Procesan a 49 cargos y al Partido Popular por blanqueo en la era Barberá en Valencia

El Juzgado de Instrucción Número 18 de Valencia ha dado finalmente el paso definitivo para el procesamiento de gran parte de la estructura del Partido Popular de la ciudad de Valencia de la era de la exalcaldesa fallecida Rita Barberá. El magistrado Víctor Gómez notificó este martes a las partes el auto de procedimiento abreviado previo a la apertura de juicio oral contra 49 cuadros de la formación conservadora, entre concejales, asesores y cargos municipales, por delito de blanqueo de capitales y, también, de malversación de caudales públicos en el caso de tres cargos municipales, entre ellos Alfonso Grau, que fue teniente de alcalde y mano derecha de Barberá. Grau sigue en prisión preventiva por la causa de corrupción ligada al empresario Jaime Febrer, el llamado caso Azud.

Según refleja la resolución judicial, a la que tuvo acceso El Confidencial, entre los años 2006 y 2009, el Partido Popular de la ciudad de Valencia ingresó y destino a las campañas electorales una cantidad de dinero y de recursos muy superior a la establecida legalmente, y muy especialmente en la campaña del 2007. "Esto lo hizo mediante procedimientos clandestinos de financiación que vulneraban flagrantemente los limites normativos de la Ley Orgánica de Régimen Electoral General (LOREG) así como la Ley de Financiación de Partidos Políticos (LFPP)", se escribe.

Esta actividad, "opaca, aparentemente, a la estructura nacional" del PP, "fue llevada a cabo por pocas personas en el círculo más estrecho de confianza de la entonces alcaldesa; y en concreto, y que podamos saber, por el investigado Alfonso Grau, que actuaba de recaudador de recursos económicos sustraídos a la regularidad y transparencia contable, y por la de María del Carmen García Fuster (también de la máxima confianza de Barberá) que administraba esos recursos". Barberá fue imputada por el Tribunal Supremo en 2016 por estos hechos y por su condición de senadora y aforada. Sin embargo, su causa se extinguió tras su fallecimiento a las pocas semanas.

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La presunta operativa irregular de la campaña de 2007 se canalizó a través de la empresa Laterne, pero tuvo continuidad también en 2011 y 2015. Para la campaña de 2011, la instrucción señala a la empresa Trasgos Comunicación como receptora de entregas de fondos procedentes de empresas contratistas de servicios con el ayuntamiento, al igual que había ocurrido con Laterne en el caso de Secopsa, Lubasa o la Sociedad de Agricultores de la Vega (SAV). Laterne, que se hizo cargo de gran parte de los gastos electorales locales en 2007, también recibió aportaciones de fondos de fundaciones municipales por trabajos inexistentes, según señala el instructor.

En 2015, la investigación cree acreeditado a partir de los movimientos bancarios y el relato de testigos que se negaron a participar que el grueso del grupo municipal y varios asesores municipales participaron en una operación para canalizar a una cuenta "opaca" que manejaba García Fuster en beneficio del partido casi 50.000 euros que después les fueron devueltos en billetes de 500 euros.

El juez considera que no puede imputar un delito de financiación irregular de partidos políticos porque no estaba recogido en el Código Penal en el momento en que se produjeron los hechos. Sin embargo, si apunta indiciariamente a un delito de malversación de caudales públicos atribuible a Algonso Grau por las operaciones de 2007. Y también ve indicios de malversación en concepto de autoría, a título de cooperadores necesarios, o subsidiariamente, de cómplices, en los investigados Juan-Eduardo Santón Moreno y José Salinas Novella, responsables respectivamente de las fundaciones CEyD y Turismo Valencia Convention Bureau, (TCVB) que realizaron aportaciones de miles de euros a Laterne. En el caso de TCVB, esta entidad derivó 616.000 euros a la mercantil que sufragó actos de campaña sin que exista constancia de trabajos realizados.

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En lo referente a la campaña de 2015, el magistrado propone procesar por blanqueo de capitales a los concejales y asesores que presuntamente participaron en el 'pitufeo' con billetes de 500 euros a requerimiento de García Fuster. "El circuito económico consistió en utilizar a cincuenta personas fuertemente vinculadas al grupo municipal, para que bajo la apariencia de aportaciones voluntarias a la cuenta del Banco Sabadell, engrosar la cuenta bancaria, deduciéndose de lo actuado que en realidad no eran donaciones, sino que la citada investigada procedió a devolver las sumas de 1.000 ingresadas en billetes de 500 euros", dice el auto.

El instructor ha incluido en el auto de procedimiento abreviado como investigado al entender que se benefició como persona jurídica de los hechos denunciados. No obstante en su propio relato explica que la actividad económica del grupo municipal y del partido a nivel de ingresos y gastos estuvo "realmente confundida, sin estar la segunda, en consecuencia, incluida e integrada debidamente en la contabilidad" de la formación conservadora. "Sin intervención municipal y ajena al Partido, era una cuenta descontrolada, y en gran medida, opaca", dice el auto sobre la cuenta bancaria que manejaba García Fuster.

Esta es una de las razones por la que, pese a considerar al PP beneficiario de las aportaciones irregulares, el juez no aprecia indicios suficientes de la comisión de un delito electoral por parte de los investigados Juan José Medina, José Antonio Moscardó, Carmen Navarro y Montserrat Tello, que eran los responsables electorales del partido. También ha dictado sobreseimiento libre por extinción de responsabilidad penal en el caso de María José Alcón Miguel y Emilio del Toro, ambos fallecidos.

La Fiscalía Anticorrupción y las acusaciones tienen veinte días para presentar sus escritos y señalen si reclaman la apertura de juicio oral. El Ministerio Público tiene previsto calificar en favor de que los investigados se sienten en el banquillo.

Mazón y Catalá, a prueba

La causa judicial pone a prueba a la actual portavoz municIpal del PP en Valencia, María José Catalá, que es además secretaria general de los populares valencianos a nivel regional con Carlos Mazón de presidente. En la lista de posibles procesados figuran tres personas que trabajan como asesores de la también portavoz en las Cortes Valencianas: Luis Salom, Cristobal Grau, exconcejal y actual secretario de grupo, y Cristina Diego. Tras conocer el auto, el PP valenciano lanzó un comunicado en el que señaló que la resolución "es susceptible de recurso, por lo que la resolución no ha adquirido firmeza". "El Partido Popular respeta la presunción de inocencia, un derecho fundamental reconocido en la Constitución", sañala el texto.

Sobre el futuro de los tres asesores, los populares se remitieron a los estatutos de la formación, que fijan la suspensión de militancia de forma provisional en el momento del juicio oral por corrupción y la expulsión de la formación en caso de sentencia firme. El comité de derechos y garantías esta facultado, además, a abrir un procedimeinto disciplinario en el momento del juicio. La norma interna faculta al mismo comité a decretar la "suspensión de funciones" en casos de "delitos flagrantes de corrupción" y a la vista de la "gravedad de los hechos". Es decir, el futuro laboral de los tres asesores, que podrán ser suspendidos de militancia mientras dure el procedimiento, queda en manos de la decisión política del partido.