fin de afianzar y garantizar una seguridad del suministro. Por ello, fija un mínimo del 30% de capacidad de almacenamiento cubierta por todos los países en septiembre, siendo relevante la coordinación nacional y regional, permitiendo que los Estados miembros cooperen en función de sus capacidades logísticas y de infraestructura.

Sobre la procedencia del gas, la Comisión incide en la necesidad de aumentar la diversificación de los proveedores y la interconexión de países mediante gaseoductos, así como otorgar un rol destacado al gas natural licuado (GNL), potenciando la implantación de terminales de regasificación en los Estados miembros. España es el líder europeo con seis regasificadoras.

Rediseñar el funcionamiento del mercado eléctrico

A la espera del informe definitivo de la Agencia de Cooperación de los Reguladores de la Energía (ACER), que se presentará a principios de abril, la Comisión Europea, como ya le pidió el Gobierno de España en 2021 junto con otros ocho países, abre la puerta a cambiar las reglas del mercado eléctrico para que el gas no fije ni determine los precios de la electricidad.

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Solo si, de manera excepcional, el informe de evaluación de ACER es favorable, se dará luz verde a lo que muchos expertos demandan: mecanismos alternativos a la fijación actual de los precios de la electricidad y potenciar los acuerdos de compra de electricidad a largo plazo: contratos bilaterales de energía eléctrica entre un generador y una empresa, institución e, incluso, Administración pública.

Mientras tanto, como ya aprobó España en septiembre a través del Real Decreto Ley 17/2021 (revisado y aclarado con posterioridad), también permite aplicar medidas para minorar temporalmente los sobreingresos de las eléctricas, por los altos precios del gas en el mercado, y retraer sus beneficios para que los Estados miembros puedan aplicarlos sobre los costes regulados de la tarifa eléctrica y rebajar el precio de la electricidad para los consumidores finales.