Así destaparon los topos la trama de Valencia: "Hay fajos de billetes en el grupo municipal"
Los asesores del PP que se negaron a participar en el pitufeo se fueron al notario por miedo a represalias. Los pinchazos revelan que el grupo de Rus 'mordía' del ayuntamiento
La Fiscalía Anticorrupción cuenta con unos potentes aliados en su labor de acusación contra la trama de blanqueo de capital que salpica al Partido Popular de la ciudad de Valencia. Cuatro asesores del grupo municipal (Patricia Iserte, Arantxa Martín, Jesús Gordillo y Nuria Diego) se negaron a participar en las donaciones irregulares para la campaña de Rita Barberá de las pasadas elecciones municipales de 2015 y han declarado como testigos ratificando lo que la exedil María José Alcón revela en las conversaciones telefónicas intervenidas por la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil. Los testimonios de estos 'topos', unidos a la coincidencia en las trasferencias bancarias a una cuenta del PP local en el Banco de Sabadell y posteriores ingresos en efectivo en las cuentas de los propios concejales y asesores, son la base principal que sustenta la acusación contra nueve de los 10 concejales populares de Valencia.
Uno de estos topos fue la exasesora Patricia Iserte, quien durante años había trabajado a las órdenes de Alfonso Grau, hombre fuerte en el Ayuntamiento de Rita Barberá, quien tuvo que dimitir por su procesamiento en el caso Nóos. Inserte decidió protocolizar ante notario las presiones y peticiones que recibió de la entonces secretaria del grupo popular municipal, María Carmen García-Fuster, para que participase en el pitufeo para blanquear 50.000 euros de cara a la campaña electoral a través de las donaciones de 1.000 euros. La misma asesora aportó el documento cuando fue citada a declarar ante la Guardia Civil, primero, y delante del juez instructor, Víctor Gómez, después.
Según ese escrito, que figura en el sumario al que ha tenido acceso El Confidencial, García-Fuster la gritó y amenazó cuando se negó a aportar los 1.000 euros y recibirlos después en negro. “Me pidió nerviosa que abandonara su despacho diciéndome: ‘No pasa nada, lárgate, en esto se sabe quién está y quién no, espero que entiendas lo que estás haciendo’, y así lo entendí en referencia a mi futuro laboral. Me fui de su despacho en un estado de nervios terrible”, relata.
La presunta proposición deshonesta le fue realizada a Iserte un lunes 23 de marzo de 2015. El jueves 26, algunos de sus compañeros asesores, entre los que cita al responsable de redes sociales del partido Luis Salom, “me han enseñado, en la misma vía pública, los dos billetes de 500 euros que les han sido devueltos tras haber realizado la conferencia”, escribe la asesora. “Me ha comunicado que no sabe cómo gastarlos, que probablemente irá al Corte Inglés, comprará algo muy caro y lo devolverá para, palabras textuales, ‘limpiar’ ese dinero. Me ha comunicado que hay ‘fajos de billetes’ en el grupo municipal”.
"Rita Barberá no me ofrecía garantías", contestó la asesora al fiscal cuándo le preguntó por qué no fue a la alcaldesa a quejarse tras el intento de "pitufeo"
En su declaración ante el juez el pasado tres de febrero, el fiscal Anticorrupción, Pablo Ponce, le preguntó por qué ante los gritos de García-Fuster no fue a quejarse a la entonces alcaldesa Rita Barberá. “Porque no me ofrecía ninguna garantía. La impresión que he tenido siempre es que si Mª Carmen García-Fuster hablaba, lo hacía en nombre de todos los altos cargos que estaban allí”, respondido al fiscal, dando a entender que la senadora estaba al corriente de lo que ocurría.
Otra asesora, Elena Rodrigo, en este caso investigada en la causa, confirmó ante el juez la devolución en efectivo de la aportación de 1.000 euros mediante trasferencia, aunque trató de exculparse señalando que no era consciente de que estaba cometiendo un delito porque desconocía el origen ilícito del dinero recibido.
La de marzo de 2015 no fue la única ocasión en que las cuentas del PP de Valencia registraron ingresos sospechosos. La UCO ha detectado también que en tres ocasiones anteriores García-Fuster ingresó en efectivo 28.500 euros (13 de mayo de 2011) como ingreso efectivo aportación del grupo; de 5.500 euros el 20 de noviembre de 2013, y de 4.050 el 11 de junio de 2014.
Las donaciones son de la campaña de 2015 y los investigadores sospechan que el dinero blanqueado procedía de presuntas mordidas de contratos municipales. El sumario de la pieza del blanqueo, cuyo secreto levantó ayer lunes el magistrado Víctor Gómez, recoge conversaciones telefónicas en las que el 'yonqui del dinero', Marcos Benavent, habla con la concejala María José Alcón sobre el amaño de contrataciones en obras y contratos como el de las Torres de Quart de Valencia, el certamen de la Mostra o la adjudicación del complejo cultural de La Rambleta de Valencia.
Por ejemplo, según revelan los pinchazos, entre 2005 y 2006, la trama amañó el concurso para que la constructora Cleop se adjudicase la reforma de las Torres de Quart. “El beneficio obtenido por los denunciados es económico, como refleja el audio", señala uno de los informes de la UCO. La comisión en ese caso era de 20.000 euros, “10.000 para ella (María José Alcón), 5.000 para él (Marcos Benavent) y 5.000 para el partido”.
La Fiscalía Anticorrupción cuenta con unos potentes aliados en su labor de acusación contra la trama de blanqueo de capital que salpica al Partido Popular de la ciudad de Valencia. Cuatro asesores del grupo municipal (Patricia Iserte, Arantxa Martín, Jesús Gordillo y Nuria Diego) se negaron a participar en las donaciones irregulares para la campaña de Rita Barberá de las pasadas elecciones municipales de 2015 y han declarado como testigos ratificando lo que la exedil María José Alcón revela en las conversaciones telefónicas intervenidas por la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil. Los testimonios de estos 'topos', unidos a la coincidencia en las trasferencias bancarias a una cuenta del PP local en el Banco de Sabadell y posteriores ingresos en efectivo en las cuentas de los propios concejales y asesores, son la base principal que sustenta la acusación contra nueve de los 10 concejales populares de Valencia.