el supremo decidirá si abre o no juicio oral

El juez pide al TS que investigue si Barberá era la jefa de la trama de blanqueo del PP

Admite que no hay pruebas directas contra ella, pero advierte de la "estrecha" relación con la 'cajera' del PPV. Otra jueza eleva al alto tribunal una segunda causa por no retirar símbolos franquistas

Foto: La exalcaldesa de Valencia y ahora senadora, Rita Barberá, en una imagen de archivo. (EFE)
La exalcaldesa de Valencia y ahora senadora, Rita Barberá, en una imagen de archivo. (EFE)

La causa contra la senadora Rita Barberá ya está en el Tribunal Supremo. El juez instructor del caso Imelsa y la operación Taula ha elevado una exposición razonada en la que pide que se abra una investigación por considerar que era la superiora jerárquica como alcaldesa y máxima responsable del Grupo Municipal del Partido Popular durante los meses previos a las elecciones municipales de 2015, cuando presuntamente la cúpula del PP de Valencia organizó una trama para blanquear fondos y financiar de forma irregular la campaña electoral. 

El juez pide al TS que investigue si Barberá era la jefa de la trama de blanqueo del PP

El escrito advierte también de que Barberá tenía una relación personal de “estrecha confianza” con la principal investigada en la causa, la que era secretaria del grupo municipal, Carmen García Fuster, considerada la responsable de la caja B del partido. En su declaración ante el juez, la que ha sido mano derecha de la exalcaldesa admitió el apunte de aportaciones económicas por encima de 200.000 euros a la cuenta del partido en los años 2003, 2010 y 2011, aunque se negó a revelar el origen de los fondos y la identidad de la persona que los entregó. Se limitó a señalar que procedían de colaboradores y allegados al Partido Popular.

El Supremo decidirá si abre juicio oral

El juez admite que ninguno de los testigos hace una imputación directa a Rita Barberá y que de la documentación incautada en los registros y solicitada a las entidades financieras se desprende que la senadora hizo un aportación de 1.000 euros, pero no hay pruebas de que le fuera retornado el dinero. No obstante, por la cercanía a García Fuster y su condición de liderazgo y autoridad en el grupo municipal, sería “incoherente” no elevar la exposición al Tribunal Supremo, por ser el único competente para investigar y, en su caso, juzgar a la senadora nacional, señalan fuentes del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana. Este trámite se produce después de haber interrogado ya a todos los concejales, exconcejales, asesores y exasesores que también efectuaron el pago en vísperas de las elecciones de 2015.

Mariano Rajoy, junto a Rita Barberá y Alberto Fabra. (EFE)
Mariano Rajoy, junto a Rita Barberá y Alberto Fabra. (EFE)

El Tribunal debe ahora trasladar la petición a la Fiscalía del Supremo, que en el caso de que observe indicios de criminalidad tendrá que pedir a su vez a la Sala de lo Penal que, una vez admitido el escrito, decida si abre juicio oral a la exalcaldesa. En cualquier caso, la llegada de la exposición razonada desde Valencia eleva un escalón más la presión sobre la aforada, que sigue amarrada a su escaño en el Senado.

Donaciones de 1.000 euros para blanquear dinero

En la pieza separada que afecta a la senadora, con 47 personas imputadas más el PP, imputado como persona jurídica, se investigan las donaciones de 1.000 euros efectuadas por concejales y asesores, cantidad que presuntamente les era devuelta por el partido en dos billetes de 500 euros para blanquear dinero en efectivo de supuesta procedencia ilícita. Además, la Fiscalía Anticorrupción ha solicitado que se investigue también un delito electoral tras la declaración judicial de García Fuster.

Antes de elevar la causa al Supremo, el magistrado ofreció a Barberá declarar. La senadora presentó un escrito de alegaciones en el que reconoce la aportación del dinero para la campaña de las elecciones de 2015, en las que ella optaba a la alcaldía, y niega el reintegro del mismo. Sus explicaciones, señala el instructor, son insuficientes para excluir su posible implicación en los hechos investigados, según las mismas fuentes.

Cohecho, malversación, fraude...

El juez Víctor Gómez concluye su escrito dirigido al Tribunal Supremo dando cuenta del estado de la causa respecto al exconcejal Miquel Domínguez, que también habría efectuado la aportación de 1.000 euros. En la actualidad, Domínguez es diputado autonómico y, por tanto, está aforado ante la Sala de lo Civil y Penal del TSJCV. Domínguez, como hiciera Barberá, ha rehusado la invitación para declarar voluntariamente, pero ha presentado un escrito de alegaciones. Todo indica que el TSJ será el siguiente en recibir una petición de investigación contra Domínguez.

Alfonso Rus y Barberá. (EFE)
Alfonso Rus y Barberá. (EFE)

La investigación por blanqueo de capitales en el Ayuntamiento de Valencia es una pieza separada del caso Imelsa, en el que se investiga el amaño de contratos a cambio de comisiones ilegales en varias administraciones de la Comunidad Valenciana: diputación (a través de la empresa Imelsa); ayuntamiento (a través de la Concejalía de Cultura) y Generalitat (a través de la empresa Ciegsa, responsable de la construcción de colegios). La causa, que nació en abril de 2015, está abierta por malversación, fraude en la contratación pública, cohecho, tráfico de influencias y blanqueo. El líder de la trama investigada en el resto de piezas (todavía secretas) era, presuntamente, el expresidente de la corporación provincial y del PP provincial Alfonso Rus.

¿Doble imputación? Otra causa por desobediencia

Los problemas judiciales para Barberá no se limitan al caso del blanqueo de capitales en la campaña de las municipales de 2015. El Juzgado de Instrucción 16 de Valencia, que tiene abierta una causa por una denuncia contra la exalcaldesa de Valencia por incumplir la Ley de la Memoria Histórica, ha remitido al Tribunal Supremo una exposición razonada para que sea el Alto Tribunal el que decida si investiga y, en su caso, juzga también a la senadora por esta causa.

La magistrada considera que no es competente para pronunciarse sobre la admisión a trámite de la denuncia contra Barberá por supuestos delitos de desobediencia y denegación de auxilio por no retirar los símbolos franquistas de calles y edificios de la ciudad cuando era alcaldesa.

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