El hombre de la trama Azud en el PSOE cobró 660.701 euros de la Orden de los Carmelitas

"Lo primero que hizo es querer limpiar su casa, la Iglesia, que estaba completamente corrupta. Es la gran lección de la que deberían tomar nota los políticos". Corría el mes de febrero de 2015 y José Luis Vera se dejaba entrevistar en 'Levante-EMV' como director gerente de la Fundación del V Centenario del Nacimiento de Santa Teresa de Jesús dando consejos sobre honradez en la vida pública, poniendo como ejemplo a la fundadora de la Orden de Carmelitas Descalzos. Abogado y jurista, magistrado durante un tiempo en la Audiencia Provincial de Valencia y casado con una exparlamentaria histórica del PSOE, María Antonia Armengol, Vera había colaborado con los socialistas en las acusaciones populares de casos muy mediáticos, como el que llevó a prisión al expresidente de la Diputación de Castellón Carlos Fabra, los pagos del IVEX al cantante Julio Iglesias en paraísos fiscales o la trama de facturas falsas alrededor de Terra Mítica, el parque temático de Benidorm impulsado por Eduardo Zaplana.

Lo que no dijo en la entrevista es que, a la vez, se había convertido entre 2007 y 2012 en asesor de referencia del constructor Jaime María Febrer (Grupo Axis-Construcciones Valencia Constitución) con una misión mucho más terrenal y prosaica que la de los teresianos: abrir puertas de dirigentes socialistas para obtener beneficios en operaciones urbanísticas a cambio de presuntas comisiones que los investigadores del caso Azud elevan a 1,3 millones de euros, bien de forma personal, bien a través de su mercantil Vera Llorens SL. Parte de esos fondos, según la jueza instructora, habrían servido para financiar gastos electorales del PSPV-PSOE de aquellos años.

En el caso de presunta corrupción transversal que revela el sumario del que se acaba de levantar el secreto, José Luis Vera es la pierna izquierda sobre la que se apoyó el empresario Febrer para relacionarse con las administraciones y tratar de desatascar sus proyectos, siempre con generosos regalos por delante o incluso entregando sumas de dinero como los 300.000 euros que sus documentos internos asignan al portavoz del PSOE en el Ayuntamiento de Valencia, Rafael Rubio, por su silencio en una operación de permuta previamente amañada con el hombre fuerte de la entonces alcaldesa Rita Bárbera, el expopular Alfonso Grau, que se habría embolsado 1,2 millones. El sumario recoge reuniones de Vera con el que fue secretario general del PSPV-PSOE Joan Ignasi Pla; con el ex responsable de Finanzas José Cataluña, y con Jordi Sevilla cuando era ministro de Administraciones Públicas en el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero.

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Sin embargo, Vera no debía tener suficiente con su doble y paradójica vida de jurista anticorrupción al tiempo que presunto corruptor. En un triple tirabuzón existencial, también se había convertido en asesor de confianza de los carmelitas, hasta el punto de que la orden se convirtió en su principal fuente de ingresos personales durante los años investigados, por encima del propio Febrer. Vera ha acompañado a los religiosos incluso hasta en visitas al Vaticano. En 2014, se reunió en Valladolid con el entonces presidente de la Conferencia Episcopal Española, Ricardo Blázquez, para pedirle apoyo a las actividades teresianas.

Ha sido una relación muy lucrativa para el abogado. Según consta en uno de los informes de la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil, Vera percibió 660.701 euros de la organización religiosa y sus entidades asociadas entre 2008 y 2015. El cuadro de ingresos no solamente procede de la Fundación del V Centenario del Nacimiento de Santa Teresa de Jesús, sino en diversas ocasiones de la propia orden por el concepto de "entrega de bienes y prestación de servicios".

Uno de estos servicios fue asesorar a los carmelitas en sus relaciones con el Ayuntamiento de Benicasim, en cuyo término municipal la orden es poseedora de 329 hectáreas en el paraje protegido del Desierto de las Palmas de Castellón, llamado así porque los carmelitas llamaban 'desiertos' a las zonas despobladas donde instalaban sus conventos y monasterios y aquella estaba llena de pequeños arbustos palmáceos.

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Lo que no está claro es si las gestiones de Vera iban dirigidas a proteger el patrimonio carmelita o a introducir al empresario Febrer con la intención de sacar partido al potencial urbanístico, directo e indirecto, de sus propiedades.

"Cuando se desarrolló el plan especial Desierto de las Palmas en mayo de 2007, se suscribió un convenio entre la mercantil Nou Biourbanisme [de Jaime Febrer] y la Orden de los Carmelitas Descalzos con el objeto de que se convirtiera en la entidad gestora en el proyecto Desierto de las Palmas, incorporado al plan especial", señala uno de los autos judiciales. Pero los Carmelitas también podían aportar suelo susceptible de ser recalificado que quedaba fuera del ámbito de protección, al igual que el consistorio, con reservas de vivienda protegida. "El objetivo de la mercantil Nou Biourbanisme era la firma de un convenio con el Ayuntamiento de Benicasim y la Orden de los Carmelitas, que permitiera a Nou Biourbanisme la obtención de suelo urbanizable en Benicasim a través de permutas entre el ayuntamiento y la orden, siendo necesaria para la consecución del convenio y los objetivos la intervención de José Luis Vera Llorens, porque este ya había tenido relaciones comerciales declaradas con la Orden de los Carmelitas Descalzos".

Según los investigadores, Vera fue el encargado de la redacción de documentos entre las partes, que incluían la posibilidad de firmar un convenio con el consistorio, la Generalitat y el Gobierno de España. Pero los acuerdos estaban supeditados al hecho de que Nou Biourbanisme pudiera obtener el aprovechamiento urbanístico con la edificabilidad de suelo propiedad de la Orden de los Carmelitas que estaba incluido en el PAI Ciudad del Ocio de Benicasim. A cambio, la mercantil de Febrer aportaría una donación a la organización religiosa por un importe de 192.000 euros. La donación, según los registros de la Agencia Tributaria, llegó a producirse.

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La cantidad, sin embargo, era inferior a la que se embolsaba José Luis Vera por el éxito de una operación que no llegó a cuajar. El abogado, en colaboración con Febrer, según los investigadores, se fijaba una retribución de 720.000 euros, con una parte fija de 480.000 euros (20.000 euros mensuales en dos años), todo condicionado a que Nou Biourbanisme pudiera hacerse con el control de las pastillas de suelo urbanizable a cambio de la ejecución de proyectos previstos en el Plan Especial. Para cobrar, Vera empleaba su sociedad Vera Llorens SL.

"En este negocio era imprescindible la figura de José Luis Vera para que actuara con el alcalde del ayuntamiento, Francisco Colomer Sánchez [actual secretario de Turismo de la Generalitat, que no está investigado en la causa], propiciándose todo tipo de reuniones entre Vera, el alcalde y Jaime Febrer", dice la jueza.

Los terrenos no llegaron a desatascarse. La burbuja inmobiliaria había estallado y la actividad se hundió. Esto derivó en una rebaja de las condiciones económicas del acuerdo entre el abogado y la empresa de Febrer. Pero el sumario recoge que Vera sí percibió 266.680 euros de la Orden de los Carmelitas Descalzos de Valencia y Aragón, representadas por el fraile Pascual Gil Almela, en dos transferencias, una a su favor personalmente y otra a la mercantil Vera Llorens SLU. ¿Por qué? Misterios del Señor y de la causa de Azud. Los agentes investigadores no saben explicarlo, pero destacan que los pagos de produjeron el mismo día de la firma del contrato entre el propio Vera y Nou Biourbanisme en enero de 2008.