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Amaños en Acuamed y 'merchandising' para De la Vega: la Gürtel del PSPV, al desnudo
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CASO AZUD

Amaños en Acuamed y 'merchandising' para De la Vega: la Gürtel del PSPV, al desnudo

El último informe de la UCO sobre el caso Azud revela una operativa de financiación irregular de campañas en 2007 y 2008, similar a la empleada por el PP de Camps, y arbitrariedad en contratos de obras

Foto: Boceto de las camisetas de la campaña de De la Vega en 2008, que la UCO cree que se pagaron en B.
Boceto de las camisetas de la campaña de De la Vega en 2008, que la UCO cree que se pagaron en B.
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Lunes, 11 de junio de 2018. El magistrado de la Audiencia Nacional José Manuel Vázquez Honrubia notifica la condena por delito electoral y falsedad documental a 18 personas vinculadas a las campañas electorales del Partido Popular valenciano de 2007 y 2008. Entre los condenados, figura toda la cúpula orgánica en el partido del expresidente de la Generalitat Francisco Camps, principalmente Ricardo Costa y David Serra, y los integrantes de la red Gürtel beneficiarios de los pagos irregulares, Francisco Correa, Álvaro Pérez y Pablo Crespo. En la lista de condenados, aparece el nombre de un empresario de Castellón, Enrique Gimeno, del Grupo Facsa, que sale del proceso con una pena menor de un año y nueve meses y el pago de una multa económica tras un acuerdo de conformidad con la Fiscalía Anticorrupción. Su nombre ha vuelto a trascender en el caso Azud por hechos muy similares en las mismas campañas electorales, pero con el PSOE como beneficiario de sus aportaciones económicas presuntamente ilícitas.

El último informe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil vincula a dos de sus empresas, Facsa y Sitra, con el abono de casi 180.000 euros a proveedores de servicios electorales de los socialistas valencianos, principalmente Cronosport, una empresa que elaboró material de merchadising para los carteles de la fallecida Carmen Alborch en las municipales de 2007 y de María Teresa Fernández de la Vega en las generales de 2008, en que concurrió como cabeza de lista al Congreso por Valencia.

Foto: Desaladora de Torrevieja. (Acuamed)

El informe desnuda una operativa muy similar a la que desplegó la Gürtel. Empresas con intereses con la Administración efectuaron pagos a proveedores electorales de los socialistas en aquellos años. Además de Gimeno, la UCO señala al empresario Jaime Febrer (Grupo Axis), con interés en obtener recursos hídricos para un proyecto urbanístico en Jijona, y a Javier Luján, de Construcciones Luján, adjudicataria en UTE con Acciona de un tramo de obras del trasvase Júcar-Vinalopó, un contrato de 40 millones de euros. A Gimeno lo relaciona también con el contrato de construcción de una desaladora en Moncofa.

La suma de los importes que, con base en el análisis efectuado, abonaron a Cronosport en beneficio del PSOE asciende a 332.588,48 euros, con la particularidad de que no hay mención alguna a ese proveedor en la documentación que el PSPV-PSOE presentó ante el Tribunal de Cuentas en relación con las elecciones municipales celebradas en el año 2007. Los investigadores ponen el foco en un nombre, José María Cataluña, hasta 2004 responsable de Finanzas del PSPV-PSOE, al que atribuyen un papel "nuclear" como enlace entre todos los protagonistas.

placeholder Documento hallado en casa de José Cataluña con anotaciones de todos los tramos en obras del trasvase Júcar-Vinalopó.
Documento hallado en casa de José Cataluña con anotaciones de todos los tramos en obras del trasvase Júcar-Vinalopó.

Este no es un hecho cualquiera. En los registros, los agentes han encontrado numerosa documentación y rastros del material electoral que Cronosport se encargó de fabricar y encargar para la campaña de Carmen Alborch en 2007. Los socialistas echaron el resto en aquella cita para intentar arrebatar la alcaldía de Valencia a la popular Rita Barberá (cuya familia está siendo investigada también en el caso Azud por cobro de comisiones, por cierto). La campaña de la fallecida exministra fue especialmente original y destacó por el despliegue de recursos. De la factoría de Cronosport salieron camisetas, bolígrafos, relojes, lápices, gorras, chapas, globos, abanicos y hasta algo más de 1.000 kilogramos de caramelos con la imagen de Alborch.

Foto: María Teresa Fernández de la Vega. (EFE/Calabar)

Alborch no logró el objetivo de ganar a Barberá. Pero pocos meses después, los socialistas valencianos decidieron apoyar de forma similar la campaña de Fernández de la Vega, de nuevo con Cronosport como proveedor. Donde antes aparecía el rostro de la que fue directora del IVAM, ahora aparecía la de la entonces vicepresidenta del Gobierno con José Luis Rodríguez Zapatero, con el lema de campaña Vota con todas sus fuerzas y frases motivadoras como "Valencia x la vice" o "Voluntarios con la vice". Todo el material estaba en los ordenadores. De la carpeta Carmen a la carpeta PSPV-PSOE.

En el caso de Jaime Febrer, las pesquisas policiales dieron una una anotación en la que, tras una reunión con el abogado cercano al PSOE, José Luis Vera, apunta el posible pago de una comisión de dos millones de euros a cambio de que Acuamed acometa la ampliación de la desaladora de Mutxamel-Campello con el fin de tener agua para su plan urbanístico El Espartal, en Alicante. En esa anotación a mano, un millón de euros sería la comisión de Vera, y el otro fondos destinados al "partido", al PSOE.

placeholder Anotación a mano de una posible comisión de un millón de euros para el PSOE por la desaladora de Mutxamel para Jijona.
Anotación a mano de una posible comisión de un millón de euros para el PSOE por la desaladora de Mutxamel para Jijona.

"Para el pago de esta comisión se habrían articulado una serie de operativas que, analizadas de forma conjunta, habrían tenido la aparente finalidad de encubrir el origen delictivo de los fondos: firma de contratos simulados, emisión de facturación ficticia, interposición de terceras empresas ajenas al grupo empresarial o simulación de prestación de servicios; entre otras", dicen los investigadores. Las cuantías detectadas finalmenete, en este caso por presuntamente haber sido abonadas por el grupo Axis a diferentes proveedores en beneficio del PSOE, ascienden a 615.823,5 euros.

Enlazar los pagos de gastos electorales con la adjudicación de contratos públicos es lo que la UCO y Anticorrupción tendrán que atar para completar su acusación por posible cohecho. Está por ver que el delito electoral y la falsedad documental no hayan prescrito, aunque este último delito tiene un límite de 20 años de vigencia en función de la gravedad de los hechos. La financiación ilegal todavía no existía en el Código Penal.

placeholder Uno de los documentos del material de la campaña de Alborch de mayo de 2007. (Pinche para ampliar)
Uno de los documentos del material de la campaña de Alborch de mayo de 2007. (Pinche para ampliar)

En cualquier caso, los hechos podrían acarrear más figuras delictivas, como prevaricación y malversación de caudales públicos, si se confirman las sospechas de la existencia de amaños de contratos. En un territorio dominado aquellos años por el Partido Popular, los socialistas solamente controlaban empresas estatales. Una de ellas fue clave en la contienda política de aquellos años, marcada por la guerra del agua. El Gobierno dejó en manos de Acuamed y sus filiales, como Aguas del Júcar, el despliegue de importantes obras hídricas dirigidas a apuntalar una alternativa, el trasvase del Ebro, que había quedado derogado en el nuevo Plan Hidrológico Nacional, en contra de la opinión de los gobiernos autonómicos de la Comunidad Valenciana y Murcia.

La jueza instructora ha imputado al que fuera presidente de la Confederación Hidrográfica del Júcar Juan José Moragues y también al que fuera consejero delegado de Aguas del Júcar José María Marugán. La lista de nuevos investigados la completa Juan José Fernández, ex responsable de Acciona en la zona este. La cotizada de los Entrecanales, investigada también en Azud por el presunto pago de comisiones al cuñado de Rita Barberá, José María Corbín, era la socia mayoritaria de la UTE con Construcciones Luján, que se hizo con el tramo E de las obras del trasvase Júcar-Vinalopó.

Con Luján por "disciplina"

Correos de Fernández remitidos a un tal Jesús, de Acciona, revelan conversaciones previas con Marugán y Moragues para obtener el que era considerado el mejor tramo de las obras. Un mail fechado el 2 de mayo de 2006, 20 días antes de finalizar el periodo de presentación de ofertas, revela que Acciona y Aguas del Júcar estuvieron negociando posibles compensaciones para obtener el mejor bocado, antes incluso de que los técnicos pudiesen baremar ofertas. "He planteado la posibilidad, tanto a Moragues como a Marugán, de que de existir una posibilidad de que Acciona recuperara la máquina [habla de una tuneladora con la que había problemas], ellos cómo lo verían. Ambos me han transmitido que sería el mejor regalo que podemos hacerles, ya que les libera de un problema político muy importante y ambos coinciden en que nos 'apuntaríamos una' de cara al ministerio. De salir la operación, ambos apoyarían que nos adjudicaran el tramo más grande, el tramo E", escribe Fernández.

Foto: Oficinas de Acuamed en Valencia. (EFE)

Pero hay una afirmación en el correo obtenido por la UCO de los registros de Acciona más relacionada aún con las sospechas de los investigadores. "Les he notificado la concurrencia en UTE con Construcciones Luján por los motivos que sabes y se han declarado perfectamente conocedores del tema y agradecidos por nuestra disciplina", afirma.

Esta frase lleva a los detectives de la Guardia Civil a señalar: "Del contenido de estos correos, se evidencia la aparente existencia de condicionantes y criterios ajenos a los principios rectores de la contratación y a los intereses de la Administración Pública que podrían haber tenido incidencia en la licitación que se investiga". Y añaden: "También existe una mención a la concurrencia en UTE a este contrato público, siendo significativo que el directivo de Acciona exponga que desde la empresa pública y en relación a esto le agradezcan su disciplina, pudiendo deducirse de lo anterior algún tipo de instrucción dada desde la Administración Pública para actuar de esta forma".

Lunes, 11 de junio de 2018. El magistrado de la Audiencia Nacional José Manuel Vázquez Honrubia notifica la condena por delito electoral y falsedad documental a 18 personas vinculadas a las campañas electorales del Partido Popular valenciano de 2007 y 2008. Entre los condenados, figura toda la cúpula orgánica en el partido del expresidente de la Generalitat Francisco Camps, principalmente Ricardo Costa y David Serra, y los integrantes de la red Gürtel beneficiarios de los pagos irregulares, Francisco Correa, Álvaro Pérez y Pablo Crespo. En la lista de condenados, aparece el nombre de un empresario de Castellón, Enrique Gimeno, del Grupo Facsa, que sale del proceso con una pena menor de un año y nueve meses y el pago de una multa económica tras un acuerdo de conformidad con la Fiscalía Anticorrupción. Su nombre ha vuelto a trascender en el caso Azud por hechos muy similares en las mismas campañas electorales, pero con el PSOE como beneficiario de sus aportaciones económicas presuntamente ilícitas.

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