Anticorrupción pide 19 años de prisión para Zaplana por blanqueo y grupo criminal

La jueza que instruye la causa del caso Erial ha acordado la apertura definitiva de juicio oral contra el exministro de Trabajo con el Partido Popular, Eduardo Zaplana, y otras catorce personas por delitos de organización criminal, blanqueo de capitales, falsedad documental, cohecho y prevaricación administrativa. En un auto firmado el pasado 7 de octubre, al que tuvo acceso El Confidencial, la magistrada Isabel Rodríguez relata la existencia de una trama organizada para mover comisiones ilegales percibidas durante la etapa de Zaplana al frente de la presidencia de la Generalitat valenciana procedentes de la familia Cotino y la constitución de una red de sociedades y cuentas en el extranjero y en España para mover los fondos y canalizar inversiones.

La Fiscalía Anticorrupción, en su escrito de calificación, eleva a 20 millones de euros el valor de los bienes y dinero en efectivo que quiere decomisar a los procesados y pide un total de 19 años de prisión para Eduardo Zaplana, además de una multa de 40 millones de euros, diez de inhabilitación para cargo público y otros tres para el ejercicio profesional. Actualmente han sido intervenidos ya 6,7 millones procedentes de Suiza que el fiscal atribuye a Zaplana, 126.651 de cuentas del exministro en España, 237.827 en una cuenta del Sabadell a nombre de Fernando Belhot, supuesto asesor financiero, o 981.329 en una cuenta de la sociedad Costera del Glorio. También están bloqueados ya 417.506 euros en cuentas de Joaquín Barcelo ‘Pachano’, considerado el testaferro del exministro.

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En total son cinco las sociedades que figuran procesadas como personas jurídicas, además de la citada Costera de Glorio: Medlevante, Gesdesarrollos, Turnis Sylvatica y Dobles Figuras. Esta última es propiedad de Juan Francisco García, ex jefe de gabinete de Zaplana, al que la jueza ordena decomisar bienes por valor de 3,5 millones de euros, de los que ya hay intervenidos 1,8 millones. Entre los procesados están también el expresidente de la Generalitat, de Bancaja y exvicepresidente de Bankia, José Luis Olivas; los hermanos Vicente y José Cotino Escrivá; el peluquero Pedro Romero; o la secretaria de Zaplana, Mitsouko Henríquez. También el propio Barceló, Francisco Grau, considerado también asesor financiero de la trama, la exdiputada del PP, Elvira Suanzes, y su hermano Saturnino, o el empresario Carlos Gutiérrez. Han quedado eximidas del procedimiento tanto la mujer de Zaplana, Rosa Barceló, como sus hijas. También las esposas de Barceló, Grau y García quedan fuera de la responsabilidad penal.

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El origen de los fondos ilícitos, según el relato de la jueza y de la Fiscalía Anticorrupción, está en el cobro de sobornos procedentes del grupo Sedesa de la familia Cotino, que resultó adjudicatario de concesión de estaciones de Inspección Técnica de Vehículos (ITV) y derechos de desarrollo de parques eólicos, todos ellos licitados por la Generalitat entre 1997 y 2001 en concursos presuntamente amañados. Los primeros pagos se habrían realizado a través de una sociedad creada en Luxemburgo denominada Imison Internacional, que estuvo gestionada por Beatriz Paesa, sobrina del exespía Francisco Paesa, y una de las testigos clave en la causa. También el asesor uruguayo Fernando Belhot, que movió el dinero atribuido a Zaplana a partir de 2009 entre sociedades ubicadas en paraísos fiscales, ha testificado contra el exministro.

El auto de la jueza señala que durante su extensa carrera política formó un grupo de personas cercanas con la finalidad de obtener beneficios ilícitos gracias a la posición institucional y de gobierno "que le permitía realizar acción efectiva institucional en su propio beneficio e interés". A partir de abril de 2008, cuando abandonó la política de primera línea, Zaplana "realizó los actos necesarios para ocultar el origen del patrimonio ilícitamente obtenido para su posterior disfrute a través de sociedades y testaferros", insiste la magistrada. Cada uno de los miembros de su grupo más cercano ostentaba una función dentro del organigrama "diseñado por el acusado para lucrarse a través de las diferentes formas de contratación y de gestión de servicios públicos en su más amplia expresión", afirma.

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"La organización diseñada empleaba sociedades radicadas en el extranjero, en diferentes países y que estaban creadas con el propósito tanto de recibir los sobornos por las adjudicaciones predeterminadas, como para ocultar el origen ilícito de los bienes contribuyendo a su transformación e integración posterior en el circuito económico".

Tras conocer el escrito de la Fiscalía, Eduardo Zaplana aseguró, en declaraciones difundidas por su entorno, que es inocente "de todos los cargos que se me imputan". "Muestro mi más absoluta disconformidad con sus conclusiones", afirma. "Al menos, el Fiscal reconoce la ausencia de responsabilidad de determinadas personas que se han visto sometidas injustamente a este procedimiento durante años, de lo que me congratulo, del mismo modo que lamento que esa exclusión de responsabilidad no se haya hecho extensiva a otras personas a las que se imputó por el mero hecho de mantener relaciones de parentesco, amistad o laborales", aifrma. "Confío en que, tras estos largos siete años de instrucción inquisitorial, en el acto del juicio oral se puedan practicar las pruebas que me permitan demostrar mi inocencia y que hasta el momento me han sido vedadas", concluye.

La Fiscalía solicita importantes penas de prisión para las personas del entorno de Zaplana procesadas en la causa. Para la secretaria Mitsouko Henríquez reclama ocho años de cárcel y multa de veinte millones de euros. Lo mismo para Francisco Grau y Joaquín Barceló. Peor parado sale Juan Francisco García, que se enfrenta a una petición de pena de 14 años, al igual que los hermanos Vicente y José Cotino. El exvicepresidente de Bankia, José Luis Olivas, se sentará en el banquillo con una petición de la acusación de seis años de prisión.