El juicio a Camps resucita el caso Gürtel a las puertas de la precampaña

El pasado se ha empeñado en hacer acto de presencia en la agenda política valenciana a las puertas de las elecciones municipales y autonómicas del próximo 28 de mayo. Si los socialistas se han visto salpicados por el caso Azud, que ha puesto al descubierto maniobras irregulares en la financiación de campañas municipales y generales en 2007 y 2008, el caso Gürtel volverá a ocupar titulares este mismo mes por el juicio en la Audiencia Nacional contra el expresidente Francisco Camps.

El antiguo barón conservador se enfrenta a partir del próximo 23 de enero a un juicio por prevaricación administrativa, fraude a las administraciones públicas y tráfico de influencias en la Audiencia Nacional. La Fiscalía Anticorrupción le acusa de haber favorecido a la trama Gürtel en la obtención de contratos irregulares con distintas entidades públicas autonómicas en el año 2009, cuando la empresa Orange Market, controlada por Francisco Correa, Álvaro Pérez y Pablo Crespo, se hizo con la adjudicación de un expositor de la Agencia Valenciana de Turismo en Fitur.

Aquella concesión motivó una primera causa que llevó a prisión a la exconsellera de Camps Milagrosa Martínez, por el amaño del contrato del diseño del estand. Lo que se dirimirá ahora en el banquillo de la Audiencia es si Camps y subordinadas suyas en el área de Presidencia de la Generalitat, entre ellas la ex directora general de Promoción Institucional Dora Ibars, influyeron para que otras entidades autonómicas como la Ciudad de las Ciencias de Valencia, la Ciudad de la Luz de Alicante o el Circuito de Cheste contratasen contenidos del expositor eludiendo los controles legales y fraccionando el precio en varias facturas para encubrir la verdadera causa y el verdadero precio de dichos contratos.

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Camps figura entre los acusados porque el instructor José de la Mata decidió retrotraer un primer auto de apertura de juicio oral para incorporarlo como investigado después de que tanto Álvaro Pérez como el que fuera secretario general del PP valenciano Ricardo Costa le señalasen como persona clave en la introducción de la red Gürtel en la Comunidad Valenciana en el juicio que en 2018 terminó en condena por delito electoral y falsedad documental para la cúpula de los conservadores valencianos, los integrantes de la trama de Francisco Correa y un grupo de empresarios por las campañas electorales de 2007 y 2008, en las que también participó Orange Market como proveedor.

En aquella causa sobre la financiación del PP, Camps compareció como testigo y no como imputado. Tras las afirmaciones de Costa y Pérez, De la Mata, a petición de Anticorrupción, decidió sentarlo en el banquillo de la llamada Pieza 5 de Gürtel en un auto en el que vincula la deuda que el partido había acumulado con la red Gürtel con la adjudicación de contratos públicos por parte de la Generalitat. "Camps estaba plenamente al corriente de la existencia de la deuda, así como, también, de los dos procedimientos que se implementaron para pagarla", escribe el magistrado. "Fue él, fue él quien decidió que Pérez Alonso se trasladara a Valencia y que, desde ese momento, se ocupara de realizar todos los eventos del Partido Popular en esa comunidad autónoma", añade.

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En realidad, todas las piezas formaban parte de la investigación inicial que arrancó el exjuez Baltasar Garzón en 2009 y que se fue fraccionando durante la instrucción. De estos primeros tomos surgió el caso de los trajes por el que Camps terminó siendo absuelto por un tribunal popular tras ser llevado a juicio por el Tribunal Superior de Justicia autonómico.

El expresidente valenciano niega los hechos y que existan pruebas de haber tenido ninguna influencia en los contratos con Orange Market. Afirma ser objeto de una persecución de la Fiscalía. Su defensa ha solicitado, además, la suspensión de la vista oral porque asegura que no ha podido tener acceso al contenido de toda la causa por razones informáticas. El juicio, que estaba previsto que comenzase este 17 de enero, ya ha sido retrasado una semana por una cuestión de reparto de espacios en la Audiencia Nacional. El calendario de comparecencias se prolonga hasta el mes de mayo.

En contra de Camps juegan la decena de conformidades que la Fiscalía Anticorrupción ha pactado con varios de los acusados, que han reconocido los hechos a cambio de rebajas en las penas. La defensa del exdirigente popular recuerda que las confesiones de otros acusados señalándole para obtener ventajas penitenciarias no pueden ser tomadas como pruebas en su contra.

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En un escrito manuscrito incorporado a la causa, Francisco Correa, también acusado, asegura que "Paco Camps, a través de algunas personas de su confianza, nos adjudicaban [sic] algunos eventos como los que forman la pieza separada Valencia 5, que será juzgada el próximo mes de enero de 2023". "Me consta que Álvaro Pérez mantenía una estrecha relación de amistad con Paco Camps", afirma Correa, a la vez que se adhiere al escrito de acusación del Ministerio Público.

No ha sido el único en señalar la relación entre Camps y el Bigotes como factor clave para la obtención de contratos públicos. Mónica Magariños e Isabel Jordán, subordinadas de Correa y Pérez y también encausadas, han relatado la relación de confianza entre ambos y han apuntado a la influencia del expresidente en la concesión de los contratos, pese a que, como el propio Camps resalta, no existe ninguna orden por escrito ni prueba documental de su intervención, ya sea en correos electrónicos o conversaciones telefónicas.

Sobre este extremo, el juez instructor concluye: "No debe buscarse su firma en resolución o documento adjudicador alguno, puesto que es obvio que a Presidencia de la Generalitat no correspondían tales poderes legales que, en este caso concreto, estaban asignados a los órganos de contratación de cada una de las entidades o instituciones expositoras en el estand de Grandes Eventos de Fitur 2009. Pero esto no significa, como pretende, que no haya quedado acreditado en la causa, a los únicos efectos y con la entidad que reclama esta concreta resolución en esta fase procesal, que Camps Ortiz no proporcionara tales instrucciones directas e interviniera en el direccionamiento de ese contrato a favor de Orange Market".