Un convenio obsoleto de Camps y Barberá bloquea el plan estrella de Hayfin en Valencia
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SOBRE EL CIRCUITO DE FÓRMULA 1

Un convenio obsoleto de Camps y Barberá bloquea el plan estrella de Hayfin en Valencia

La falta de acuerdo entre Generalitat y ayuntamiento atasca el proyecto urbanístico sobre el viejo circuito de Fórmula 1 para completar la conexión de la ciudad con el mar

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El PAI del Grao de Valencia se extiende sobre 380.000 metros cuadrados.

Fue en 2007. Pocos días antes de hacerse público el acuerdo entre el entonces presidente de la Generalitat, Francisco Camps, y el magnate de la Fórmula 1, Bernie Ecclestone, para que Valencia albergase un Gran Premio automovilístico, el ayuntamiento que encabezaba la fallecida Rita Barberá suscribía con un ente autonómico un convenio por el cual el consistorio se comprometía a repercutir hasta 42 millones de euros del coste de las obras del nuevo circuito urbano necesario para acoger la competición. Ese papel y la ausencia de imaginación para sortearlo se han convertido ahora en el principal escollo para el desarrollo del llamado PAI del Grao, uno de los más importantes planes urbanísticos de la ciudad, donde una mercantil participada por el fondo británico Hayfin Capital e inversores locales encabezados por el grupo Atitlan, de Roberto Centeno y Aritza Rodero, posee algo más del 50% del suelo y aspira a ejercer de agente urbanizador para sacarlo adelante. La empresa estatal ADIF también es dueña de una porción de los terrenos.

El protocolo, un documento sencillo y sin apenas detalles técnicos, establecía que las arcas municipales podrían después repercutir esos costes del circuito a los dueños de los terrenos sobre el que discurrían las pistas, en los que estaba ya previsto el desarrollo de un nuevo barrio, con alrededor de 3.000 viviendas nuevas y cerca de 95.000 metros cuadrados de techo de uso comercial y empresarial. Ningún propietario se adhirió en su día al convenio.

Foto: El PAI del Grao de Valencia se extiende sobre 380.000 metros cuadrados.

Catorce años después de aquel acuerdo, que sirvió a Camps para prometer a las puertas de la campaña electoral autonómica que el circuito no costaría ni un euro a los valencianos (aunque algunas estimaciones cifran el desembolso en más de 300 millones), el ayuntamiento no ha pagado al llamado Ente de Infraestructuras de la Generalitat (EIGE) los 42 millones adeudados, el circuito está deteriorado, devaluado y abandonado y el plan urbanístico sigue sin desarrollarse. Y la principal razón de este atasco es la incapacidad de la Administración autonómica y municipal para determinar cómo repercutir ese convenio, hoy ya obsoleto por la dificultad técnica para justificar la factura a los dueños como carga urbanística. Difícilmente se puede justificar que la pista central del trazado pueda considerarse una avenida urbana, o que el asfaltado pueda reutilizarse como arcén.

El PAI del Grao no es un desarrollo urbano cualquiera. Es el gran plan pendiente para conectar la ciudad de Valencia con el mar, prolongar el Paseo de la Alameda, completar el ajardinamiento del tramo final del Jardín del Turia y favorecer la integración de los barrios de Nazaret y Moreras con la trama urbana. Requiere una inversión solamente en materia de urbanización de más de 100 millones de euros y, tal como establece el propio programa previsto por la corporación municipal, el 86% de su superficie se destina a zonas verdes (157.202 metros cuadrados), viales y dotaciones. Encaja, además con el reciente concurso de ideas que el consistorio ha licitado para recuperar como zona verde la superficie del antiguo Turia que no recae sobre los terrenos del sector.

placeholder El alcalde de Valencia, Joan Ribó, y la vicealcaldesa Sandra Gómez (EFE).
El alcalde de Valencia, Joan Ribó, y la vicealcaldesa Sandra Gómez (EFE).

Es un caramelo para cualquier gobernante con ganas de enseñar 'powerpoints', 'renders', desarrollo de espacios degradados y cuadros con cifras de inversión y empleo. Pero el alcalde Compromís, Joan Ribó, no parece demasiado interesado en el proyecto, y la vicealcaldesa, la socialista Sandra Gómez, responsable del área de Urbanismo, se ha atascado entre las exigencias de la burocracia de la Conselleria de Política Territorial del socialista Arcadi España, que exige el cobro de la cantidad adeuda. Los dueños del suelo han dejado caer que no están dispuestos a asumir como cargas urbanísticas unos costes que no están justificados. La Sindicatura de Cuentas ya advirtió al EIGE que dotase como pérdidas el dinero recogido en el convenio, consciente de la dificultad de su aplicación.

El plan sigue en manos de Aumsa, la empresa municipal responsable del desarrollo del suelo. La gestión directa no parece por ahora una vía factible por la cantidad de recursos públicos que tendría que destinar a acometer las obras de urbanización y reparcelación. La gestión indirecta es la fórmula aparentemente más lógica, con un diseño urbanístico tutelado por la propia Administración. Sin embargo, el ayuntamiento no ha contestado a la propuesta de Hayfin y Atitlán, encabezado por Rodero y Centeno, yerno del dueño de Mercadona, Juan Roig, para obtener la condición de agente urbanizado tras haber reunido más del 50% de la propiedad del suelo y constituirse en Agrupación de Interés Urbanístico.

La falta de acuerdo sobre cómo encajar el convenio de Camps y Barberá explica el silencio administrativo (negativo). Los inversores han propuesto asumir solamente parcialmente las cargas, siempre que puedan justificarse en las obras de urbanización. Se estiman en unos 15 millones. Como alternativa sugieren al ayuntamiento que acuerde con la Generalitat un traspaso de parte de las viviendas públicas que le corresponderán una vez ejecutado el sector. Podría ser una solución que contentase a todas las partes. La vicepresidencia de Rubén Martínez Dalmau (Podemos) dirige del área de vivienda y tiene entre sus objetivos incrementar el parque público. El plan del Grao contempla unas 500 viviendas de protección pública. Pero no ha habido respuesta.

La otra alternativa es que consistorio y Generalitat cierren un acuerdo a dos, se desbloquee el plan por parte de Aumsa para echar a andar y que después se pase a la factura a los dueños con el canon de las cargas. No sería una excepción que el programa de urbanización incorporarse un canon por obras complementarias para la ciudad. El PAI del Grao contempla, por ejemplo, uno para financiar parcialmente el soterramiento de vías de tren que cruzan esa parte de la ciudad en superficie.

Serviría para dar el pistoletazo de salida, pero es muy probable que ese canon, en el caso de incorporar sin revisión los 42 millones del convenio, acabase en los tribunales por una lluvia de recursos de los propietarios, negándose a asumir los costes de construcción de un circuito del que no han podido aprovecharse ni los boxes. El consistorio debe constituir una comisión con la Generalitat para concretar la liquidación del convenio de 2007, pero se desconoce si ese diálogo se ha producido. Tampoco se ha reunido con el conjunto de propietarios para negociar una salida.

Los terrenos sobre los que discurre el viejo trazado automovilístico son una de las principales inversiones de Hayfin en la Comunidad Valenciana. Entraron en el proyecto en el verano de 2017 de la mano de Atitlan con visión a largo plazo tras alcanzar un acuerdo para fusionar sus ofertas en el proceso de liquidación de Acinelav, antigua propietaria que acabó en manos del BBVA y otros bancos tras la crisis inmobiliaria de 2008. A su consorcio, que ha ido comprando nuevas parcelas hasta superar el 50% de los cerca de 400.000 metros cuadrados del suelo se han sumado empresarios locales como Martinavarro o Francisco Martínez, proveedor cárnico de Mercadona. Tres años después, ni se ha movido una máquina ni hay cronograma de cuándo podrá hacerlo. Al PAI del Grao se le está poniendo cara de Benimaclet en lo que parece haberse convertido en una tónica en Valencia, las muchas trabas que aparecen para desarrollar proyectos urbanísticos, algo que ya está en boca del sector inmobiliario español.

Fue en 2007. Pocos días antes de hacerse público el acuerdo entre el entonces presidente de la Generalitat, Francisco Camps, y el magnate de la Fórmula 1, Bernie Ecclestone, para que Valencia albergase un Gran Premio automovilístico, el ayuntamiento que encabezaba la fallecida Rita Barberá suscribía con un ente autonómico un convenio por el cual el consistorio se comprometía a repercutir hasta 42 millones de euros del coste de las obras del nuevo circuito urbano necesario para acoger la competición. Ese papel y la ausencia de imaginación para sortearlo se han convertido ahora en el principal escollo para el desarrollo del llamado PAI del Grao, uno de los más importantes planes urbanísticos de la ciudad, donde una mercantil participada por el fondo británico Hayfin Capital e inversores locales encabezados por el grupo Atitlan, de Roberto Centeno y Aritza Rodero, posee algo más del 50% del suelo y aspira a ejercer de agente urbanizador para sacarlo adelante. La empresa estatal ADIF también es dueña de una porción de los terrenos.

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