Los pactos de los Cotino y el testaferro principal con el fiscal complican el juicio a Zaplana

Tras dos aplazamientos previos, este jueves ha comenzado finalmente el juicio contra el exministro de Trabajo y exportavoz del Gobierno, Eduardo Zaplana, y otras 14 personas por su presunta participación en una trama de cobro de comisiones durante su etapa como presidente de la Generalitat y la comisión posterior de delitos de blanqueo de capitales, cohecho, falsedad documental y organización criminal. Las sesiones han comenzado con la expectativa de conocer el alcance de los acuerdos que varios de los acusados han cerrado con la Fiscalía Anticorrupción, única acusación en el proceso, con el compromiso de reconocer los hechos y obtener, a cambio, una rebaja de petición de penas que les permitiría no ingresar en prisión.

El Ministerio Público ha negociado acuerdos de conformidad con los hermanos Vicente y José Cotino, que habrían estado en el origen de los hechos como pagadores de las comisiones a través de Luxemburgo, empleando para ello una sociedad denominada Imison Internacional, gestionada en el pequeño país centroeuropeo por Beatriz García Pamesa, sobrina del que fue espía fallecido Francisco Paesa, y que está citada como testigo. El acuerdo, que tiene que confirmarse a lo largo del juicio a través de las confesiones de los acusados en el propio procedimiento, implicaría la atenuante por confesión, lo que podría llevar al fiscal Pablo Ponce a rebajar su petición de penas. En su escrito de acusación, pide 14 años de cárcel para los Cotino. Para Zaplana propone 19 años de prisión.

El paquete de negociaciones, que podría funcionar como un dominó (una pieza mueve a la siguiente pieza), incluye también al que está considerado principal testaferro de Eduardo Zaplana, su amigo de la infancia, Joaquín Barceló, conocido como Pachano. Barceló es la persona que figura como titular de cuentas bancarias en paraísos fiscales y en sociedades utilizadas presuntamente para repatriar fondos a España y destinarlos a inversiones inmobiliarias y otro tipo de operaciones financieras. "Tengo que decirlo dentro", declaró Barceló a su entrada a la Ciudad de la Justicia de Valencia, dando a entender así que las conformidades serán efectivas cuando se produzcan. La declaración de Pachano está fechada para el 10 de abril, un día después de la de Zaplana.

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Los Cotino y Barceló son piezas claves en el proceso que pueden complicar mucho al juicio a Zaplana, cuya defensa se basa, entre otras cuestiones, en negar que el dinero hallado en el extranjero, y del que se han recuperado ya seis millones de euros, sea suyo. En su contra, tiene un testimonio de cargo, el del asesor financiero uruguayo Fernando Belhot, que ha declarado durante la instrucción que los fondos eran propiedad de Zaplana. Fue Belhot quien entregó los seis millones de euros desde una cuenta en Suiza a las autoridades españolas. Está previsto que el asesor comparezca como testigo por videoconferencia desde Uruguay el 24 y 25 de abril.

También se prevé una confesión de los hechos del que fue jefe de gabinete de Zaplana en la Generalitat, Juan Francisco García. El también expresidente del club de baloncesto Estudiantes recibió más de dos millones de euros de los Cotino a través de una sociedad domiciliada en Luxemburgo denominada Fenix Investment. Además, recibió cantidades periódicas en España a través de una consultora. La acusación sostiene que esos pagos, así como los recibidos por Barceló que el fiscal atribuye a Zaplana, corresponden a sobornos o comisiones a cambio de la concesión de estaciones de ITV y parques eólicos por parte de la Administración valenciana.

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El abogado de Zaplana, Daniel Campos, recuperado de sus problemas de salud, abrió la vista con cuestiones previas en las que solicitó la derivación del proceso a la Audiencia Nacional por entender que el grueso de los delitos se habrían cometido en el extranjero, concretamente en Brasil y Luxemburgo. La defensa del exejecutivo de Telefónica ha intentado en varias ocasiones a través de recursos la nulidad del procedimiento o el traspaso de la competencia a la Audiencia y fuera de Valencia. Ninguno de estos recursos ha prosperado.

Las defensas de los Cotino, Juan Francisco García y Barceló no se adhieren a la petición de nulidad

A la posición del abogado de Zaplana se adhirieron los letrados de otros acusados como Francisco Grau, asesor fiscal del exministro, o el expresidente de la Generalitat y de Bancaja, José Luis Olivas, también procesado. Las defensas de los hermanos Elvira y Saturnino Suanzes, acusados de blanqueo, y de Francisco Pérez, Pedro Romero, Carlos Gutiérrez y Roberto Bataouche se expresaron de igual forma. También la de Mitsouko Henríquez, secretaria de Zaplana.

El silencio de los abogados de los Cotino, de Barceló y de Juan Francisco García sobre las peticiones de nulidad y traslado de competencia a la Audiencia del defensor de Zaplana ha sido muy significativo en la primera sesión del juicio y la evidencia de que los acuerdos con el fiscal están avanzados.

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La acusación se mostró en contra del traslado de la causa. Pablo Ponce expuso que el delito de cohecho del que habrían arrancado el resto de delitos se cometió en Valencia. El presidente del tribunal, Pedro Castellano, informó a las defensas de la negativa a aceptar su petición de traslado.

Los jueces también rechazaron la petición de nulidad del procedimiento por haberse iniciado la investigación a raíz del hallazgo de unos documentos en el despacho del abogado de Marcos Benavent, el autodenominado yonqui del dinero, que marcarían la hoja de ruta de la trama de comisiones a cambio de adjudicaciones. Según señaló Benavent, los documentos le fueron entregados por un empresario sirio que residió durante un tiempo en un piso de Valencia que fue propiedad del expolítico popular. Castellano recordó que la Audiencia de Valencia ya rechazó la nulidad y señaló que será en sentencia cuando fundamente su posición jurídica.

El abogado de Zaplana considera que ese registro policial fue irregular, que los papeles no indicaban ningún delito y, por tanto, toda la instrucción estaría contaminada por su carácter "prospectivo". La estrategia de Zaplana tiene en esto un elemento clave que confía en que pueda ser aceptado por instancias superiores en caso de sentencia condenatoria. El fiscal contrapuso que el abogado de Benavent, Ramiro Blasco, no ha expresado ninguna queja sobre el hallazgo de esos papeles durante la instrucción. Está previsto que comparezca como testigo. Benavent sí ha cambiado su posición y ha llegado a apuntar la existencia de "un montaje" contra Zaplana.

El Ministerio Público recordó que, cuando el exministro fue detenido, también se le incautó documentación similar. "La Policía no puede cerrar los ojos ante la evidencia de un delito", señaló Ponce, quien recordó que fue un juez el que inició una instrucción para investigar los hechos. Hasta ahora, ningún recurso de nulidad ha sido aceptado por los tribunales durante la instrucción. Tampoco los abogados de los Cotino, Juan Francisco García y Barceló se adhirieron a esa petición de nulidad, en línea con la previsión de conformidades a lo largo del juicio oral, que se prolongará al menos hasta julio.