La severa política migratoria de Gibraltar: prisión y expulsión para los 'sin papeles'

La inmigración centra gran parte del debate político español tras el salto masivo de marroquís en Ceuta, el pasado mayo. Y vuelve a ser asunto nuclear para la Unión Europea (UE), ahora que la comunidad internacional debate sobre cómo hacer frente al previsible éxodo afgano. Pues bien, en el litoral sur de la península ibérica hay un espacio de aproximadamente seis kilómetros cuadrados de superficie en los que entrar irregularmente conlleva la detención, ingreso en prisión temporal y el procesamiento judicial de una persona. Es Gibraltar, cuya actual Ley de Inmigración, aprobada en 1962, considera delito una acción que —habitualmente— condena con la expulsión.

16 de agosto: Tres individuos de nacionalidad marroquí son interceptados cuando supuestamente intentaban entrar por vía marítima con 'kayaks'. Son trasladados a la comisaría de New Mole House en calidad de detenidos por encontrarse en la colonia "sin ser ciudadanos gibraltareños ni contar con un permiso pertinente o certificado de residencia válido".

Tres marroquíes fueron detenidos este mes intentando entrar en 'kayaks'

20 de junio: Otros cinco inmigrantes corren la misma suerte cuando el barco en el que viajaban se hundía pasadas las siete de la mañana en aguas que el Gobierno de La Roca considera de su jurisdicción.

16 de junio: La Sección Marítima de la Policía Real de Gibraltar auxilia a ocho hombres de origen norteafricano que iban en una embarcación de cuatro metros de eslora que fue localizada a unos 200 metros al suroeste de Europa Point. Tenían edades comprendidas entre los 19 y 32 años, ninguno requirió asistencia sanitaria y todos ellos fueron arrestados.

Estos son solo tres ejemplos de algunas de las actuaciones que las autoridades de la colonia británica han llevado a cabo este verano en materia de inmigración y que son el resultado de la aplicación de una Ley de Inmigración —Immigration Act— que "obliga a la Policía Real a llevar ante los tribunales a cualquier persona que se encuentre en Gibraltar o en sus aguas sin un permiso o certificado válido, ya que esta situación constituye un delito".

"El tribunal suele emitir una orden de expulsión para la persona en cuestión, que permanece detenida hasta la llegada de su documentación, que hay que gestionar a través de los consulados en Londres", explicó a El Confidencial un portavoz del Ejecutivo que actualmente preside Fabian Picardo, líder del Partido Socialista Laborista de Gibraltar (GSLP —en sus siglas en inglés—).

185 arrestados

En los últimos cinco años, un total de 185 inmigrantes irregulares han sido arrestados en La Roca. Teniendo en cuenta que en sus estadísticas el año policial se extiende del 1 de abril al 31 de marzo, en el periodo 2017-2018 fueron interceptadas 14 personas; cifra que crece notablemente hasta las 42 en el ejercicio inmediatamente posterior. En el periodo 2019-2020 prosigue la tendencia alcista hasta producirse 57 detenciones, pero en el siguiente cae a las 36. Esta misma cifra es la que se ha contabilizado a fecha de 29 de julio del presente año, por lo que es más que probable que, al menos, supere el registro anterior.

La citada fuente precisó que la mayoría de esos 185 inmigrantes eran de origen marroquí que, según las distintas informaciones que a lo largo de los últimos años ha difundido el Gobierno gibraltareño, intentaban acceder por vía marítima en embarcaciones de todo tipo: desde barcas hinchables, pasando por piraguas y hasta embarcaciones de pesca de dimensiones reducidas.

"A comienzos de agosto había 29 migrantes en la prisión esperando su repatriación"

"La situación [logística] es compleja", reconoció el mencionado portavoz, ya que Gibraltar "no dispone de Centro de Internamiento de Migrantes", por lo que los inmigrantes "son alojados en la prisión de Windmill Hill hasta su deportación". "A comienzos de este mes de agosto había 29 migrantes en este centro esperando su repatriación", la cual ha sido "más complicada" debido a las restricciones impuestas por el covid. "Sobre todo en el caso de Marruecos", cuyos enlaces de transporte con la colonia británica "permanecen interrumpidos".

Aunque la Ley de Inmigración gibraltareña data de 1962, y hay quien pudiera pensar que está descontextualizada, lo cierto es que Reino Unido está endureciendo su respuesta policial y penal para contener la llegada de inmigrantes que se está produciendo a través del Canal de la Mancha. Un movimiento migratorio que está convirtiendo el Paso de Calais en un nuevo estrecho de Gibraltar y que dirigentes como Boris Johnson está dispuesto a restringir con contundencia.

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De este modo, el pasado mes de julio, se presentó un proyecto de Ley en el Parlamento británico que contempla la cadena perpetua para los traficantes de personas, pero que también permitirá a la Fuerza Fronteriza a retornar a los inmigrantes a la costa de la que partieron.

La norma incluye un conjunto de medidas mucho más amplio y en el que destacan las limitaciones o restricciones de visados a aquellos países que se nieguen a aceptar a sus nacionales deportados, la reducción de los recursos públicos a los que solicitan el estatuto de refugiado cuando han entrado en el país irregularmente o el desplazamiento a otras zonas mientras se estudian y procesan los casos.