¿Quién paga el entierro de los migrantes que mueren en las pateras? La disputa de los 800€

Arguineguín está vacío. Este muelle en Mogán (Gran Canaria) apenas cuenta con 6.000 metros de dársena pesquera. Pero allí llegaron a hacinarse hasta 6.357 personas —todas migrantes— en un solo mes, en una de las crisis humanitarias más dramáticas que se recuerdan en España. Fue en noviembre de 2020 e incluso la Audiencia Provincial de Las Palmas reconoció que no hubo recursos suficientes con los que atenderles. Ni en la vida, ni en la muerte. Tres años después, la alcaldesa de este municipio ha hecho un anuncio insólito: el Ayuntamiento que dirige dejará de costear los entierros a extranjeros que mueren en las costas. De sus palabras derivó un conflicto competencial y las acusaciones cruzadas no tardaron en llegar. Hay quienes la llaman "racista", denuncia Onalia Bueno, la regidora, de Juntos por Mogán-Coalición Canaria. No está de acuerdo: "Si hay algún racista, ese es el Estado".

La Organización Internacional para las Migraciones (OIM) detectó el año pasado el número más elevado de muertes por ahogamiento en fronteras europeas desde 2017. Al menos 2.925 personas perecieron en el mar. En España, los destinos habituales suelen ser claros: Islas Canarias, Murcia, Alicante, Algeciras, Almería, incluso Barcelona... En la ruta atlántica, que separa África Occidental con el archipiélago, estimaron 560 fallecidos o desapariciones desde la OIM, 22 de ellas de menores. Nada más recibir el anuncio de la alcaldesa, Moncloa no tardó en reaccionar.

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La Delegación del Gobierno en Canarias expuso un informe de la Abogacía del Estado previo a la Transición. Este documento de 1974 vino a responder a un caso idéntico en otra de sus islas, la de El Hierro. En él se especifica que los cuidados posmortem y el entierro de personas sin recursos son competencia municipal, de las Administraciones "en cuyo término haya ocurrido la defunción". En este caso, del Ayuntamiento de Mogán. Además, al ser musulmanes la mayoría de los que perecen en el mar, los funerales deben hacerse según el rito islámico, con unos protocolos específicos.

La alcaldesa, sin embargo, alega que la muerte se produjo en "aguas nacionales" y, por tanto, es Salvamento Marítimo —que depende del Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana— quien ejecuta el primer rescate y traslada los cuerpos a tierra. "Estamos trabajando en una demanda", señala Onalia Bueno a este diario. Según sus cálculos, cada inhumación cuesta a las arcas municipales unos 800 euros, que le habrían supuesto 12.000 euros en lo que va de año. La conversación se produce el mismo día en el que el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, se reúne por primera vez en un encuentro intersectorial con el Gobierno de Canarias, tras acordarse reforzar la coordinación en materia migratoria hace cosa de un mes. Visto lo visto, los migrantes mueren en el mar, pero nadie quiere pagar las flores. Entonces, ¿quién pone el dinero?

Los detectives del Mediterráneo

En muchos casos, nadie. Martín Zamora es el dueño de una funeraria en Algeciras, Cádiz. A sus playas llegan los cadáveres de personas que naufragaron en una embarcación —por lo general, precaria— y perdieron la vida. El último balance de la Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR) sobre la situación en la frontera sur indica que en 2022 aumentaron las personas que llegaban a nado, como polizones a través de un puerto o a bordo de embarcaciones toy o kayaks en la ruta que conecta Ceuta con Algeciras. Generalmente, marroquíes. Martín convive con ello todos los años. A sus 63 y sin planes de jubilarse, aún recibe avisos constantes por muertes en alta mar o cerca de la costa. Hace décadas, concretamente en 1999, algo dio un giro a su vida.

"La idea se me ocurrió el día en el que nos llegó una patera con 16 fallecidos", rememora. Recién abrían la funeraria y funcionaban con turnos de guardia, alternados por semanas. Esa noche le tocó a Martín, que tuvo que levantar los cuerpos. Cuando preguntó a los agentes y autoridades allí presentes qué era lo que se hacía exactamente con ellos una vez hallados sin vida, le dijeron —en palabras del vecino algecireño— que "al estar sin identificar, se enterraban en el mismo sitio donde habían aparecido". Ahí acababa la historia. Pero uno de los migrantes llevaba consigo un número de teléfono. "Eso fue lo que me movió por primera vez a buscar a las familias".

La película Retorno a Hansala (Chus Gutiérrez, 2008) narra la historia de un agente funerario llamado Martín que un día descubrió que todos los muertos que aparecieron esa jornada pertenecían a la misma aldea marroquí. Consigue ponerse en contacto con la hermana de uno de los fallecidos, Leila, y ambos intentan repatriar el cadáver del joven en una furgoneta. Lo que cuenta es la historia real del propio Zamora y cómo creó Southern Funeral Assistance, una empresa desde la que investigaba el origen de quienes llegaban sin identidad aparente ni vida a las costas del Campo de Gibraltar. Hacía viajes a Marruecos para trasladar cuerpos, y así reunirlos con familiares y amigos: "Somos algo así como los detectives del Mediterráneo".

Claro que, reconoce, "las familias rara vez pueden asumir el coste de la repatriación". Por sus servicios cobran "entre 2.500 y 3.000 euros", estima Martín. Aunque al principio, admite, solo perdían dinero. "Buena parte de nuestro trabajo consiste en buscar formas de pagarlo", explica. Lo que quiere decir es que, sobre todo al principio, pocos parientes o allegados de las víctimas del mar podían permitirse el lujo de asumir ese coste con tal de volver a ver, aunque sea sin vida, a sus seres queridos. En la mayoría de los casos, buscan donaciones a través de ONG, mezquitas o en colectas entre amigos, familias y conocidos. Al final, juntan lo necesario para financiar el trayecto. Por el camino, toca pelearse con juzgados, ayuntamientos o consulados.

El drama de Aisha

Es lo que le ocurre a Aisha Said. Esta marroquí perdió a su sobrino, cuya identidad no puede desvelar. Tampoco la suya propia, por eso su testimonio se narrará bajo este nombre ficticio. Era la condición que impusieron los padres del joven para conceder una entrevista. El cuerpo de su hijo, sobrino de Aisha, sigue en la morgue. Perdió la vida el 30 de julio, el pasado verano, tras huir en patera de su país natal. Lo encontraron en Almería. A día de hoy, el cadáver aún no ha sido repatriado. Los trámites y el proceso —todo, en general— estaban siendo "caóticos", como ha podido constatar ella misma. "Se convierte en un maratón administrativo inhumano", lo describe.

Su sobrino les contó que iba a irse con unos amigos a un viaje por vacaciones cerca de Sidi Rahal, en la costa de Casablanca. Harían acampada en la playa. O eso les dijo. La realidad era muy distinta. El día 27 de julio, su madre recibió una llamada que cambiaría su vida para siempre. Aún no saben quién fue, pero se presentó como un amigo y les explicó que viajaba con él en una embarcación hacia España. Antes de morir, el joven les contó que creía estar teniendo un ataque, y poco después respiró su último aliento.

Para constatar su testimonio, la persona que les contactó describió exactamente la ropa que llevaba su sobrino cuando partió, y les contó que el cadáver llegó hasta la playa de San José, en Almería. La madre del joven, y su cuñada, le pidió ayuda de inmediato y juntas contactaron con la morgue almeriense. Ahora esperan a una resolución tras unas pruebas de ADN que se realizaron para constatar su parentesco. Es una exigencia de la Interpol —la mayor organización de la policía internacional—, explica, aunque ahora esta quedara en manos del Gobierno marroquí. No obtienen apenas información sobre el proceso, más que puede durar "meses o incluso años", según les explicaron. Cuando buscaron ayuda en España, supieron pronto dónde acudir.

"Es un maratón administrativo inhumano", relata la tía de un fallecido en el mar

Southern Funeral Assistance, la funeraria de Martín Zamora, ya no existe como tal. La pequeña compañía pasó a integrarse en una entidad sin ánimo de lucro que coordina este tipo de servicios en distintas delegaciones el país. El Centro Internacional para la Identificación de Migrantes Desaparecidos (CIPIMD) cuenta con sedes en los principales puntos calientes: Andalucía, Canarias, Murcia, Alicante, Valencia, Ibiza, Barcelona... La centralita está en Málaga, desde donde se conectan los migrantes fallecidos o sin paradero conocido con las familias o allegados que, a través de un formulario web, denuncian haber perdido el contacto con un ser querido. Entonces toca verificar que existe una relación entre ambos. Es lo que ahora ocurre con Aisha Said y la búsqueda de su sobrino, un caso en el que les ayuda CIPIMD.

CIPIMD: "Lo habían perdido. Ahora se quedan sin nombre ni tumba. ¿Quién lo pagará?"

Los datos más exactos los tiene el Ministerio del Interior, a través de información que les comunican otras zonas de España a las que llegan embarcaciones o incluso personas a nado. La portavoz de CIPIMD, Mari Ángeles Colsa, confirma que las competencias funerarias para estas víctimas del mar las tienen los ayuntamientos, con quienes mantienen una relación constante, en aras de recopilar información que ofrecer a quienes les contactan. "Decidir qué hacer con estos datos también depende de la Policía Nacional o de la Guardia Civil. Normalmente, los segundos", añade Colsa.

Sin embargo, cree que a veces la opacidad o las dificultades que exponen cuando se les solicitan estas referencias generan, en la mayoría de casos, "una auténtica indignidad" para los familiares. "Vienen en pateras cochambrosas porque no tienen otra vía para entrar a Europa. Saben que pueden morir y muchos lo hacen, como vemos. Lo habían perdido todo y pagado una fortuna —el viaje hasta España en una de estas embarcaciones ronda los 1.000 y 2.000 euros— para que ahora su cadáver se pueda quedar sin nombre ni tumba. ¿Quién lo va a pagar?", cuestiona.

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Hasta la fecha, ningún otro Ayuntamiento ha planteado una propuesta como la de Mogán. La alcaldesa se reafirma en declaraciones a este periódico en que no piensan pagar "ni un euro más", y justifica la decisión en que ese dinero proviene de los impuestos de sus residentes. "Merecen una sepultura digna y jamás lo negaré, pero no entiendo cómo aún nos regimos por una ley franquista [se refiere a la de 1974, que delega las competencias sanitarias mortuorias en los municipios] y que nació cuando aún no teníamos todas estas muertes en alta mar", resuelve la alcaldesa, que recuerda que en las últimas décadas se han producido nuevos picos migratorios que han puesto a prueba repetidas veces el sistema.

Qué dicen las administraciones

Preguntados por la decisión de esta localidad canaria, desde el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones zanjan que "no pueden entrar a valorar lo que hacen otras administraciones", e instan a "cada uno" a "ejercer las competencias que les corresponden". En su caso, indican, es la acogida. Y el de costear los entierros, deslizan sin decirlo directamente, pertenece al Ayuntamiento de Mogán. Aunque la localidad costera acepta seguir ofreciendo sus nichos para sepultar a quienes murieron en el mar tras un proceso migratorio, no consienten seguir poniendo el dinero.

Desde Salvamento Marítimo, la empresa pública que vela por la seguridad en aguas españolas, comunican que el pasado verano —entre el 15 de junio y el 15 de septiembre— rescataron por medios propios (sin contabilizar rescates iniciados por la Guardia Civil) a un total de 6.371 personas en el archipiélago desde los centros de Las Palmas (4.059) y Tenerife (2.312). Hubo ocho fallecidos a bordo de embarcaciones precarias o en malas condiciones. A fecha de publicarse este artículo, el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, del que depende este organismo de seguridad en el mar, no ha respondido cómo valoran el planteamiento de la alcaldesa de Mogán ni qué alternativas pueden ofrecerse, si es que ha de hacerse, para reducir los costes municipales por las muertes en el agua.

Sobre si es o no el Estado a través de este órgano el que ha de hacerse cargo del entierro, responden desde Salvamento que su labor no es otra que "coordinar" todas las operaciones de salvamento de la zona SAR, el área de responsabilidad que corresponde a cada país miembro de la OMI, la Organización Marítima Internacional. Así que no hay más que hablar: "No entraremos a valorar las declaraciones de la alcaldesa. Se sale de nuestras competencias".