El caso que tumbó a Rita Barberá se pudre en los juzgados cinco años después

Fue un caso que puso patas arriba al ya maltrecho Partido Popular de la ciudad y la provincia de Valencia y alcanzó a uno de sus referentes políticos, la alcaldesa Rita Barberá, que acababa de perder las elecciones pocos meses atrás. El 26 de enero de 2016, agentes de la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil irrumpían en las dependencias de la diputación, en el ayuntamiento, en sedes de empresas públicas como Ciegsa y en domicilios particulares en una macrorredada de la que salieron varias piezas judiciales. Una de ellas, la que hacía referencia a un presunto caso de blanqueo de capitales y delito electoral, supuso la imputación de nueve de los 10 concejales del PP en el consistorio. La investigación les atribuía haber realizado aportaciones de 1.000 euros a la campaña municipal de 2015 que después les fueron retornados en negro con billetes de 500 euros, un método de blanqueo clásico conocido como 'pitufeo'.

Esa causa, que después creció con la incorporación de nuevos indicios de financiación irregular en campañas anteriores por parte de contratistas municipales a través de la consultora de comunicación Laterne, tiene ahora mismo a 47 personas en condición de investigadas y propició la definitiva caída en desgracia de Barberá. La que llegó a ser conocida como la 'alcaldesa de España' vio cómo el juez instructor, Víctor Gómez, remitía su parte al Tribunal Supremo por su condición de senadora y aforada. Con respaldo de la Fiscalía, el alto tribunal llegó a abrir diligencias, pero Barberá nunca pisó los pasillos del edificio de la madrileña plaza de la Villa de París. Forzada a abandonar el Partido Popular por sus propios compañeros y pasarse al grupo mixto, murió el 23 de noviembre de 2016 por una insuficiencia respiratoria en la habitación 315 del Hotel Villa Real. Tenía 68 años y con su fallecimiento se extinguió toda responsabilidad penal.

El juez acumula bajas para tratarse una enfermedad y escritos sin contestar desde 2018

A un mes de cumplirse cinco años de aquella operación policial, la causa del pitufeo, la que afecta a la financiación de las campañas de Barberá, coge polvo en los cajones del Juzgado de Instrucción número 18 de Valencia. El 7 de diciembre de 2018, hace más de dos años, el fiscal anticorrupción Pablo Ponce remitió un escrito al juez en el que solicitaba que, a la vista de la complejidad de los hechos, se prorrogase la instrucción durante un año más para poder practicar diligencias. Fuentes judiciales señalan que ni ese escrito ni otros posteriores, tanto de las defensas como de la acusación particular, han recibido respuesta del magistrado.

Los últimos intentos se produjeron el pasado 27 de noviembre, cuando la procuradora de la coalición Compromís, personada en la causa a través de su asesora municipal Pilar Soriano, advirtió al juez de las "dilaciones indebidas" que se estaban derivando de la parálisis de la instrucción y le solicitó un "impulso" al procedimiento. Así lo explicaba: "Dado el tiempo transcurrido sin que en la presente pieza separada se haya dictado resolución alguna y aun siendo consciente esta parte de la enorme complejidad de la causa en su conjunto, en evitación de que se causen dilaciones indebidas, que también afectan al derecho de esta acusación popular, intereso que se dé a la causa el oportuno impulso procesal, dictando la resolución a que haya lugar en derecho, reiterando la petición que ya se hizo en el mismo sentido con fecha de 30 de septiembre de 2019, o que, en caso contrario, se informe a las partes de los obstáculos que puedan existir para que la causa siga su curso normal".

TE PUEDE INTERESAR

"¿Hemos matado nosotros a Rita Barberá?": la pregunta que muchos se hacen en el PP

Víctor Romero. Valencia

El mismo día que lo hizo Compromís, una de las investigadas, Beatriz Simón, remitió otro escrito recordando al instructor que llevaba acumuladas hasta 15 peticiones sin resolver desde enero de 2018, entre ellas, una de sobreseimiento. Simón hacía referencia en su escrito a la ausencia de respuesta a la petición de prórroga efectuada por el fiscal dos años antes. El casi medio centenar de imputados en esta pieza está desconcertado, porque técnicamente sigue bajo el paraguas de una investigación penal sin que el procedimiento tenga ningún avance, bien por nuevas diligencias, por archivo o por conversión en procedimiento abreviado para terminar en juicio oral. Los que han dejado de lado la política (la mayoría de ellos) siguen sufriendo la pena de Google. Para cualquiera que indague sobre su pasado en el buscador, son sospechosos de blanqueo de capitales.

Inspección del CGPJ

A preguntas de El Confidencial, fuentes del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana declinaron hacer declaraciones al respecto. La actuación del juez, que ha acumulado bajas intermitentes para tratarse una enfermedad, ya fue objeto de inspección hace más de un año por el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) por la acumulación de retrasos, aunque el órgano de gobierno judicial concluyó que las dilaciones no obedecían a ninguna irregularidad, sino a la complejidad de las causas. De Taula surgieron varias piezas, como las relativas al expresidente de la Diputación de Valencia Alfonso Rus y sus subordinados, cuya instrucción tampoco ha concluido, aunque en algunas se han practicado diligencias.

TE PUEDE INTERESAR

Así destaparon los topos la trama de Valencia: "Hay fajos de billetes en el grupo municipal"

Víctor Romero. Valencia

Como consecuencia de las bajas por enfermedad, el juez instructor ha sido sustituido temporalmente en varias ocasiones. Pero en julio de este año, según publicó 'Las Provincias', el CGPJ procedió a retirar el refuerzo que había asignado al juzgado ante la acumulación de procedimientos por considerar que ya no era necesario. La Unidad de Apoyo para Causas de Corrupción informó desfavorablemente a la petición de refuerzo. "El nivel de pendencia es similar a la media de los Juzgados de Instrucción de su partido judicial e inferior a la media de la Comunidad Autónoma. Por otro lado, el tiempo de respuesta es similar a la media de la Comunidad Autónoma y el juzgado no tiene sentencias pendientes de dictar", informaron desde el TSJCV y el Poder Judicial.

Aun así, la causa de Taula sigue congelada. Es más, la secretaría del juzgado acumula escritos a los que no da traslado, para mayor desazón de las partes, que no entienden las causas del bloqueo. Paradójicamente, el juzgado sí mueve papeles de otras causas que le van llegando, algunas también mediáticas, como la estafa millonaria que sufrió la Empresa Municipal de Transportes (EMT) de Valencia desde Hong Kong a través del llamado 'timo del CEO'. Habrá que esperar a 2021 para ver si el juez adopta alguna decisión de un caso que hizo correr ríos de tinta y páginas digitales y que cinco años después sigue sin resolverse.