Valencia paraliza una inversión de 60 millones de euros con todos los papeles en regla

El Ayuntamiento de Valencia tiene bloqueado un proyecto urbanístico para la construcción de una residencia de estudiantes y la urbanización y ajardinamiento de una plaza en el barrio de la Saïdia, pese a haber superado todos los trámites y contar con el visto bueno de los técnicos municipales del área de Urbanismo y Patrimonio. La iniciativa, promovida por Merkel Real Estate a través de la mercantil Inversiones Gran Valencia, contempla una inversión de alrededor de 60 millones de euros para la construcción de tres edificios de uso terciario-hotelero con 17.151 metros de techo con 541 habitaciones, en su gran mayoría individuales, para 646 estudiantes. La residencia, un sector en auge en Valencia, ciudad con mucha demanda de Erasmus, está dirigida a un segmento económico prime y contaría con amplia variedad de servicios como gimnasio, biblioteca, wifi gratuito, piscina, terraza, zonas comunes, cafetería, comedor o aparcamiento subterráneo (25 plazas). Las habitaciones incluyen baño privado y algunas tienen cocina.

El proyecto, ubicado en la plaza interior de la manzana que conforman las calles Guala, San Bruno, Luz Casanova y Padre Urbano, comenzó a tener oposición a raíz de la negativa de un grupo de vecinos a que el espacio albergase esta infraestructura. Primero por razones visuales, pues una de las vecinas se quejaba de que las nuevas construcciones entorpecían su vista, y después por la negativa a tener un edificio lleno de estudiantes en su patio interior. El edificio que provocaba la primera queja ha sido eliminado del proyecto de Inversiones Gran Valencia, con la renuncia al derecho a la construcción de 400 metros de techo.

Los promotores aseguran que el proyecto, que ha tramitado la licencia de actividad sin oposición, supondrá la regeneración de la plaza de acceso público con la incorporación de nuevas zonas verdes para todos los vecinos y que las nuevas edificaciones tienen alturas por debajo de las ya existentes. "La plaza peatonal incorporará, al aligerar las estructuras de los edificios, cuatro patios interiores con sus correspondientes nuevas zonas verdes". La promotora se ha comprometido a la sustitución de hasta 31 ventanas en el patio de medianeras. "El proyecto contribuye al rejuvenecimiento del barrio, revitaliza los comercios de la zona, mejora su perfil económico y evita el posible desarrollo de delincuencia en zonas abandonadas", afirman sus impulsores.

Pero los vecinos agrupados en la Asociación de Vecinos San Antonio-Saïdia reclaman ahora la protección patrimonial de unas antiguas naves ubicadas en la parcela edificable (la vieja fábrica de hilados Pilar Casanova), con el fin de que sean declaradas bien de relevancia local y evitar así la demolición por parte de sus propietarios y la construcción de la residencia.

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Sin embargo, hasta cuatro informes señalan el escaso valor histórico de esas naves y desaconsejan su protección. El último de estos informes, de la Facultad de Geografía e Historia de la Universidad de Valencia, se fechó la semana pasada y señala los "escasos o nulos valores testimonial, histórico-social o tecnológico, al no conservar ningún vestigio material o inmaterial del proceso productivo". Hay conclusiones en el mismo sentido por parte del Consell Valencià de Cultura, de la Academia de Bellas Artes de San Carlos y del jefe de Servicio de Planeamiento del Ayuntamiento de Valencia, Fernando Belenguer. El único elemento que consideran protegible es un panel cerámico de Nuestra Señora de la Cabeza que puede ser retirado para evitar su destrucción.

Los promotores denuncian inseguridad jurídica, arbitrariedad política y apuntan a la relación de confianza de una de las vecinas con la portavoz municipal del PP, María José Catalá, como factor clave en la presión inicial de los populares que detonó el rechazo de los grupos en el Gobierno, Compromís y PSPV-PSOE, ante la perspectiva de toparse con un movimiento de oposición vecinal a pocos meses de las elecciones.

Los inversores están preparando acciones legales, no descartan una querella por prevaricación contra la vicealcaldesa de Valencia, Sandra Gómez, por firmar una resolución que impide proceder a la demolición de las naves ubicadas en la parcela para poder comenzar las obras, y han advertido al alcalde Joan Ribó de que harán una reclamación patrimonial al ayuntamiento si persiste el bloqueo municipal. Estiman en 20 millones de euros el coste para las arcas municipales de renunciar al proyecto.

Ribó ya ha deslizado la posibilidad de realizar una permuta de suelo, pero esto tendría que contar con el beneplácito de los propietarios. Precisamente los tribunales acaban de tumbar una operación en el barrio de la Penyarroja para recalificar un solar educativo con el fin de compensar a un promotor por la cesión del edificio municipal de Tabacalera, una permuta que ya fue anulada también por la Justicia en la época de Rita Barberá. El trámite de trasladar la edificabilidad a otra parte de la ciudad podría demorarse años.