La Audiencia tumba el caso del pitufeo que provocó la caída de Barberá y sus concejales

La Audiencia Provincial de Valencia ha revocado el auto de procesamiento del que fue equipo de Gobierno de la fallecida Rita Barberá en el Ayuntamiento de Valencia por un delito de blanqueo de capitales en la campaña electoral de 2015. El tribunal ha estimado el recurso de varios de los investigados contra el auto del juez de instrucción que el pasado mes de octubre cerró una investigación de seis años por la que proponía sentar en el banquillo a 49 personas, entre ellos varios concejales de la exalcaldesa fallecida y el que fue su teniente de alcalde y mano derecha, Alfonso Grau.

A los primeros les atribuía un delito de blanqueo de capitales por haber participado presuntamente en una rueda para ingresar, mediante donaciones, 50.000 euros en una cuenta del partido tras haber recibido billetes de 500 euros de procedencia desconocida. A Grau le atribuía, además, un delito de malversación de caudales públicos, al igual que a otros dos altos cargos municipales, Juan-Eduardo Santón Moreno y José Salinas Novella, responsables respectivamente de las fundaciones CEyD y Turismo Valencia Convention Bureau. Por ahora, no hay una resolución sobre la situación procesal de Grau y estos dos responsables.

La segunda instancia judicial ha estimado el recurso presentado por los concejales en la parte referida al blanqueo de capitales por entender que el instructor no ha podido acreditar la procedencia ilícita del dinero, un requisito imprescindible para atribuir la figura penal del blanqueo. "El requisito típico del origen delictivo del dinero presuntamente blanqueado no consta descrito en el hecho punible ni se deduce, a los efectos de ser integrado en este apartado, de las explicaciones ofrecidas por el juez en los fundamentos jurídicos de la resolución", señala el auto del tribunal presidido por el magistrado Pedro Castellano. Y añade: "No es lo mismo el dinero de procedencia ilícita (dinero negro), que el dinero de procedencia delictiva (dinero sucio). El primero suele ser producto de la denominada economía sumergida y su blanqueamiento o introducción en el circuito legal del dinero no es constitutivo de delito".

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Sobre los testimonios de asesores del grupo popular que revelaron la existencia de la presunta operativa, la resolución judicial sostiene: "La declaración de determinados asesores del Grupo Popular que en calidad de testigos informan únicamente de la sugerencia, oferta o requerimiento recibido personalmente y no aceptado por ellos, pero sin conocer la situación de los otros donantes, más allá de la suposición de que todos fueron informados sobre la operación, una obviedad a la vista de la donación efectiva confesada y constatada documentalmente".

El tribunal resta valor a la confesión de los asesores que se negaron a participar en las donaciones

También resta credibilidad a la grabación en la que una de las entonces ediles, la también fallecida María José Alcón, relataba unas donaciones que ella misma consideraba ilícitas. "La grabación de la conversación de María José Alcón con su hijo no es más que la confesión de una suposición, no del conocimiento de un hecho, en alusión a la operativa diseñada en general y sin mención a persona concreta alguna, por lo demás rectificada posteriormente ante el juez".

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La causa del 'pitufeo' causó una conmoción en la vida política valenciana y fue el motivo que llevó al Tribunal Supremo a investigar a Rita Barberá, que entonces era senadora y aforada tras haber perdido la vara de mando en las elecciones locales de 2015. La apertura de las diligencias contra ella llevaron al PP a forzar su salida del grupo parlamentario y mandarla al Grupo Mixto. La exalcaldesa llegó a comparecer ante el Tribunal, pero su causa se cerró después de que días después, el 23 de noviembre de 2016, falleciese en una habitación del Hotel Villa Real de Madrid. "Rita Barberá fue una más de las personas que reconocidamente efectuaron la aportación de 1.000 euros. Resultaría incoherente la llamada al resto de los aportantes en estas actuaciones como investigados y no llevar a cabo la presente exposición respecto de la senadora aforada", señalaba el auto del Supremo que provocó su imputación y el final de su carrera política.

Tras conocerse el auto de la Audiencia, no tardaron en producirse reacciones de dirigentes del Partido Popular. La actual portavoz municipal y número dos de la formación conservadora en la Comunidad Valenciana, María José Catalá, aseguró que su partido está "satisfecho por la decisión". "En días como hoy recordamos a tantas personas que se han visto afectadas por este proceso y hoy están absueltas. Estamos honrados del trabajo de la alcaldesa de Rita Barberá por esta ciudad. Cada día se va demostrando que no hay ningún reparo ni ninguna pega a la que fue la gran alcaldesa de esta ciudad".