El fin del secreto del caso Azud desata los nervios del PP y PSOE valencianos

El Juzgado de Instrucción número 13 de Valencia ha levantado parcialmente el sumario de un caso, bautizado como Azud, que puede significar el epílogo a la sucesión de causas por corrupción previas al cambio de poder en las instituciones valencianas en el año 2015. Las pesquisas se dividen en seis piezas y tienen su origen en una investigación fiscal al abogado José María Corbín, cuñado de la exalcadesa de Valencia Rita Barberá, ya fallecida. Corbín fue detenido en abril de 2019 y ahí se inició un procedimiento por el que ahora han sido investigadas 58 personas, entre ellas sus tres hijas, una hermana de Barberá (Asunción) o el que fue teniente de alcaldía del consistorio valenciano Alfonso Grau. También empresarios, contratistas y constructores como Jaime Febrer (Valencia Constitución), Felipe Almenar y Fernando Huet (Cyes), Mónica Montoro, los hermanos Prieto o Carlos Turró (Cleop). En la lista de investigados también está Luis Castilla, CEO de Acciona Infraestructuras.

Las diligencias han alcanzado a exdirigentes socialistas como Rafael Rubio, exsubdelegado del Gobierno y portavoz municipal en la oposición en los años investigados; José Cataluña, ex responsable de finanzas del PSPV-PSOE, y José Luis Vera, quien ejercía de asesor de temas legales para los socialistas y a la vez del empresario Jaime Febrer.

El CEO de Acciona Infraestructuras, contratista municipal, figura entre los investigados

Anticorrupción ha investigado si Corbín, desde su despacho legal externo junto a su socio Diego Elum, y Grau cobraron mordidas millonarias a constructores y empresas contratistas del ayuntamiento durante los años en que Barberá controlaba con mano de hierro el poder municipal. Los investigadores creen disponer de indicios de presuntos delitos de cohecho, falsedad documental, blanqueo de capitales, contra la Hacienda Pública y tráfico de influencias, en una trama que ha salpicado a la vez a funcionarios de la corporación local, algunos de ellos en el área de saneamiento, como Juan Bautista Calatayud y Juan Carlos Girbes.

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Estos últimos han sido citados para el próximo 4 de mayo para que comparezcan ante el juez con abogado y procurador. El día 5 de mayo deberán comparecer otros empresarios como José Luis Miguel (ex Onofre Miguel) y Felipe Molina (Quabit). A partir del martes que viene, las partes comenzarán a tener acceso al sumario.

Anticorrupción cree que Febrer pudo buscar la complicidad de los socialistas en la oposición para no oponerse a sus acuerdos con Grau en permutas de suelo con un pago a Rubio de 300.000 euros que aparece en las agendas del empresario, pero que el exconcejal ha negado. Al igual que Corbín, que pasó un mes en prisión preventiva, Febrer y Rubio fueron detenidos en una segunda fase de la operación Azud y encarcelados en mayo de 2021. Febrer y Rubio, que tuvo que dimitir como subdelegado del Gobierno en la Comunidad Valenciana, fueron puestos en libertad a los pocos meses.

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La presencia del político exsocialista y de José Cataluña en la causa ha desatado nervios en las filas del PSPV de Ximo Puig por el posible alcance de su implicación en el caso. Del mismo modo, la investigación de toda la familia de Barberá y las revelaciones sobre las actuaciones de Corbín y Grau van camino de dinamitar la estrategia de reivindicación de la figura de la exalcaldesa que tienen en marcha el Partido Popular y, en especial, la candidata a la alcaldía de Valencia, María José Catalá. Todo, a un año de las elecciones autonómicas y locales.

Aunque queda todo por conocer de dos años de investigación, una de las claves de la causa son las agendas y anotaciones de Jaime Febrer. El empresario habría hecho donaciones económicas tanto a los populares como a los socialistas en los años investigados, entre 2006 y 2015. Está por ver en qué medida esto salpica también a estas formaciones, si pudo haber o no delitos electorales, especialmente en la campaña de 2007, y si están o no prescritos.

Del mismo modo, están bajo el foco operaciones inmobiliarias en otros ayuntamientos valencianos como el de Xixona. Entre los investigados, figuran la exalcaldesa popular Rosa Verdú y el exconcejal Francisco Domènech por la gestión urbanística de un campo de golf con 5.000 viviendas promovido por Febrer.