ANTICORRUPCIÓN PIDE 2 AÑOS Y MEDIO DE CÁRCEL

Gürtel: Camps se sentará en el banquillo por prevaricación, tráfico de influencias y fraude

Anticorrupción pide dos años y seis meses de cárcel para el expresidente valenciano por la supuesta adjudicación irregular del 'stand' de la Comunidad en la feria de Fitur de 2009

Foto: El expresidente de la Generalitat, Francisco Camps. (EFE)
El expresidente de la Generalitat, Francisco Camps. (EFE)

El juez de la Audiencia Nacional José de la Mata ha acordado la apertura de juicio oral contra el expresidente valenciano Francisco Camps por la supuesta contratación irregular del expositor de su comunidad en la feria de Fitur de 2009. El magistrado sostiene que “estamos ante un arsenal de indicios" que apuntan a que Camps participó "en el direccionamiento del contrato" para adjudicárselo a una empresa de la trama Gürtel, buscando así "contentar a sus gestores ante la elevada deuda acumulada hasta el año 2008 en favor de dicha mercantil por la celebración de actos del PP". Además de procesarle por los delitos de prevaricación y fraude a la administración, el juez incluye también tráfico de influencias.

La Fiscalía Anticorrupción, que pide dos años y seis meses de cárcel para Camps por los delitos de prevaricación y fraude, explica en su escrito de acusación que el expresidente facilitó a la empresa Orange Market, de la que era responsable Álvaro Pérez, contratos de la Administración regional de forma irregular para compensar deudas por trabajos realizados para su campaña y las del Partido Popular. En concreto, el Ministerio Público pone el foco en que Pérez se concertó con Camps para adjudicarse de forma "ilícita" el montaje del 'stand' de Grandes Proyectos de la edición de la Feria Internacional de Turismo FITUR del año 2009, contrato que ascendía a 366.529 euros.

En su auto, De la Mata asume este escrito y asegura que el expresidente “lo hizo para favorecer a Orange Market SL, como venía haciendo desde 2005, a cambio de su paciencia y resignación ante el impago de la multimillonaria deuda que el Partido Popular de la Comunidad Valenciana tenía con Orange Market". Pera defender dicha tesis, el magistrado menciona a la ex directora general de promoción institucional de la Comunidad Valenciana, Salvadora Ibars, que fue quien adjudicó el contrato en cuestión: "Ibars Sancho, en definitiva, sí recibió indicaciones de sus superiores en la Generalitat, y más concretamente de Camps Ortiz, para que actuara en la forma que lo hizo en relación con la adjudicación del stand de Grandes Eventos en Fitur 2009”.

De la Mata subraya también la falta de "transparencia y publicidad" en estas adjudicaciones, ante lo que considera que "no es descartable considerar que Camps Ortiz e Ibars Sancho acordaron un plan criminal (siguiendo la segunda las indicaciones del primero) y pusieron en marcha ciertos artificios con la finalidad de llevarlo a cabo, organizando los procesos de contratación de modo que se aseguraran la finalidad pretendida". Según sostiene en el auto, este procede encaja en principio con el delito de fraude a las administraciones públicas.

A la hora de repasar los hechos, el juez contempla además el delito de prevaricación, para lo que explica que la adjudicación a Orange Market se basó en “actos verbales, que aprobaron lisa y llanamente una contratación directa, sin más trámites", prescindiendo así "total y absolutamente del procedimiento establecido en la ley y, de hecho, de cualquier clase de procedimiento, vulnerando con ello de manera evidente los principios de legalidad, igualdad, concurrencia y publicidad que han de estar presentes en la actuación de la Administración”.

En cuanto al delito de tráfico de influencias que incluye la acusación popular ejercida por el PSOE, el magistrado entiende también que es razonable porque Camps habría ejercido su influencia sobre Ibars para conseguir que esta “diera las órdenes inapelables para que se le adjudicasen a Orange Market (que obtuvo un beneficio económico directo por ello) los trabajos relativos al montaje del referido stand". Pese a ello, descarta el delito de malversación de caudales públicos, pues "no se abrió el juicio oral por este tipo delictivo en el anterior auto de apertura de juicio oral, propuesto entonces por la acusación popular en relación con los hechos que ahora nos ocupan y, coherentemente con aquella decisión, tampoco procede hacerlo en este caso".

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