Vinculan a Acuamed con un pago de 484.480 euros al PSOE valenciano en la campaña de 2007

La jueza instructora del caso Azud ha dictado un auto en el que vincula a la empresa estatal Acuamed con la obtención por parte del PSPV-PSOE de 484.480 euros de procedencia presuntamente ilícita en el año 2007, cuando se celebraban elecciones municipales y autonómicas. En el escrito, por el que deniega la nulidad de los registros a su domicilio al que fue responsable de Finanzas de los socialistas valencianos hasta 2004, José María Cataluña, la magistrada sostiene que fue el grupo Axis, del promotor Jaime María Febrer, el que procedió a través de mercantiles interpuestas a ingresar cantidades de dinero en empresas de publicidad que a su vez eran proveedoras del partido.

Los hechos se relacionan con la negociación de un proyecto urbanístico en la ciudad alicantina de Xixona, por el que está investigada en la misma causa la exalcaldesa del Partido Popular, Rosa María Verdú. Según señala la instructora, el abogado y exmagistrado, José Luis Vera Llorens, vinculado al PSOE y asesor a la vez de Febrer, actuó como "conseguidor" para que se firmara y redactara un convenio de suministro de agua entre la entidad estatal Acuamed y el Ayuntamiento de Xixona.

Las reuniones para llevar a buen fin el convenio se realizaron la mayor parte de las veces en la sede social de Axis con la presencia de Febrer y Vera "precisamente porque el PAI el Espartal solo podía desarrollarse si se obtenían suficientes recursos hídricos y, en este punto, jugó un papel fundamental Acuamed", añade. El abogado mantuvo encuentros con el entonces director de relaciones insitucionales de Acuamed, Joan Navarro, para obtener el compromiso de recursos hídricos y evitar que el proyecto inmobiliario, que finalmente no llegó a ejecutarse, se quedara bloqueado.

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Hasta aquí todo parece encajar en una negociación normal entre un promotor y una institución pública dedicada a la gestión de recursos hídricos en un desarrollo urbanístico. Sin embargo, la instructora apunta a que, a cambio de obtener el compromiso de Acuamed, Febrer tuvo que pagar "un peaje" del que se beneficiaron los socialistas. "Se sostuvieron reuniones y comidas entre Febrer, Vera y el PSOE, en este caso, con Jose Cataluña, que precisamente porque no ostentaba cargo orgánico en el partido, pero tenía un gran peso y mando en el mismo y podía actuar con total libertad".

Siempre según el relato judicial, al necesitar el Grupo Axis sumas de dinero en efectivo para "abonar las comisiones ilícitas", era preciso su obtención de forma oculta y que pudiera escapar de cualquier tipo de control. Para ello se utilizó la empresa Gigante Edificaciones y Obras, dirigida por otro investigado, Joaquín Pastor, y administrada por Francisco José Gigante, los dos investigados. "En el año 2007, Espacios Urbanos de Jijona (empresa del grupo Axis) abonó a Gigante Edificaciones y Obras una importante suma de dinero en concepto de gastos de publicidad. Con parte de ese dinero, Gigante Edificaciones y Obras efectuó pagos a empresas vinculadas a la publicidad, en total, 484.480,46 euros".

Ese dinero se repartió a lo largo de 2007 entre empresas dedicadas a trabajos de publicidad que a su vez prestaban servicios al PSOE. Concretamente, 141.923,68 euros fueron a parar a Metrofilms. Algo más de 120.004 euros se destinaron a Industria Gráfica Valenciana. La mercantil Key recibió otros 102.080 euros. Por último, Publipress Técnicos Asociados ingresó 87.105,70 euros.

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"Teniendo en cuenta que en el año 2007 tuvieron lugar las elecciones municipales y a las Cortes Valencianas, el grupo Axis procedió a través de las mercantiles interpuestas a ingresar las cantidades de dinero que han sido reseñadas a las empresas de publicidad que figuran como perceptoras de fondos provenientes del PSOE", insiste el auto judicial. "En este caso, la entrega del dinero se llevó a cabo a través de un intermediario y el beneficiario fue un partido político, circunstancias estas que no impiden considerar los hechos como un delito de cohecho, pues se consiguió a través del investigado Joan Navarro y la entidad Acuamed para que el PAI que promovía Jaime Febrer no se paralizara", relata.

La magistrada elude referirse a una posible financiación ilegal, delito que no existía en aquellos años, y tampoco a un delito electoral, que estaría prescrito, pero encaja la figura delictiva del cohecho con el PSOE como beneficiario y su capacidad de influencia en la decisión de una Administración pública. "Las reuniones que mantenía Jaime María Febrer con José María Cataluña, fueron constantes pese a que éste dejo el cargo que ostentaba en el PSOE siendo sustituido por Vicent Sarrià, pero hay constancia de reuniones mantenidas con Febrer, José Luis Vera, José María Cataluña y Rafael Rubio", lo que, según la jueza, objetiva que Cataluña "seguía teniendo peso entre los miembros y cargos del PSOE". En concreto, se citan encuentros en 2004 de Febrer y Cataluña, que pasó a ocupar la vicepresidencia de Bancaja aquel mismo año, en las que se habrían tratado las funciones que debería de realizar la mercantil Gigante. No obstante, desde el entorno de Cataluña han negado tener cualquier vínculo e, incluso, conocimiento de la empresa Gigante y de los hechos investigados.