El fiscal de Azud señala al PSPV por cohecho e insiste en investigar al cuñado de Barberá

La Fiscalía Anticorrupción se ha opuesto a los recursos de nulidad y archivo presentados por el grueso de los investigados del caso Azud, la causa de presunto pago de comisiones a dirigentes del Partido Popular y el PSPV-PSOE para obtener favores políticos y adjudicaciones en la Comunidad Valenciana entre los años 2004 y 2015. La mayor parte de los implicados ha cuestionado a la jueza instructora el auto que dio lugar a los registros por considerar que tenía un carácter prospectivo y señalar la inconsistencia de los indicios. A la espera de que la magistrada y la instancia superior resuelvan sobre los mismos, el Ministerio Público ha contestado reafirmándose en sus acusaciones y las pesquisas de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil y concretando la tipificación de los hechos investigados, que en algunos casos no terminaba de quedar clara.

En la parte de la causa que afecta a las operaciones en que intervinieron dirigentes ligados a los socialistas valencianos, el fiscal no menciona la financiación ilegal de la formación (delito que no existía cuando se produjeron los hechos bajo instrucción), ni un posible delito electoral, que estaría prescrito. Pero asegura que pudo producirse un cohecho continuado "por pagos indirectos" al Partido Socialista, al que vincula al que fue secretario de Finanzas del PSPV José María Cataluña.

En concreto, vincula reuniones mantenidas entre Cataluña, el empresario y constructor Jaime Febrer y el abogado y exmagistrado José Luis Vera, en el año 2007, con una sociedad denominada Gigante que, según dice, fue empleada para "entregar dinero a las empresas que realizaban actos de campaña electoral para el Partido Socialista en cantidades importantes" a través de contratos simulados o ficticios de publicidad. La Fiscalía sostiene que Gigante fue la empresa utilizada por Febrer para "canalizar, entre otras cosas, los sobornos". La cantidad entregada por Gigante a uno de los proveedores del PSPV asciende a algo más de 120.000 euros. El candidato autonómico a la Generalitat en aquella campaña fue Joan Ignasi Pla, que no está investigado. El acusador añade además que en el registro de un segundo domicilio se halló documentación relacionada con pagos efectuados a la formación política "que se anudan a determinadas contrataciones públicas".

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En el escrito, admite que Cataluña no tenía la consideración de funcionario público, aunque afirma que "estaba relacionado con contratación pública" por el hecho de ser el responsable de finanzas socialista. Sin embargo, el investigado, que dejó el cargo de tesorero del partido en 2004, niega la mayor en sus recursos, incluidas reuniones que salen de la agenda de Febrer y que según él no llegaron a producirse. "Cataluña no tenía ningún cargo en el PSOE, ni ostentaba cargo público, y, sin embargo, le atribuye competencias que, 'a posteriori', la misma resolución niega inicialmente y resalta la importancia de unos supuestos regalos, en Navidad, de una cuantía", dice la defensa de Cataluña en referencia a las botellas de vino que recibió, al igual que otros cargos políticos del PP y el PSOE y funcionarios. "Con todos los respetos, la decisión judicial no atribuye ningún indicio constitutivo de delito, y pese a ello se acuerda una medida restrictiva fundamental de los derechos de mi representado, como es la entrada y registro, sin motivar qué indicios concretos existen para atribuir un delito de cohecho a mi mandante". Se da la circunstancia de que en aquellos años, Cataluña era vicepresidente de Bancaja, entidad financiera con la que Febrer tenía contratos de financiación.

Lo cierto es que las defensas de los investigados no dudan en cuestionar la investigación desde su origen. El defensor de Jaime Febrer, Manuel Mata, exportavoz socialista en las Cortes valencianas, reprocha a los investigadores que pongan en tela de juicio las relaciones entre asesores jurídicos, empresarios y responsables públicos cuando hay en marcha procedimientos administrativos, algo que el letrado, que no cree probada la existencia de sobornos, considera que entra dentro de la normalidad.

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Mata responde al fiscal reprochándole que se refiera a su anterior actividad política cuando reclamó más medios al juzgado de instrucción para poder acceder a la ingente documentación de la causa. Y atribuye al responsable de Anticorrupción una animadversión injustificada hacia la clase política en general: "La cuestión es que tal mención, la mención a la política, desde quién la hace, refleja una animadversión persistente, contumaz y expansiva de la consideración de la actividad política como algo sospechoso, reprobable, mezquino y vinculado persistentemente a la corrupción. Esa consideración no es meramente retórica. Son ya muchos los asuntos investigados en los juzgados en los que la actividad jurídico-administrativa, no siempre absolutamente comprensible para juristas no especializados en la materia, se analiza desde el prisma de la presunción de ilegalidad si intervienen políticos", asesta.

"Criminalización de conductas"

Mata, quien habla de "inquisitorial criminalización de conductas", explica que ninguna de las operaciones de su cliente que la UCO pone bajo sospecha finalizó con éxito. Y enmarca las reuniones de Febrer en el ámbito de la normalidad para reclamar el archivo de la causa. "La actuación de grupos de interés ante los poderes públicos es legítima, siempre dentro de un marco que garantice la correcta información de sus prácticas a la ciudadanía, ya que puede aportar a los procesos de elaboración de las políticas públicas y de los proyectos normativos una mejor comprensión de la problemática sobre la que se quiere incidir y de los aspectos que hay que tener en cuenta a la hora de actuar en un ámbito determinado", dice. El fiscal también se ha pronunciado en contra de este escrito.

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Una situación similar se ha producido con el abogado José María Corbín, cuñado de la exalcaldesa de Valencia Rita Barberá y marido de la que era su hermana y jefa de gabinete, Asunción. Su defensa reclamaba la nulidad de las actuaciones, alegando que tienen su origen en una denuncia anónima ante la Agencia Tributaria que dio lugar a investigaciones que considera prospectivas y contrarias a la ley. Anticorrupción alega contra este escrito y el presentado por el amigo de Corbín, Diego Elum. Están bajo sospecha pagos que empresas contratistas del Ayuntamiento de Valencia hicieron a Corbín cuando su cuñada era alcaldesa. Entre ellos, figura el abono de 2,2 millones de euros que Acciona pagó a Elum condicionados a la adjudicación de una millonaria contrata municipal de saneamiento. De esa cantidad, 1,7 millones fueron a parar a Corbín. Elum admitió que realizó esa trasferencia ligada al concurso de Acciona y por los vínculos que Corbín tenía en el consistorio.

"Dada la vinculación familiar existente de los socios de Corbín Abogado con doña Rita Barberá Nolla, la naturaleza de los clientes, el gran volumen de ingresos sin apenas trabajadores y la acumulación de beneficios no distribuidos, se plantea la posibilidad de que existe vinculación entre la condición de la misma como alcaldesa de Valencia y la existencia de las mencionadas relaciones con el despacho jurídico", dice Anticorrupción, que cree legítima la primera investigación de Hacienda, de la que partió toda la causa de Azud.